Las cifras de la pederastia en la Iglesia católica

No todos lo sabían, pero no es verdad que nadie lo supiera. Esta frase resume el espíritu de las pronunciadas ayer por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, en la presentación ante el Congreso del informe sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica española. Y revela la dimensión de un gravísimo problema sobre el que durante años se ha cernido, conscientemente, un pacto de silencio. Hoy sabemos que cientos de miles de personas sufrieron abusos y que la Iglesia los encubrió. También sabemos que la institución religiosa no ha querido colaborar plenamente en la investigación y que habrá un fondo estatal para indemnizarlas. Se trata de un triunfo histórico de la verdad, pero también de un punto de inflexión en la atención y reparación a las víctimas y en la adopción de medidas de prevención de delitos que se prolongaron durante décadas y cuyo conocimiento ha sacudido a la sociedad española.

No se hubiera llegado a este momento sin la exhaustiva investigación que desde hace cinco años viene realizando EL PAÍS, con decenas de informaciones que han roto el muro de silencio e impunidad demostrando que no se trataba “de unos pocos casos aislados”, como sostenía la jerarquía católica española, sino de una práctica delictiva desarrollada, como mínimo, durante los últimos 80 años. Una labor que fue vilipendiada por la misma jerarquía —la tachó de poco rigurosa—, que solo decidió tomar mínimamente cartas en el asunto cuando, en diciembre de 2021, EL PAÍS entregó directamente al papa Francisco un documentado informe sobre su trabajo. La labor de este diario es un buen ejemplo de cómo el periodismo puede servir para cambiar la vida de las personas y obligar a los poderes públicos a tomar medidas ante la injusticia.

Las cifras que se desprenden del informe de 779 páginas elaborado durante 18 meses por el equipo del Defensor del Pueblo son demoledoras. Al menos 440.000 personas sufrieron abusos sexuales a manos de sacerdotes, religiosos o individuos vinculados a la Iglesia católica. Representan el 1,13% de la población española adulta actual. El porcentaje se extrae de la encuesta a 8.013 personas realizada para el Defensor por el instituto demoscópico GAD3, una metodología aplicada de las ciencias sociales que evita sesgos y especulaciones. Hay que destacar que el número de víctimas en nuestro país supera las 330.000 que calculó la investigación realizada en 2021 en Francia, y, a diferencia de la española, encargada por la propia cúpula eclesiástica. Tampoco es posible olvidar que ese mismo año el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, aseguraba que conocía “cero o muy pocas” denuncias. España tiene desde ayer el triste récord de ser el país que cuenta con la proyección más alta de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica.

Desgraciadamente, los responsables de la Iglesia española no han entendido la importancia ni la legitimidad de la investigación. Según recoge el informe, su colaboración ha sido dispar y, aunque algunas diócesis han facilitado información valiosa, los datos aportados por los obispos tienden a minimizar el problema, lo presentan como algo marginal y rehúyen abordar los aspectos internos que pueden favorecer el abuso y el encubrimiento. Cabe destacar muy negativamente la actitud de la diócesis de Vic, que, en una actitud propia de otros tiempos, ha llegado a cuestionar el propio encargo realizado por el Congreso. Por su parte, la diócesis de Oviedo se negó a dar dato alguno y ni siquiera contestó a un segundo requerimiento del Defensor del Pueblo. En la España democrática la autoridad de un obispo no puede prevalecer sobre la del Parlamento.

Los abusos han causado, en palabras de Gabilondo, un impacto devastador en sus víctimas, que han vivido un nuevo drama ante la actitud indiferente de la Iglesia, de la Administración de Justicia y de la sociedad cuando decidieron hacer públicos unos hechos tan dolorosos. Tal como propone el informe, la Iglesia católica no solo debe reconocer y reparar a las víctimas, sino también hacer las reformas institucionales necesarias para evitar estos delitos. Se trata de una lacra que ha perjudicado principalmente a menores de edad (el 64,6% son varones) abrumados por el contexto institucional en el que se producía.

Acierta el Defensor al pedir responsabilidades también al Estado, encargado en último término de supervisar lo que sucede en el sistema educativo, el ámbito donde se ha producido el mayor número de casos. Aunque la casuística se remonta al franquismo, el periodo investigado afecta también al Estado democrático. Por ello es pertinente la propuesta de que la inspección educativa ejerza una supervisión efectiva en los centros, independientemente de si son públicos, concertados o privados. Del mismo modo, la Iglesia tiene la obligación de poner los medios para la atención y reparación de las víctimas. La creación de un fondo estatal de reparaciones no puede eximir completamente a la institución religiosa de su responsabilidad tanto en la financiación del proceso de recuperación de las víctimas como de su resarcimiento. Cada parte debe asumir su culpa, pero en absoluto son iguales.

Durante décadas, cientos de miles de personas han sido víctimas de abusadores pertenecientes a la Iglesia católica que han gozado de total impunidad gracias al encubrimiento de algunos y la indiferencia de muchos. La verdad revelada por el informe del Defensor del Pueblo debe transformarse en políticas públicas que pongan fin definitivamente a uno de los episodios más oscuros y traumáticos vividos en la historia reciente de nuestro país.