El miedo de las élites despierta la crisis postelectoral en Guatemala
El Pacto de Corruptos ha levantado la narrativa del fraude. La pregunta que les tortura la convirtieron en clave de la presunta conspiración: ¿Por qué una fuerza política poco significativa está en la segunda vuelta?
Una semana después de los resultados electorales del 25 de junio, ni el Pacto de Corruptos, la alianza informal de políticos, élites burocráticas y empresarios, que se protegen entre sí para mantener el poder, ni quienes integran el rancio statu quo de Guatemala han superado el shock. Su primera reacción fue escribir la biografía falsa de Bernardo Arévalo —el candidato sorpresa de la jornada— y montar una agenda distorsionada del ideario del partido Semilla aprovechando de que eran poco conocidos.
Los retrataron como mezcla de “comunistas” expropiadores del siglo XX y “globalistas” conspiranoicos del siglo XXI. Esas expresiones —incluyendo alusiones impertinentes a la Agenda 2030— fueron empleadas en la campaña por Zury Ríos (la hija del dictador Efraín Ríos Montt, que quedó en sexto lugar en las votaciones). A pesar de la baja resonancia entre el gran público, las reeditaron para inyectar miedo. Su propio miedo.
A partir del lunes 26, todos cerraron filas en torno a Sandra Torres, odiada y despreciada por el statu quo durante las dos décadas de su carrera política. Ella se dejó arropar, y el martes 27 ya se le escuchaba en una rueda de prensa adoptando el discurso ultraconservador que le cuelga identidad religiosa al Estado.
Para el miércoles 28, la estrategia había naufragado. Los jóvenes urbanos de las clases medias educadas que votaron por Arévalo y el Movimiento Semilla la desbarataron en las propias redes sociales. Con pasión y chispas de creatividad e ironía, fueron mucho más convincentes que los expertos contratados por el otro bando.
Acto seguido, el Pacto levantó la narrativa del fraude. A propósito de una puja entre los dos punteros para la alcaldía de la Ciudad de Guatemala, casi la mitad de los partidos perdedores gritó a coro “¡fraude!”. No presentaron al público las supuestas pruebas. La pregunta que les seguía torturando la convirtieron en clave de la presunta conspiración: ¿Por qué una fuerza política poco significativa está en la segunda vuelta?
La demanda entonces fue anular las elecciones. Bajo la premisa de que el Pacto fue víctima de un fraude, la vergüenza los azoraba: “Nos dejamos asaltar aun controlando todas las entradas y salidas del sistema electoral”, parecían pensar. Pero rápido encontraron un chivo expiatorio, el Tribunal Electoral: Con la mesa servida, los magistrados fueron incapaces de reaccionar en tiempo real para sabotear a los intrusos.
La ley en la materia permite la revisión en casos de impugnaciones que se presentan durante el escrutinio y se formalizan en los siguientes días. El plazo venció el viernes 30 y la impugnación más relevante fue la del partido CREO por la alcaldía de Guatemala. Refutó unas 900 boletas y la diferencia en el conteo total era de poco más de 500 votos.
En la tarde del sábado 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) acudió a la “prevención”, un recurso político-legal al que se apela cuando hay vacío de poder. Sin asidero jurídico, la CC ordenó el cotejo de las actas con los resultados oficiales, y suspendió la adjudicación de cargos. Para no agitar más aguas, garantizó la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto.
La patronal organizada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) dio su aval a la CC. Horas antes, expresó plena confianza en que se sabría encauzar la crisis, respetando los plazos electorales.
Si el entendimiento entre grandes empresarios y magistrados no se disimulaba, también fue obvia la inusual salida de escena del presidente Alejandro Giammattei y del jefe de su partido, Vamos, Miguel Martínez. Sus denonados esfuerzos de inflar a su presidenciable fueron disminuidos por los alcaldes (incluyendo muchos de sus aliados) que cerraron el ingreso a los municipios de los autobuses con “acarreados” (gente pobre que recibía el equiavalente a 100 euros por voto), temiendo ellos mismos ser desbancados.
La fórmula de gobernabilidad de la CC es incierta, a pesar de contar con el respaldo de los grupos tradicionales de poder interno. La política ya no se administra con la centralidad de otras épocas. Demasiados caciques esperan ser tomados en cuenta; afloran las disidencias de los empresarios moderados, mientras una ciudadanía joven, no tan organizada pero autónoma y entusiasta, está decidida a jugar con las reglas de la democracia.
Esta fue la primera semana de crisis poselectoral provocada por el miedo a un escenario que se creía inviable después de las exclusiones de tres populares candidatos antisistema, y que, sin embargo, obstinadamente se ha materializado con Arévalo y el partido Semilla.
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