Golpes a la economía rusa

Desde la invasión de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, Rusia se ha adaptado a las sanciones occidentales mejor de lo inicialmente previsto pero la sostenibilidad de su economía está empezando a verse seriamente afectada. Los elevados gastos militares derivados de la guerra, la fuga de capitales y el desplome de ingresos provocado por las sanciones y la reducción de la mano de obra, como consecuencia de la movilización militar, han dado como resultado una economía incapaz de hacer frente a su demanda interna y con serias dificultades para encontrar financiación. Los vaivenes a los que se encuentra sometida la economía se reflejan bien en la cotización del rublo, que ha perdido más del 50% de su valor en el último año y que ha obligado al Banco Central de Rusia a subir los tipos de interés 450 puntos básicos en el último mes hasta situarlos en el 12%.

A lo largo de 2022, los altos precios de la energía y la fuerte dependencia europea del suministro ruso de gas y petróleo permitieron a Moscú sortear con relativo éxito las sanciones occidentales. Pero la Unión Europea consiguió la desconexión casi total de los gaseoductos rusos el pasado mes de noviembre y desde principios de año las importaciones de crudo de los Urales soportan un tope en los precios que han desplomado los ingresos de Moscú y puesto en serios aprietos las finanzas del Kremlin. Las exportaciones han caído un 31% en lo que va de año, frente a un aumento del 35% de las importaciones; la guerra consume casi un tercio de su presupuesto y ya en la primera mitad del año las cuentas públicas han superado el objetivo de déficit de todo el ejercicio. Ese escenario augura presiones persistentes sobre la divisa rusa y nuevas subidas de tipos, en un tira y afloja entre las ambiciones militares del presidente Vladímir Putin y los objetivos de sostenibilidad del Banco Central y del Ministerio de Hacienda.

Cierto es que un régimen autoritario dispone de instrumentos para forzar a los grandes conglomerados industriales a comprar deuda del Estado, subir impuestos con carácter retroactivo o recortar partidas de gasto a discreción. Pero las elecciones presidenciales previstas para el próximo mes de marzo permiten descartar cualquier tipo de ajuste del presupuesto no bélico.

La imposición de sanciones, a su vez, afronta dificultades para supervisar su cumplimiento, ya que las leyes de protección de datos y la falta de regulación internacional al respecto impiden un correcto seguimiento de las mismas. El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) ha certificado el notable incremento de las exportaciones occidentales a los países de Asia central, con la sospecha de que muchos de estos productos acaban en territorio ruso. Lo que revela las dificultades para hacer un seguimiento de las sanciones y la necesidad de introducir mejoras para su correcta implementación. Para ahora y para el futuro.