Freno a las plataformas digitales

La negativa de Glovo a pagar las multas por incumplimiento de la llamada ley rider muestra las limitaciones del modelo de regulación laboral para embridar las peores prácticas de la economía basada en plataformas digitales. Glovo, una start-up de origen español que ha crecido hasta tener una valoración de mercado, según algunos analistas, de más de 2.000 millones de dólares, se ha negado sistemáticamente a pagar multas por valor de 200 millones de euros, en un flagrante incumplimiento de una ley que se aprobó para proteger a sus precarios trabajadores, y que el Supremo confirmó como empleados laborales cuando la empresa los calificaba de autónomos. La estrategia de negocio de Glovo se basa en crecer, aun asumiendo pérdidas, para ganar escala y cuota de mercado, alimentada por las expectativas de inversores que esperan un retorno futuro muy superior al habitual. Frente a esta estrategia, las actuales multas se han mostrado insuficientes para garantizar que sus trabajadores accedan a los derechos que otorgaría un contrato laboral, como ocurre en algunas de sus competidoras.

El caso de Glovo, empresa que incluso llegó a obtener apoyo público en sus primeros pasos a través de la Empresa Nacional de Innovación, es paradigmático en la medida en que vuelve a poner en primer plano el pulso que mantienen muchas empresas tecnológicas con los intentos de los gobiernos de regular sus actividades y efectos, no siempre positivos. Bruselas puso en marcha el año pasado una directiva que avanza en la misma dirección que la regulación española, pero su aplicación todavía no ha sido efectiva. La Organización Internacional del Trabajo busca también dotar de derechos a los millones de personas que obtienen un salario a través de su participación en estas plataformas digitales, sin muchos avances hasta hoy.

La retórica habitual que acompaña este pulso es oponer la regulación a la innovación, particularmente en la Unión Europea. Ninguna innovación digital, por prometedora que sea, puede sustanciar su ventaja competitiva en una erosión de los derechos de sus trabajadores o en el incumplimiento de las regulaciones vigentes. Bien al contrario, crecer bajo esas condiciones es una hipoteca que tarde o temprano termina por pasar factura. España y la Unión Europea deberían intensificar su presión sobre estos modelos de negocio para evitar que abusos disfrazados de innovaciones prosperen aprovechándose de la precariedad. Unos abusos que no solo afectan a los trabajadores, sino que contribuyen a distorsionar la libre competencia favoreciendo a las empresas tramposas frente a aquellas que han optado por cumplir con la normativa. Si un modelo de negocio solamente resulta viable saltándose la ley, no es un modelo de negocio viable, y los inversores deberían tenerlo en cuenta a la hora de apostar por este tipo de empresas.