Trump, como un mafioso

Las peripecias judiciales de Donald Trump por sus actividades ilegales como presidente de Estados Unidos no dejan de proporcionar sorpresas. En su cuarto proceso, esta vez a cargo del Estado de Georgia, un gran jurado lo considera sospechoso de encabezar una organización criminal para tergiversar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, junto a 18 personas más, entre las que se incluyen altos funcionarios de la Casa Blanca, como su jefe de gabinete Mark Meadows, abogados como Rudy Giuliani y otros cargos republicanos de bajo nivel.

La gravedad de las imputaciones y del proceso penal abierto por la Fiscalía del condado de Fulton supera cualquiera de los otros procesos contra el expresidente, y especialmente los dos instados por el fiscal especial Jack Smith, nombrado por el departamento de Justicia. Smith quiso simplificar y dar celeridad al caso del asalto al Congreso, de forma que descartó a otros sospechosos, y evitó la complejidad de una acusación por sedición e insurrección, concentrándose en la conspiración para alterar el resultado de las elecciones y en la interferencia ilegal en la acción del Estado. La fiscal georgiana, Fani Willis, ha optado, en cambio, por acudir a la severa legislación contra el crimen organizado, pensada precisamente para la mafia, para imputar a Trump y a los otros acusados de formar una “asociación delictiva” para falsificar el resultado de las urnas y anular la victoria de Joe Biden. Su acta de acusación tiene un enorme potencial expansivo desfavorable para Trump, pues extiende los hechos delictivos a seis Estados e incluso a la certificación electoral en el Congreso.

La fiscal quiere celebrar el juicio antes de seis meses y si lo consigue coincidirá, como los otros tres casos, con la campaña de las elecciones primarias republicanas. Aunque Trump utiliza cada nueva imputación para recaudar fondos y alimentar la teoría de una conspiración demócrata para obstaculizar su regreso a la Casa Blanca, serán notables sus dificultades para participar en los mítines y los debates, mientras tiene que comparecer ante cuatro jueces en Nueva York, Florida, Washington y Fulton. Cabe incluso que este último procesamiento conduzca a la prisión cautelar a los acusados, con lo que el expresidente encontraría un nuevo elemento de propaganda en su detención. La retransmisión directa del juicio por televisión, obligatoria en Georgia, podría incidir también en la campaña de las primarias.

Si Trump alcanza de nuevo la presidencia y es condenado en Georgia por alguno de los 13 cargos criminales que se le imputan, no le servirán los poderes presidenciales federales para autoindultarse o nombrar un fiscal afín dispuesto a tapar el caso, a diferencia de lo que puede suceder con los otros 78 cargos acumulados en los otros procesos. El gobernador de Georgia no tiene poderes para amnistiar a Trump si es declarado culpable, una decisión que solo puede tomar el Congreso del Estado una vez cumplidos cinco años de la condena. Y nada puede decidirse tampoco en Washington sobre la Fiscalía de Georgia.

Este proceso demuestra la vitalidad del sistema estadounidense, donde el centro federal no tiene competencia alguna sobre el funcionamiento de los poderes exclusivos de los Estados. Gracias a este sistema de distribución del poder, este proceso contra Trump aporta mayores garantías de aplicación de la ley, de transparencia y de rendimiento de cuentas por parte de un presidente que ha superado dos procesos de destitución parlamentaria, o impeachment, y tiene una especial facilidad para convertir sus procesos penales en plataformas de propaganda electoral.