El organismo que vela por la transparencia en España, atascado: duplica los plazos legales para contestar a los ciudadanos

La ley de Transparencia permite a cualquier persona solicitar información a la Administración pública, que dispone de un mes para contestar. Si el ciudadano no está conforme con la respuesta (por parcial o directamente por inexistente), puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo, máximo garante del acceso a la información pública en España, tiene tres meses para dar la razón a la Administración o al ciudadano sobre si los datos que se reclaman pueden facilitarse o no. Cualquiera de los dos, si no está satisfecho con la decisión del Consejo, puede recurrir ante un tribunal.

Ese mecanismo, ya de por sí complicado, se ha atascado en un punto clave. El Consejo lleva varios meses en una situación nunca vivida: está tardando, de media, siete meses en dar una respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos ante la administración estatal, más del doble del tiempo (tres meses) que exige la Ley, según los datos públicos de reclamaciones analizados por EL PAÍS.

El Consejo recibe hoy cuatro veces más reclamaciones que en 2015, cuando empezó su actividad (la Ley entró en vigor en 2014): de ser poco más de 500 anuales han llegado 2.091 en 2022 (y, al ritmo actual, en 2023 podrían superar las 2.300). La plantilla, sin embargo, apenas ha variado.

En 2018 el Consejo contaba con 22 trabajadores. El Tribunal de Cuentas en ese momento cifró en 33 el número de personas necesarias para que el Consejo cumpliera sus funciones básicas en forma y plazos, para luego crecerlas hasta 55. A día de hoy no se ha alcanzado la primera cifra: el Consejo cuenta con 28 trabajadores, seis más que a cierre de 2021, cuando registró su mayor aumento de plantilla.

Desde esa estimación del Tribunal de Cuentas hasta hoy las reclamaciones a las que se enfrenta el Consejo cada año han crecido en más del 50%. Este organismo ha ampliado además sus funciones: por un lado, la doctrina del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la Ley de Transparencia le obliga a admitir reclamaciones sobre asuntos de los que antes de no se ocupaba (desde el acceso de información medioambiental hasta las peticiones que perseguían intereses privados). Por otro, como señala el mismo Consejo a preguntas de EL PAÍS, afecta también “la mayor complejidad de los asuntos que se están planteando ante el Consejo (fruto, entre otras cosas, de la cada vez más frecuente intervención de profesionales del derecho)”.

A día de hoy cada técnico, explica el propio Consejo, trabaja de media en 46 resoluciones mensuales. Se trata de textos jurídicos largos y complejos, a menudo de más de una decena de páginas, que tienen que quedar blindados para convencer a la administración a cumplir con la ley. O, si esta recurre en los tribunales, aguantar ante el escrutinio judicial.

Fuentes cercanas al área de Hacienda encargada de aprobar las demandas de personal del Consejo subrayan a EL PAÍS el aumento de efectivos que se ha ido produciendo desde 2018 y señalan que se seguirá avanzando hasta alcanzar la plantilla ideal.

Silencio administrativo

De forma casi paradójica, lo que más trabajo da al Consejo es la falta de respuesta de la propia administración pública. El silencio administrativo, como se denomina el silencio de una administración que no contesta al ciudadano en el plazo legal de un mes, es la razón principal por la que la gente manda reclamaciones al Consejo.

Ya en su memoria de 2020 el Consejo alertaba del “excesivo peso” del silencio administrativo en las respuestas de los organismos públicos: “es un grave lastre para el despliegue de la transparencia y el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información”. Desde entonces la situación no ha mejorado.

El último año, el 30% de las reclamaciones de la ciudadanía (336) fueron porque un ministerio o un organismo estatal no había respondido, en línea con los años anteriores. En las resoluciones que llegan desde el ámbito territorial, es decir, de decisiones de comunidades autónomas o ayuntamientos, el 75% son por silencio administrativo.

Isaac Martín Delgado, director de la cátedra de Gobierno Abierto en la Universidad de Castilla-La Mancha que ha analizado la actividad del consejo, recuerda: “El silencio administrativo es el mayor obstáculo para el derecho de acceso a la información pública. Es el peor tipo de respuesta: cuando la administración contesta, puedes no estar de acuerdo, pero sabes qué te contestan. Si hay silencio, se deja al ciudadano desamparado y se da una imagen negativa, de ineficacia, y eso hace perder legitimidad”, justo lo opuesto del objetivo que se marca la Ley, recuerda Martín Delgado.

El Consejo, por su parte, no tiene poder para obligar a ninguna administración a hacer públicos unos datos o a responder en plazo. Puede ‘instar’, pero ni sancionar ni forzar a liberar la información que alguien ha solicitado utilizando la Ley de Transparencia, una situación que el mismo presidente de este organismo lamentaba en una entrevista con EL PAÍS.

Reformar esta ley era, de hecho, uno de los puntos del Acuerdo de Gobierno de PSOE y Podemos para la pasada legislatura. El grupo de trabajo que se reunió para empezar a esbozar ese posible cambio ha destacado la necesidad de “reforzar el estatus de independencia de esta autoridad administrativa [el Consejo de Transparencia], proponiendo una mayor dotación de medios materiales y personales para la realización de sus competencias”. A comienzos de este año, este grupo de expertos presentó a consulta pública el texto de modificación de la Ley y ha empezado a incorporar las aportaciones de la sociedad civil.