Crisis de seguridad en México

Eran siete amigos y primos de entre 14 y 18 años. Habían quedado para pasar la noche del sábado en un rancho del Estado de Zacatecas, uno de los territorios de México más golpeados por el crimen organizado. Un grupo de hombres armados los secuestró en plena madrugada. La semana pasada las autoridades hallaron los cadáveres de seis de esos jóvenes y a un superviviente. La matanza coincide con el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y, además del horror de un conflicto sin fin, exhibe la impotencia del Estado de derecho y de las fuerzas de seguridad frente al avance de los cárteles de la droga.

La guerra entre las organizaciones criminales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos se ha recrudecido en los últimos años impulsada por el auge del fentanilo. Pero esa emergencia, que amenaza con extenderse a escala mundial, es solo el último eslabón de un gravísimo problema sistémico. Las mafias y grupos ilegales que operan en México son los responsables de la crisis de violencia que sufre el país. Y a esa evidencia se suma otra: su penetración en Estados como Zacatecas, Jalisco, Sinaloa, Guerrero y amplios territorios de la frontera norte, donde las autoridades no han logrado imponerse y están perdiendo la batalla contra el narco.

El asesinato de los seis adolescentes ha estremecido a los mexicanos como hiciera en agosto la masacre de cinco jóvenes obligados a matarse entre ellos y grabados en vídeo. Después de episodios tan inhumanos como estos, la primera y comprensible reacción social es la búsqueda y atribución de responsabilidades políticas. Sin embargo, un breve repaso a las dos últimas décadas muestra que la crisis va más allá. Con recetas opuestas, ni la guerra contra el narco de Felipe Calderón, ni la política de Enrique Peña Nieto, ni la actual apuesta por la inversión pública y el desarrollo en las zonas más asediadas por el crimen, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, han logrado acabar con este conflicto.

Con estas premisas, la respuesta no solo debe involucrar a los actores habituales: de las autoridades locales a las federales, del poder judicial a la Policía y las Fuerzas Armadas. Es el momento de que los políticos mexicanos alcancen un acuerdo nacional, una suerte de pacto de Estado contra la violencia. Los índices de impunidad rondan el 90%, un dato insostenible que muestra el alcance de la corrupción. A eso se añade la necesidad de una colaboración más fluida con Estados Unidos, principal mercado mundial de consumidores de estupefacientes. Y, finalmente, la apertura de dos debates clave que deben ser abordados en instancias internacionales: sobre la despenalización de las drogas y sobre la venta y circulación de armas.