Silencio administrativo

La Ley de Transparencia no termina de funcionar. Los datos obligan a preguntarse en qué punto lo que pretendía ser un mecanismo para que las autoridades públicas respondieran sobre sus procedimientos ante las inquietudes de los ciudadanos se ha convertido en una vía sin aparente salida. Cualquier persona puede hoy solicitar información a la Administración y esta dispone de un mes para contestar; si no lo hace, puede dirigirse al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y este organismo, cuya misión es garantizar el acceso a la información pública, está tardando hasta siete meses en dar respuesta a las reclamaciones que recibe cuando, por ley, no debe tardar más de tres.

Después de aprobarse en 2013, la norma entró en vigor en diciembre de 2014 y venía a dar respuestas al enérgico rechazo que la sociedad había manifestado al abrumador goteo de casos de corrupción. Pretendía dotar a los ciudadanos instrumentos que les permitieran realizar un necesario y permanente escrutinio de la acción pública. La ley llegaba tarde, no solo a la hora de cumplir una exigencia constitucional sino respecto a la mayoría de países europeos, pero mostraba la voluntad de que las instituciones al fin respondieran, como destacaba el preámbulo, “a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación”.

Las buenas intenciones de la iniciativa han chocado, sin embargo, con el silencio de la Administración. Los distintos poderes públicos simplemente callan cuando se les piden explicaciones, con lo que después de un mes los ciudadanos que las han solicitado se dirigen al Consejo, que recibe hoy cuatro veces más reclamaciones que en 2015, cuando empezó a aplicarse la nueva legislación. Ha crecido el trabajo, pero los recursos son escasos: en 2018, el Tribunal de Cuentas recomendó que emplearan a 33 trabajadores —eran 22— para atender las peticiones de entonces, y más tarde lo incrementó a 55. Hoy la plantilla es de 28 personas cuando, no solo se han disparado las consultas, sino que se ha ampliado el número de asuntos sobre los que debe pronunciarse y estos tienen una complejidad mayor.

La ley abrió las puertas para que los ciudadanos pudieran pedir explicaciones y las administraciones no han estado a la altura. Tras la pandemia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno denunció la opacidad del Ministerio de Sanidad por negarse a dar la información que le pedían a propósito de su gestión durante la crisis. Fue un caso más de ese 30% de reclamaciones que topan con el silencio administrativo de los organismos estatales. Cuando se trata de ayuntamientos y comunidades autónomas la cifra se dispara hasta un 75%. Es imprescindible rectificar: no solo se trata de celebrar las bondades de la transparencia, es obligado ejercerla.