Ecuador, el país de las balas perdidas

En la historia moderna de Ecuador nunca se había derramado tanta sangre como hasta ahora. La sangre de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres inocentes alimenta la estadística de inseguridad de un territorio perforado. En el país de las balas perdidas, más de diecisiete personas son asesinadas cada día.

“El mayor miedo hoy es sentirse inseguro, en medio de una guerra entre ustedes y los delincuentes”, tuiteó Guillermo Lasso el pasado 1 de abril. El presidente ecuatoriano anunció hace semanas la flexibilización del uso de armas para defensa personal. La ley del Talión, la del ojo por ojo, hoy se traduce en vidas por vidas.

La medida es parte de la “Cruzada por tu seguridad”, una estrategia para favorecer la paz y tranquilidad del país. La desesperación cala en esta nación de casi 18 millones de habitantes, porque la violencia en los últimos tres años rompe récords. No se frena.

De acuerdo con los datos de la Policía Nacional recogidos por la prensa local, entre 2021 y 2022, en Ecuador las muertes violentas crecieron en un 82%. Es decir, se pasó de 2.464 a 4.603: 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ese récord ubicó a ese país pequeño como el sexto más violento de Latinoamérica, por encima de México. Ecuador es el lugar con el mayor incremento de violencia criminal a escala regional.

En esas condiciones, la estrategia impulsada por el Gobierno ecuatoriano no solo es desatinada, sino también temeraria e, incluso, afrentosa. No puedo evitar imaginar al presidente en su salón de mando rodeado de pantallas mientras observa en tiempo real cómo se dan de baja entre ciudadanos. Algo así como en los videojuegos, alejado de la realidad. Separado. Aislado. Tal como ha gobernado durante los últimos dos años.

La violencia con armas de fuego puede afectar a cualquiera, pero, en ciertas situaciones, afecta y se ensaña con los denominados grupos vulnerables. Si se recorre Ecuador con ‘gafas violeta’, las que nos sensibilizan para identificar las desigualdades y entender que existen poblaciones en mayor riesgo que otras, es sencillo predecir que el nuevo decreto fortalecerá la espiral violenta. Entre enero y diciembre de 2022, más de trescientas mujeres -332- fueron asesinadas. De ese total, más del 50% -189- fueron víctimas de la delincuencia organizada. Básicamente cada día, cada 26 horas, se registró un feminicidio y el 32% se perpetuó con un arma de fuego. Desde 2014, año en que se tipificó en el código penal ecuatoriano el delito de muerte de una mujer por razón de género, 2022 se posicionó como el más sangriento.

El Decreto 707 aumenta la sensación de peligro constante en que vivimos las mujeres ecuatorianas. En una entrevista para el diario Primicias, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno recalcó que “cómo utiliza cada ciudadano el arma, cuyo porte está autorizado, es un tema que tiene que decidirlo cada uno”. Esa falsa ingenuidad, esa desconexión con la calle, alarma y altera.

Sobran ejemplos. En la situación de las personas LGBTIQ+ ya explicó el periodista Víctor Hugo Carreño que “en este país violento, en este país que olvida a las personas LGBTIQ+ en políticas públicas o leyes (...), hoy somos más vulnerables porque el agresor -probablemente con dinero e influencias, pues la clase privilegiada es la que accederá a armas- puede ahora pegarnos un tiro”.

La flexibilización del porte de armas aumenta las brechas y la desigualdad, ahora en materia de seguridad. Para tener un permiso, el papel especifica que se requerirá ser mayor de 25 años, aprobar una prueba psicológica, contar con un certificado de destreza en el manejo, no haber sido sentenciado, no registrar antecedentes de violencia de género o intrafamiliar, ni consumir drogas. Sin embargo, en Ecuador -como en otros países de Latinoamérica- el dinero intermedia y facilita.

En la práctica, el Decreto 707 trastoca la vida de niñas, niños y adolescentes. En el país de las balas perdidas, el año pasado uno de ellos fue asesinado cada 32 horas. 80 bebés menores de 2 años murieron como consecuencia directa de esa guerra que el presidente endosa a los ciudadanos. Una guerra que no es nuestra, pero de la que somos blanco.

El Gobierno de Lasso viola nuestros derechos humanos al declararse incapaz de establecer medidas para reducir y prevenir la violencia armada en la vida cotidiana de las ecuatorianas y ecuatorianos. En el país de las balas perdidas, el Gobierno viola derechos humanos porque no protege el derecho a la vida.