Un acuerdo fundamental

Sin ruido mediático y sin pistas visibles, el viernes los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales anunciaron un principio de acuerdo que pacta una subida salarial para el año 2023 de un 4% y de un 3% para los años 2024 y 2025, con una cláusula de revisión en el caso de que la inflación se sitúe por encima de estas cifras. Por su ambición y su alcance en el tiempo, se trata de un acuerdo excepcional en un año de profundos desencuentros entre los agentes sociales, que habían truncado el diálogo social que tan buenos frutos dio durante la pandemia y la recuperación. Con este anuncio, que abre la vía para la firma inminente del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, se recupera la vía de la concertación social que acompañó varias subidas del SMI en los años anteriores, la puesta en marcha del sistema de ERTE y la propia reforma laboral de 2022. Ese rumbo favorable se había roto en los últimos meses por la incomparecencia de las organizaciones patronales en otros importantes hitos, como la reforma de las pensiones o la actualización del SMI de 2023.

El acuerdo se ha trabajado con discreción para impedir que se frustrase por el camino y en sí mismo tiene naturaleza orientativa. Es decir, el pacto al que han llegado sindicatos y empresarios implica que sus recomendaciones deberán plasmarse posteriormente en las negociaciones de los diferentes convenios colectivos, pero esto no debe restar valor a su papel como punto de referencia en el que anclarlas. Los salarios habían experimentado, en 2022, una notable caída de poder adquisitivo, cifrada por la OCDE en el 5,3%. Los convenios colectivos firmados en el primer trimestre de este año habían pactado una subida del 3,06%, claramente insuficiente para frenar la pérdida de capacidad de compra. Con las nuevas orientaciones, que se prolongan hasta 2025, no solo no cede el poder adquisitivo, sino que se recuperará una parte del ya perdido, y se sientan las bases para una negociación más ambiciosa en el futuro.

Más allá de su valor estrictamente laboral, este acuerdo tiene también un importante valor como ejemplo de que la concertación social, pilar indiscutible del diseño de la política sociolaboral del Gobierno, puede seguir funcionando y dotando de legitimidad a las reformas pendientes, tanto en lo que resta de la presente legislatura como ante la eventualidad de una próxima. La recuperación del diálogo social al máximo nivel es un indicador incuestionable de calidad democrática y no solo garantiza la estabilidad social en un año que ha de vivir dos importantes convocatorias electorales, sino que fortalece su papel como uno de los centros de gravedad del modelo económico y social consagrado en la Constitución.

La negociación global todavía no ha terminado y quedan muchos flecos por resolver, pero el acuerdo sobre la senda salarial marca el camino por el que debe transitar un reparto justo de las cargas de la actual crisis de precios, en su mayor parte decantadas del lado de los trabajadores. Los beneficios declarados por las grandes empresas pueden haber sido un factor positivo para un acuerdo que frena el potencial estallido de una conflictividad laboral que estropease esa buena marcha. Definitivamente, España funciona mejor cuando protege el diálogo social y la negociación colectiva alcanza pactos que revierten de forma directa en la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población.