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Columna
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Legalistas contra democratistas

Quienes priorizan el respeto a la ley y los que anteponen la voluntad de las urnas respetan el principio legal y el democrático, pero cuando ambos chocan, optan por soluciones antagónicas

Sánchez y Feijóo, al comienzo de su reunión el 30 de agosto en el Congreso.
Sánchez y Feijóo, al comienzo de su reunión el 30 de agosto en el Congreso.Mariscal (EFE)
Víctor Lapuente

¿Cuál es la división política más importante en España? ¿Izquierda contra derecha? No exactamente, porque los nacionalistas de derechas vascos y catalanes están con la izquierda española. Y los supuestos “buenos socialistas” están más cerca del PP que de Sánchez en la cuestión fundamental. Bueno, entonces la cosa va de nacionalismos: los periféricos contra el español. Pues tampoco, porque los “malos socialistas” que están con Sánchez aman a España tanto como Feijóo o Abascal.

La fractura clave es entre los legalistas ―que priorizan el respeto a la ley― y los democratistas ―que anteponen la voluntad de las urnas―. Tanto unos como otros respetan el principio legal y el democrático, pero cuando estos chocan, optan por soluciones antagónicas. Los legalistas lo supeditan casi todo a la predictibilidad jurídica, a que se cumpla la ley al pie de la letra, ya sea por su formación (sus dirigentes suelen ser abogados) o psicología (posiblemente puntúan alto en el rasgo de la personalidad llamado responsabilidad o escrupulosidad). Los democratistas lo someten casi todo a la adaptabilidad social, a que se cumpla la voluntad popular, ya sea por sus estudios (más de ciencias sociales que jurídicas) o actitudes (probablemente tienen más aguzado el rasgo de la personalidad denominado apertura a la experiencia).

Estas mentalidades chocan en el procés. Ambas atesoran argumentos de peso. Los legalistas tienen razón en que, si los máximos dirigentes de Baviera declararan su independencia de Alemania, los de Texas de Estados Unidos, o los del Rosellón de Francia, serían castigados a penas muy duras por querer romper la integridad territorial inscrita en su orden constitucional. La lógica jurídica, nacional y comparativa, nos debería llevar a castigar ejemplarmente cualquier intento de secesión, sin indultos, amnistías o cambios del Código Penal.

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Pero los democratistas tienen una tesis (aunque no la explicitan) tanto o más poderosa: si prácticamente la mitad de la población, y una mayoría sólida de sus parlamentos durante varios mandatos, en Baviera, Texas y el Rosellón, quisiera la independencia, los líderes sediciosos deberían ser castigados, pero las penas tendrían que estar atenuadas por el espíritu de concordia. Con el crimen individual un Estado debe ser duro; con el conflicto social, generoso. La cárcel no une a los pueblos. El perdón, sí.

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