Dos proyectos de país

El enconamiento de las derechas contra el actual Gobierno, y en particular contra su presidente Pedro Sánchez, ha tendido a desdibujar las medidas que se votan realmente el 23 de julio. Los ejes en que se dirimen los dos proyectos de país de las dos potenciales coaliciones de gobierno —con la grave posibilidad de ver a la extrema derecha en La Moncloa— son la desigualdad estructural, los nuevos derechos y libertades individuales, una política climática justa y la consolidación del proyecto europeo.

Del programa democráticamente regresivo de Vox se ocupó este periódico en un editorial del pasado domingo. Es un programa reaccionario que será un problema mayúsculo para Feijóo si necesita sus votos para gobernar tras el 23-J, como apuntan todas las encuestas. ¿Volverá a ceder materias como igualdad, derechos LGTBI, cultura o cambio climático, como ha hecho en ayuntamientos y comunidades, al negacionismo explícito y a los partidarios de la censura?

Las políticas de protección social y de igualdad han sido una seña de identidad de este Gobierno que el PP anuncia que va a revertir, aunque sean muy pocas las precisiones que contiene su programa electoral en múltiples ámbitos, en particular en política económica y transición verde. Frente al liderazgo español en Europa de Teresa Ribera en el Pacto Verde, el PP apuesta, contra el criterio incluso de algunos de sus partidos hermanos en Europa, por “flexibilizar” las medidas y mitigar el ritmo de aplicación de los planes contra el calentamiento global. Es una de las fracturas políticas más visibles entre derecha e izquierda: mientras PSOE y Sumar asumen como prioridad de la agenda política un reparto justo de cargas para impulsar la revolución tecnológica y las políticas ecológicas por pura supervivencia del planeta, el PP menosprecia —o simplemente niega— la gravedad del problema. Nada debe hacerse sin prevenir los efectos disruptivos que la adaptación al calentamiento global comportará en algunos ámbitos de la agricultura y la ganadería. La emergencia climática no puede acabar minando la confianza en el futuro sino convertirse en el paradigma central para proyectar políticas transversales centradas en la justicia social y evitar la creación de bolsas de víctimas de políticas que resultan indispensables. No parece ir en ese sentido la continuidad de las centrales nucleares que defiende el PP, sin precisar en su programa quién asume unos costes que las empresas ya han descartado.

Aunque el programa del PP no menciona la reforma laboral (y Feijóo ha llegado a decir que es sustancialmente buena, pese a que el PP votó en contra), asume el propósito de derogar la ley trans y la Ley de Memoria Democrática (sin saber qué le molesta al PP de esa norma), así como reformar la ley de educación, la ley del aborto, la de la eutanasia y la ley del solo sí es sí —sin mayores precisiones tampoco—, además de restituir el delito de sedición y las penas de malversación anteriores a la reforma. La reconducción de las pugnas entre la Generalitat de Cataluña y la Administración central del Estado que llevaron al país a un estrés estructural gravísimo en 2017 no ha sido fruto del azar sino de la voluntad política de las dos partes.

Sin novedades radicales en su programa económico, los socialistas apuestan por afianzar las medidas socialdemócratas con propuestas concretas (ayudas económicas a parados de larga duración, fijar por ley los tiempos máximos en las listas de espera de la sanidad o la gratuidad de las matrículas universitarias para los alumnos aprobados) mientras las propuestas económicas del PP pivotan sobre puntos ideológicamente comprometidos. Las supresiones anunciadas del impuesto a las grandes fortunas y de la ley de vivienda reducen, en un caso, la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza hacia quienes menos tienen y atajan en el otro una ley necesaria (y perfectible) ante un problema que afecta a una gran parte de la población, en particular a los más jóvenes. Ahí es donde Sumar abre el debate hacia propuestas novedosas destinadas a mitigar la desesperanza que tres graves crisis consecutivas han echado encima de varias generaciones de españoles: una crisis global de 2008 —la Gran Recesión—, la pandemia y hoy la guerra en Ucrania. La compleja medida sobre la herencia universal va en esa dirección —que dota con 20.000 euros a todo joven desde la mayoría de edad— y también la de crear 200.000 viviendas públicas al año. Los programas progresistas introducen una noción menos instrumental del tiempo, y bajo esa noción encaja también no solo la atención pública a la salud mental sino la propuesta de Sumar de caminar hacia la reducción a 32 horas de la jornada laboral a lo largo de la próxima legislatura. La socialdemocracia como marco conceptual y redistributivo de la izquierda difícilmente puede compartir los llamados “alivios” en los impuestos de la renta y sociedades que propone el PP, sin más precisiones. Tampoco aclara si la sostenibilidad de las pensiones que proponen los populares las protegería o eliminaría su vínculo obligatorio con la inflación, como hasta ahora.

En el ámbito de libertades y derechos la causa del feminismo sigue siendo para la izquierda una clave transversal e interclasista: las medidas en favor de las trabajadoras domésticas no fueron solo laborales sino también feministas, pero tanto la brecha salarial como la igualdad de género son déficits que precisan de intervención pública sostenida. La ausencia de medidas en la derecha en este campo evidencia que no es una de sus prioridades, mientras que la batería de propuestas del PSOE y de Sumar —con distintas intensidades y matices diferenciados— aboga por mantener en alto una bandera que precisa mucha inteligencia y voluntad política para intentar achicar una fractura progresista grave y mal gestionada en esta legislatura a cuenta de la ley trans y la ley del consentimiento. El movimiento feminista no tiene a los hombres como adversarios sino a la estructura histórica. Es una lucha irrenunciable pese al desinterés de la derecha o la involución práctica que propicia el negacionismo de la violencia machista de Vox.

La intensificación de la lucha contra carencias que no se resolverán solas o abstenerse ante ellas es lo que se dirime el 23-J: la desigualdad social, la desigualdad de género, la asunción integral de la lucha socialmente justa contra el cambio climático y la preservación de los consensos sociales y las libertades individuales que impugna la extrema derecha. Ninguna de ellas es ajena a los efectos corrosivos que la presencia de una formación activamente euroescéptica como Vox en el Gobierno de España pudiera tener para frenar o entorpecer la consolidación del mejor invento que Europa ha dado en el siglo XX y con vistas al XXI: la misma Unión Europea.