Gasoductos que justifican un nuevo genocidio armenio

Frente a su demanda insaciable de energía, Europa se encuentra hoy en un dilema ético y político a la hora de asegurar el suministro de gas. ¿Se puede permitir aceptar el gas que ofrece un régimen dictatorial acusado de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad? ¿Y los beneficios económicos de semejante acuerdo justifican que el mundo occidental sea partícipe, aun indirectamente, en una limpieza étnica?

Mientras la pura ética y los valores de la UE exigen un “no”, los líderes europeos han optado por un rotundo “sí”.

Tras la guerra que se produjo entre Azerbaiyán, la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj (Artsaj) y Armenia en el año 2020, la invasión por parte del primero de más del 70% de la región, las masacres y la deportación forzosa de la población armenia autóctona de Artsaj, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con el dictador de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el 18 de julio de 2022 con el fin de formalizar un acuerdo alternativo al gas ruso. Y ello, sin mencionar que el gigante ruso Gazprom y la empresa azerí SOCAR, precisamente en noviembre de 2022, concretaron un acuerdo para importar gas ruso a Azerbaiyán para “uso doméstico”. Irónico: Azerbaiyán ostenta una puntuación de apenas 9 puntos (de un máximo de 100) en el índice de democracias de Freedom House, que considera especialmente el respeto por las libertades individuales, mientras que Rusia obtuvo 16 puntos.

Asimismo, los ingresos generados por la exportación de gas han permitido al clan Aliyev mantener su control férreo sobre la población de Azerbaiyán, financiar una maquinaria represiva y lanzar nuevos ataques contra la población civil de la región de Artsaj.

Después de más de nueve meses de bloqueo del corredor de Lachín, la única conexión de Artsaj con el mundo, y a pesar de la orden de la Corte Penal Internacional de abrir las vías de comunicación con carácter inmediato, Azerbaiyán, con el apoyo de Turquía, lanzó un nuevo ataque el 19 de septiembre de 2023 contra los 120.000 armenios de la región, 30.000 de ellos niños, bombardeando las áreas residenciales, hospitales y escuelas. Al igual que en la guerra de 2020, nuevamente han desaparecido miles de personas, se han registrado casos de mutilaciones, torturas y asesinatos de civiles, así como robos a los muertos y profanación de cadáveres por parte de las fuerzas azerbaiyanas. La barbarie fue tal que las autoridades de Artsaj capitularon en 24 horas, rindieron sus armas y programaron la disolución la República de Nagorno-Karabaj y de todas sus instituciones democráticas.

Días después, Azerbaiyán, de manera calculada, levantó el bloqueo, pero solo en la dirección de salida hacia Armenia. Sin ninguna presencia internacional en el terreno que garantice la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos de Artsaj ante la armenofobia fomentada por el régimen de Aliyev, estos se han visto obligados a decidir entre la muerte o el éxodo. Mientras que más de 100.000 armenios dejaban su tierra ancestral para huir a Armenia, las fuerzas azerbaiyanas implementaron detenciones arbitrarias contra su élite.

Asimismo, Europa ha sido testigo de la desaparición de un Estado democrático, conquistado por la fuerza por un Estado dictatorial que ha llevado a cabo una limpieza étnica y desencadenado una terrible crisis humanitaria en la región.

Se podría haber evitado. A pesar de los numerosos llamamientos de organizaciones internacionales como Genocide Watch y Lemkin Institute for Genocide Prevention, y personalidades como el Sr. Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, alertando sobre el genocidio Armenio debido a la hambruna provocada por el bloqueo del corredor de Lachín, la respuesta de la comunidad internacional ha sido insuficiente. Las declaraciones por parte de los gobiernos de países como EE UU o los miembros de la UE han sido vacías de contenido, sin valorar siquiera la ineficacia de una delegación enviada por las Naciones Unidas a Nagorno-Karabaj tras la limpieza étnica ya acometida por parte de Azerbaiyán.

¿Por qué solo meras declaraciones, cuando se ha abandonado a la población armenia de Nagorno-Karabaj a su suerte? ¿Por qué no sancionar a Azerbaiyán y proteger a la población autóctona de la región, tal como se hizo contra el Gobierno de Rusia en el caso de Ucrania? ¿Por qué no enviar tropas de interposición u observadores internacionales para garantizar que los refugiados puedan regresar a sus hogares?

Estas preguntas, cuyas respuestas se pierden en los gasoductos, ofrecen a Azerbaiyán una carta blanca para seguir exterminando a la población armenia de la región. Poco importa ya que ese gas se haya pagado con la sangre inocente de los armenios. Mientras, el apetito del régimen de Aliyev crece y ya ha amenazado con una intervención militar en el sur de la República de Armenia, en la región de Syunik.