Asesinatos, desapariciones y narco: la pesadilla criminal de Zacatecas

Eran siete amigos y primos que se conocían de la escuela y pasaban juntos la noche del sábado en un rancho en la comunidad de Malpaso, municipio de Villanueva, Zacatecas. Todos tenían entre 14 y 18 años. Un grupo de hombres armados rompió la calma de la madrugada disparando al aire. Se llevaron a todos los adolescentes, todavía descalzos. Enviaron un video a sus familias en el que se veía a los jóvenes caminando por un cerro. Extorsionaron a los parientes. Los amenazaron para que no acudieran a las autoridades. Pero sus madres y sus padres cortaron carreteras y alzaron la voz para exigir justicia: querían volver a ver a sus hijos con vida. Los secuestradores mataron a seis de los muchachos y abandonaron los cuerpos en una zona “de difícil acceso, ya que no hay caminos”, aseguró la Fiscalía estatal un par de días más tarde. Solo uno sobrevivió.

La brutalidad del crimen ha estremecido al país y ha vuelto a dejar a las claras una realidad incontestable: la delincuencia organizada hace y deshace a su antojo en muchas regiones de México. Zacatecas es una zona caliente, cruce de caminos en el tráfico de droga hacia Estados Unidos: un territorio disputado por los carteles. La tragedia más reciente es el último eslabón de una cadena de enfrentamientos armados, secuestros y asesinatos que se extiende desde hace casi dos décadas, pese a los esfuerzos de las autoridades por contener la espiral de violencia desatada por la guerra entre carteles. Alrededor de 6.500 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría Federal de Seguridad Pública están desplegados en el Estado, según cifras oficiales publicadas el mes pasado.

En agosto fueron secuestrados y después hallados muertos cinco policías en Villa Hidalgo. Ese mismo mes, un enfrentamiento entre carteles obligó a la suspensión de clases y a que la población tuviera que resguardarse en sus casas en Cuauhtémoc. En septiembre, se encontraron en Guadalupe cuatro cabezas humanas abandonadas en bolsas de plástico. Un niño de 14 años murió cuando un comando emboscó a un grupo de la Fiscalía estatal. Las autoridades encontraron tres asesinados envueltos en cobijas en Villanueva. Una masacre en una cancha de rebote en Guadalupe dejó seis muertos. Aunado a los asesinatos, las desapariciones se encaminan a batir los registros históricos: hubo 720 en los primeros ocho meses del año, el mismo número que en todo 2021.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido este jueves un alza repentina de los homicidios en los últimos días ante los hechos violentos en Zacatecas y Nuevo León, donde se encontraron los restos de 12 personas esta semana. “Es lamentable”, ha dicho el mandatario sobre el hallazgo de los cuerpos de seis de los siete jóvenes raptados en el municipio de Villanueva.

La ola de violencia ha creado un agujero negro prácticamente impenetrable para los académicos y periodistas ante un mapa de violencia que cambia constantemente y no admite juicios categóricos. Un estudio del Programa de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) arrojaba en 2020 que al menos seis carteles tenían presencia activa en el Estado: desde las grandes organizaciones —como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Noreste— hasta células criminales más pequeñas. Están, por ejemplo, Los Cabrera y la Operativa MZ, el brazo armado bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada, bajo la sombrilla del Cartel de Sinaloa, pero también Los Talibanes, antiguos miembros de Los Zetas y ahora aliados del Cartel del Noreste.

“Zacatecas es el lugar donde mejor se plasma cómo la fragmentación de los grupos criminales se traduce en violencia”, señala Carlos Pérez Ricart, académico del CIDE. El especialista explica que la ausencia de un grupo hegemónico abre campo para las disputas territoriales y las demostraciones de poder para intimidar a los rivales, pero reconoce que no está claro cómo interactúan las organizaciones criminales, sus facciones, sus aliados y sus rivales.

Pérez Ricart enlista varias nociones compartidas entre quienes han estudiado el fenómeno del narco en Zacatecas: su condición de territorio de paso; la lucha permanente entre estos grupos; la cooptación de las autoridades estatales y locales, y la presencia de otros mercados ilegales ajenos al tráfico de drogas, como el cobro de derecho de piso y negocios como la explotación de minerales. También está el termómetro de la violencia percibida por los ciudadanos: nueve de cada diez zacatecanos se sienten inseguros en las principales ciudades donde viven, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En sitios como Fresnillo, uno de los principales focos de violencia, no hay una incidencia excesiva de robos, pero sí hay una percepción de vulnerabilidad constante por la crudeza de los delitos. “No porque te roban, sino porque te matan”, afirma Pérez Ricart.

