De nuevo en España

Los dos viajes que el rey Juan Carlos I ha realizado a España desde que se autoexilió en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), en agosto de 2020, mientras la Fiscalía Anticorrupción investigaba diversas causas contra él, no han facilitado la normalización de su situación. El regreso a Sanxenxo, como hizo ya el pasado año, ha vuelto a evidenciar la desconexión entre el rey emérito y la Casa del Rey, que se enteró por la prensa de sus planes. El deseo de participar en el campeonato mundial de la clase 6mR con el Bribón explicaría, según su entorno, la necesidad de cumplir con un plan de entrenamientos que incluiría nuevas visitas a Sanxenxo en los próximos tres meses para acabar desplazándose en agosto a Cowes, en la isla de Wight, y participar allí en el campeonato del mundo en la primera semana de septiembre.

Las aficiones deportivas y el instinto competitivo de un anciano de 85 años son encomiables, pero no es nada seguro que esos intereses deban o puedan ser las únicas actividades conocidas del rey emérito. El espíritu de la carta acordada con La Zarzuela en marzo de 2022, en que Juan Carlos I fijaba su residencia fuera de España con la posibilidad de volver al país “con frecuencia” y acogerse a la hospitalidad de residencias privadas —como en este caso—, no puede interpretarse como una carta blanca para actuar como si su conducta no tuviera trascendencia alguna. Tampoco el modo actual de vida de Juan Carlos I, que viaja en jets privados financiados por jeques árabes y reside en una mansión de lujo como huésped del emir que preside un Estado autocrático, cuadra ni de lejos con el código ético que el rey Felipe VI impuso a los miembros de la Familia Real, de la que su padre sigue formando parte.

La dimensión humana del regreso de Juan Carlos I no puede eludirse, pero menos todavía la evidencia de que no se trata de un jubilado más, sin deberes institucionales y que emplea su tiempo libre como quiere, esto es, en jornadas de entrenamiento en alta mar para revalidar los títulos obtenidos en 2017 y 2019. Agrava la deslealtad de Juan Carlos I hacia su hijo Felipe VI el hecho de no haber notificado a La Zarzuela su intención de aparecer por Sanxenxo, haciendo caso omiso a las indicaciones recibidas sobre la inconveniencia de su presencia en plena precampaña de las elecciones del 28 de mayo y desoyendo la petición de viajar después de ellas. Tampoco es ese el mejor indicador del sentido de la responsabilidad que pueda conservar el rey emérito.

El archivo de las actuaciones de la Fiscalía, al igual que el fin de las acciones emprendidas por la justicia suiza en torno a la presunta comisión de 100 millones procedentes de Arabia Saudí, no han disipado en la sociedad española la percepción de una impunidad que lastra el crédito de la institución que representó. Si la Fiscalía archivó las investigaciones sobre su patrimonio no es porque no hubiera delito, sino porque estaba prescrito o lo protegía su inmunidad mientras ocupó la jefatura del Estado. Al contrario: las pesquisas constataron la existencia de un posible fraude fiscal. Y ese presunto delito requiere una reparación moral, aunque ya no sea penalmente perseguible, porque la conducta de un rey, como ha repetido Felipe VI, no solo debe ser legal sino “ejemplar”.

Para que la normalización de su presencia en nuestro país sea posible, el rey emérito debe dar explicaciones claras y eventualmente pedir disculpas ante una sociedad consternada por informaciones veraces, aunque no fuesen ya judicialmente perseguibles. Solo así se entendería que Juan Carlos I volviera a vivir en España como anterior titular de la jefatura del Estado hasta su abdicación en 2014.