El Gobierno se resiste a que los Ayuntamientos empleen 10.000 millones de superávit

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, reclama poder dedicarlos a partidas sociales en las fases de desescalada y de reconstrucción económica y social

Abel Caballero, en una reunión telemática.
Abel Caballero, en una reunión telemática. / Europa Press

El Gobierno se resiste a que los Ayuntamientos y el resto de entidades locales, como las diputaciones y cabildos, puedan emplear los más de 10.000 millones de euros de superávit y remanentes que han acumulado en los últimos años en la desescalada de la crisis del coronavirus y la reconstrucción económica y social del país. La reivindicación de los alcaldes, que encabeza el socialista Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y regidor de Vigo, requiere la autorización del Ejecutivo. Los ayuntamientos reclaman desde hace años que se relaje la Ley de Estabilidad, que controla el déficit de las administraciones públicas.

“Queremos utilizar el 100% de nuestros superávits y remanentes, son nuestros ahorros”, reiteró este jueves Caballero tras la reunión que mantuvo con Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Salvador Illa, ministro de Sanidad; y Carolina Darias, ministra de Política Territorial. En la reunión se acordó la creación de un foro de trabajo permanente con el Gobierno para abordar el proceso de desescalada. La petición económica, que ya trasladó el lunes a Pedro Sánchez no es nueva: el presidente de la FEMP la viene realizando desde que el ministro de Hacienda era Cristóbal Montoro (PP).

El Gobierno no se cierra en banda mientras gana tiempo ante la dimensión de la solicitud, que equivale a un punto del PIB. Las fuentes gubernamentales consultadas trasladan que se está estudiando. Y recuerdan que el Gobierno aprobó el 17 de marzo, tres días después de la publicación del real decreto de estado de alarma en el Boletín Oficial del Estado, la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos pudiesen invertir un máximo de 300 millones de euros de su superávit en partidas sociales. “Fue una medida rápida para dar liquidez a los ayuntamientos que no la tuvieran, para que pudieran afrontar gastos sociales de forma inmediata. Si alguien no come, no puede esperar un día”, explicó Caballero. El superávit de las entidades locales superó los 3.800 millones en 2019.

La emergencia sanitaria y su incalculable impacto económico y social han forzado a la Unión Europea a renunciar a la doctrina económica de austeridad con la que respondió a la Gran Recesión de 2008. La Comisión Europea suspendió en marzo el Pacto de Estabilidad. De esta manera los países más afectados por la pandemia, como España e Italia, podrán aumentar el gasto para hacer frente a la covid-19. Caballero destaca el ahorro en la emisión de deuda que supondría que los ayuntamientos pudiesen recurrir a sus fondos.

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