Para Miguel Moctezuma, zacatecano y miembro del Programa de Seguridad Global de la Universidad de Oxford, el de Villanueva es un caso muy complejo y es difícil establecer un diagnóstico. El académico, experto en las dinámicas de violencia de su tierra, considera, sin embargo, que el escenario más probable es que los siete adolescentes fueran daños colaterales en una batalla entre mafias que buscaban “calentar la plaza”.

El caso de Villanueva recuerda la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, en el vecino Estado de Jalisco, y ha puesto en la mira los estragos de la violencia, específicamente entre los hombres jóvenes. En 2022 hubo 1.432 homicidios en Zacatecas: 1.261 de las víctimas eran hombres y 621 eran varones menores de 30 años, según el INEGI. Las cifras han dado pie a varias hipótesis sobre el papel que tiene el reclutamiento de los carteles en el fenómeno de violencia que arrasa al país y su impacto en este grupo poblacional.

Pérez Ricart habla de un perfil demográfico prototípico de los reclutas que se replica en toda Latinoamérica: abrumadoramente hombres, de 17 a 24 años, que viven en zonas urbanas pobres, carentes de oportunidades y que en muchos casos sobrevivieron un impacto de bala. Al mismo tiempo, es también un retrato robot de quienes son más vulnerables a la violencia armada. El especialista asegura que esta franja de la población tiene 70 veces más probabilidades de morir que el resto de los habitantes de México.

“Hay casos en Zacatecas de reclutamiento forzado, pero esa idea se rompe porque uno de los padres de familia reportaba que pidieron un rescate, así que todo indica que se trató de un secuestro”, sostiene Moctezuma. La tesis del investigador es que una “ejecución planeada” es altamente improbable porque en esos casos, “los grupos como patrón buscan lugares de alta accesibilidad y poca visibilidad: quieren llegar muy rápido desde el lugar del secuestro y no ser vistos”. Al contrario de lo que sucedió esta vez.

El caso ha puesto también bajo escrutinio el papel del Estado frente a la violencia. En zonas como Villanueva, asegura Moctezuma, el abandono estatal es notable. “Son espacios de vacío, falta el Estado de derecho, servicios… En esos espacios usualmente llegan estos grupos [criminales] a esconderse y no solamente viven allí, sino que hacen lo que se llama legitimidad de resultados: acciones que les permiten colocarse en esas poblaciones como proveedores, administradores de justicia, patrocinan cosas…”. En resumen: se convierten en Gobierno de facto.

En contraparte, alrededor de la mitad de los zacatecanos no confían en las policías estatales ni municipales, según el INEGI. “Cuando llegan las autoridades no hay un incentivo para la población [de apoyar al Gobierno], porque el Gobierno no estaba allí, los proveedores son los otros, y por supuesto está el factor del miedo”, señala Moctezuma. El problema surge cuando un cartel rival llega a la zona y trata de hacer lo mismo. “En algunos casos, llegan grupos contrarios y calientan la plaza: secuestran y dicen que lo hacen a nombre del cartel que estaba ahí anteriormente. Rompen de forma rápida la legitimidad que había estado construyendo el grupo anterior”. Esa es la hipótesis que el investigador ve más probable, “pero es muy complicado asegurarlo”.

Pérez Ricart discrepa de la idea de la ausencia del Estado y asegura, en cambio, que el narco se apoya en las instituciones estatales y en su capacidad de cooptarlas para subsistir y formar redes de colaboración. “El crimen organizado no se entiende sin el Estado”, afirma. La corrosión de las corporaciones locales hace que la Guardia Nacional funcione en los hechos como un “sustituto de la policía municipal”.

A pesar de que las autoridades federales han lanzado una estrategia para frenar el avance de los grupos criminales y crear perímetros de seguridad en las zonas más violentas de Zacatecas, Pérez Ricart apunta que ha faltado ahondar en la investigación para entender mejor cómo se genera la violencia y dar golpes de precisión más allá de las medidas de contención.

Zacatecas sigue buscando respuestas a una crisis profunda y prolongada. En los últimos cinco años ha habido 4.548 víctimas de homicidio y feminicidio, y 2.371 personas que han sufrido secuestros, detenciones ilegales y otros delitos contra la libertad, según un seguimiento de México Unido contra la Delincuencia a partir de datos oficiales. En un Estado con más de 3.600 desaparecidos, un nuevo crimen ha vuelto a estremecer a un país que creía haberlo visto todo.

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