Ecuador autoriza llevar armas para la defensa personal frente a la escalada del crimen

La violencia desborda a las autoridades de Ecuador. El Gobierno de Guillermo Lasso autorizó a los civiles la tenencia y porte de armas para defensa personal como solución a la escalada de violencia que vive el país. “Tenemos un enemigo común, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, empezó su alocución el presidente en un mensaje a la nación justo antes de anunciar la medida que esta semana ha recibido toda clase de críticas ante la posibilidad de que cualquier ciudadano tenga en sus manos un arma.

En Ecuador, las armas estaban reguladas para uso exclusivo de militares, policías y ciertos sectores productivos. Pero con la modificación, a través de un decreto presidencial, la tenencia y porte de armas se abre a todos los civiles que cumplan con algunos requisitos, como tener al menos 25 años y sacar un certificado de evaluación psicológica y toxicológica emitido por el Ministerio de Salud.

“Esto es parte de la mirada militarista de la seguridad que ha venido implementando el presidente”, señala el analista Luis Carlos Córdova. En su opinión, la medida “ahora traslada la responsabilidad a la sociedad civil”. No obstante, aclara que el acceso estará limitado a aquellos segmentos socioeconómicos que tienen la posibilidad de invertir en la compra de una arma: “Esto es restrictivo para la inmensa mayoría de la población”.

La nueva decisión gubernamental afecta también a los guardias de seguridad privada, que deberán apoyar a la policía “en las tareas de vigilancia y seguridad portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo”. Así lo indicó Lasso sin dar más detalles de cuáles serán las responsabilidades civiles y penales que recaerían en quienes hagan uso de un arma de fuego. Los guardias conocen sus limitaciones. Por ejemplo, no tienen un entrenamiento como el que deberían cumplir los miembros de la fuerza pública, por lo que el anuncio ha causado rechazo y temor.

“Ahora será peor”

“Nosotros no hemos sido entrenados para eso”, afirma Carlos Jaramillo, un guardia certificado que trabaja en Guayaquil, la ciudad más violenta del país, donde los crímenes se acercan a los 600 en menos de cuatro meses y el 95% de los asesinatos se han perpetrado con armas de fuego. “Cómo puede darnos esa responsabilidad si ya nos daba miedo salir a trabajar con tanta inseguridad, ahora será peor si nos obligan a actuar ante cualquier atentado”, añade Carlos.

La academia y los grupos de derechos humanos que trabajan contra la violencia de género y la niñez también han expresado su rechazo. Critican que las medidas adoptadas por el Gobierno no contemplan “atender las causas subyacentes de la violencia relacionadas con la desigualdad, la discriminación y la pobreza” y le recuerda que el país tiene compromisos de reducir la demanda y disponibilidad de armas para prevenir la violencia en niños y adolescentes. En Ecuador se incautaron 9.553 armas ilegales en 2022, según registró la Dirección de Estudios de Seguridad. Y solo entre enero y febrero de este año se decomisaron 1.722 armas de fuego.

Semana caótica

La decisión de Lasso se da en una de las semanas más caóticas que ha vivido el país. A las docenas de crímenes diarios se sumaron los asesinatos de administradores de hospitales públicos, atentados con explosivos a diferentes medios de comunicación y el hallazgo de cabezas. Además, un hombre que era guardia de seguridad de una casa de empeño apareció con explosivos amarrados en el cuerpo.

El pasado viernes también fue hallado muerto uno de los principales sospechosos en una trama de corrupción que rodea al círculo cercano del mandatario, en la población costera de Punta Blanca, a una hora de Guayaquil. Hasta el momento las autoridades no han detenido a los posibles responsables, ni las bandas criminales se han atribuido la autoría de estos atentados.

Según el analista Córdova, “estos elementos han ido creando un ambiente de descontrol de la violencia, de temor absoluto, sobre todo en las élites sociales, en la gente de mayor estrato socioeconómico que hizo factible adoptar esta decisión con su respaldo”. Otras de las lecturas es que la medida sea un guiño al partido de derecha Social Cristiano, que ha sido el principal defensor de la tenencia y porte de armas como fórmula para combatir la inseguridad y que en la actualidad apoya el juicio político contra Lasso en el legislativo. Según esta tesis, la medida podría ser una moneda de cambio para evitar la destitución del mandatario.

En el paquete de medidas contra la inseguridad se incluye además un nuevo estado de excepción con toque de queda que restringe el libre tránsito de los ciudadanos en las ciudades de Guayaquil, Durán, Samborondón y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos, una medida que el Ejecutivo ha utilizado en por lo menos 14 ocasiones para intentar contener la inseguridad y la violencia en dos años de mandato.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.