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editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El despotismo de Bukele

Las medidas adoptadas por el presidente de El Salvador contra la delincuencia de las maras conculcan el más elemental Estado de derecho

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene en un acto el 15 de junio en San Salvador.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene en un acto el 15 de junio en San Salvador.JOSE CABEZAS (REUTERS)
El País

El régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele en El Salvador ha quebrado esta semana otro pilar del Estado de derecho. Con el objetivo de sostener una política de seguridad diseñada para aniquilar a las pandillas, los tribunales del país centroamericano podrán llevar a cabo juicios masivos y audiencias de hasta 900 detenidos. La medida, aprobada en un Parlamento dominado por el partido que sostiene al Gobierno, Nuevas Ideas, supone una formalización de lo que ya sucedía en la práctica, lo que aumenta la gravedad de un esquema de guerra contra las maras repetidamente cuestionado por las constantes violaciones de derechos fundamentales.

Desde el comienzo del régimen de excepción, en marzo de 2022, las autoridades salvadoreñas han detenido a casi 72.000 personas acusadas de pertenecer o colaborar con la Mara Salvatrucha o el Barrio-18, las dos principales organizaciones criminales del país. La estrategia de tolerancia cero de Bukele, que incluye centenares de muertes bajo custodia policial, operativos permanentes y arrestos arbitrarios, ha dado sus frutos desde la perspectiva estadística: las pandillas están más acorraladas y debilitadas que nunca. La contrapartida, sin embargo, es una deriva autoritaria que socava los cimientos de la convivencia y ha despertado la profunda preocupación de los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas alertó en mayo, por ejemplo, de que los juicios masivos que ya se venían realizando en El Salvador “atentan contra las garantías del debido proceso”. A eso se suma el hecho de que el éxito del joven presidente en materia de seguridad ha disparado su popularidad, lo que en el terreno político se ha traducido en un poder casi omnímodo. Bukele oficializó a principios de julio su candidatura a la reelección con vistas a los comicios de 2024, escudándose en una más que dudosa interpretación de la Constitución, que prohíbe presentarse en periodos consecutivos, hecha por los magistrados afines que impuso su partido en la Corte Suprema.

Hoy Bukele es un modelo para distintos proyectos en la región, sobre todo de extrema derecha, del argentino Javier Milei al chileno José Antonio Kast. La exhibición de mano dura, la mofa de sus adversarios a través de las redes sociales, los ataques a la prensa y la ostentación de su política carcelaria se han convertido en un patrón político. En Colombia, la construcción de megacárceles ya forma parte de los programas electorales. Mientras tanto, crece la alarma por el deterioro de los derechos humanos en El Salvador y la inquietud por la desarticulación de la oposición. Si Bukele quiere garantizar una sociedad viable a medio plazo debe frenar de inmediato su deriva despótica y respetar los principios más elementales del Estado de derecho.

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