Sarkozy y la corrupción

La nueva condena al expresidente francés, Nicolas Sarkozy, por corrupción y tráfico de influencias, demuestra que el buen funcionamiento de la justicia en Francia no reconoce privilegios ni impunidad, ni siquiera en la cúspide del Estado. Al mismo tiempo, evidencia que el país tiene un problema estructural, ya que de los últimos cuatro jefes de Estado, dos han sido condenados a penas de prisión. El anterior fue Jacques Chirac, conservador como Sarkozy, condenado en 2011 por malversación, aunque no entró en la cárcel debido a su estado de salud (y murió en 2019). Tampoco lo hará Sarkozy, presidente entre 2007 y 2012, pese a la condena el miércoles del Tribunal de Apelación por el llamado caso de las escuchas a tres años de prisión, de los que debería cumplir uno con un brazalete y en su domicilio. El recurso del expresidente ha dejado en suspenso la condena. Los jueces concluyeron que en 2014 Sarkozy participó junto a su abogado y un fiscal en una trama de intercambio de favores.

Además del caso de las escuchas, por el que ya fue condenado en primera instancia en marzo de 2021, Sarkozy afronta un nuevo juicio el próximo noviembre por la financiación ilegal de la campaña para las elecciones presidenciales de 2012. Por este caso también fue condenado en primera instancia, en septiembre de 2021, a un año de prisión, pena que quedó en suspenso tras el recurso. Y aún hay un tercer caso por el que está imputado y por el que la Fiscalía ha solicitado llevarlo a juicio, en este caso se trata de la supuesta financiación con dinero de la Libia de Muamar el Gadafi de la campaña electoral de 2007, que le llevó a la victoria.

En la reciente condena, Sarkozy sostiene que las conversaciones telefónicas con su abogado que sirvieron para probar su culpabilidad estaban sacadas de contexto y resultaron en todo caso inútiles porque él perdió el caso en el que el fiscal debía ayudarle y el fiscal, a su vez, no obtuvo la promoción profesional que buscaba. Pero el peso de este argumento resulta irrelevante para los jueces, dado que para que haya corrupción basta con que se pruebe la intención, aunque el plan no tuviese éxito.

Pese a las reiteradas condenas, Sarkozy no vive en el ostracismo ni padece una marginación social significativa, más allá de que su carrera política esté ya acabada. Emmanuel Macron lo escucha y busca su consejo, sin que falte el nombre de Sarkozy en algunos consejos de administración de grandes grupos empresariales. Puede que no sea una situación atípica en Francia, a la vista del antecedente de Chirac, pero resulta difícil encajar ese tratamiento público de la corrupción en el estándar de la mayoría de democracias occidentales, en particular cuando la Fiscalía Nacional Financiera investiga todavía la posible implicación del mismo Sarkozy en la designación de Qatar como sede del Mundial de fútbol.