Sacar el dinero de la caja

Las corporaciones locales acumulaban a 31 de diciembre de 2022 más de 37.000 millones de euros en depósitos y efectivo, según el Banco de España, una cantidad equivalente a cerca de la mitad del gasto en sanidad. Estos ahorros son el resultado de una década de superávits ininterrumpidos, fruto de una rígida disciplina fiscal y de unos ingresos y gastos muy estables y poco sensibles al ciclo económico. La paradoja es que están prácticamente inmovilizados. La Ley de Estabilidad aprobada en 2012 prohíbe a las corporaciones locales (ayuntamientos, cabildos, diputaciones…) incurrir en déficit, ni emplear sus ahorros para financiar gasto, salvo en casos muy limitados. Mientras tanto, sus fuentes de ingresos, como el IBI o el impuesto de plusvalía, crecen incluso en periodos de crisis, y los gastos (alumbrado público, limpieza viaria, etcétera) no se ven muy alterados por la coyuntura, lo que les permite ahorrar con más facilidad.

Carece de sentido mantener inmovilizada o infrautilizada una formidable cantidad de dinero que podría destinarse a urgencias sociales múltiples como las que asaltan a los ayuntamientos, en particular en un momento de desequilibrio de las cuentas públicas y ante los retos a los que se enfrenta el Estado de bienestar, desde el envejecimiento de la población al cambio climático o la atención a las familias más pobres. Además, es incoherente que haya ayuntamientos en números rojos y administraciones con un desfase crónico entre ingresos y gastos, como las comunidades autónomas o el sistema de pensiones. La suspensión de las reglas fiscales a raíz de la pandemia, que ha dado más flexibilidad a los ayuntamientos en el uso de los excedentes, tampoco ha logrado revertir la tendencia. El mismo Programa de Estabilidad que el Gobierno mandó la semana pasada a Bruselas constataba que en 2021 y 2022 su remanente de tesorería (que no es del todo asimilable al dato de depósitos y efectivo del Banco de España, pero refleja la tendencia) había vuelto a crecer.

La solución, sin embargo, no pasa por reventar el corsé presupuestario. El riesgo es que los excedentes acaben financiando el gasto corriente, que necesita estar respaldado por fuentes permanentes de ingresos por su naturaleza plurianual y la discrecionalidad de los alcaldes. La Autoridad Fiscal (Airef) alertaba en un reciente informe de que las 24 mayores corporaciones locales sufragaron 1.500 millones de gasto en 2022 con ahorros de años anteriores gracias a la suspensión de las reglas fiscales, el 35% para gasto corriente.

Se impone la necesidad de pensar otro modo de repartir las competencias entre administraciones. Las comunidades son quienes gestionan los pilares del bienestar (sanidad, educación y servicios sociales), pero podrían transferir algunas políticas a las corporaciones locales. La cesión también podría ir en dirección inversa y afectar a las fuentes de ingresos. Por ejemplo, las autonomías o la Administración central podrían asumir la recaudación del IBI o de otras figuras que ahora son competencia de los consistorios. Otra alternativa es prestar los remanentes: las corporaciones locales podrían conceder préstamos a un tipo de interés ventajoso a otras administraciones o municipios con desfases en sus cuentas. En cualquier caso, es necesario abrir el debate en todos los niveles de la Administración para dar un destino útil a unas cantidades de dinero que hoy por hoy no lo tienen. Podría, de hecho, desembocar en la necesaria reforma del sistema de financiación, que lleva años pendiente.