El cannabis en la UE

El reciente acuerdo entre la Comisión Europea y el Gobierno alemán puede ser el impulso necesario —tras la legalización en Malta y la permisividad regulada en Países Bajos— para que la UE cambie de óptica en el tratamiento del consumo, compraventa y posesión de cannabis y asuma así lo que el propio ministro alemán de Sanidad defendió en rueda de prensa: con la nueva propuesta reguladora “no creamos un problema sino que tratamos de solucionarlo”. Con lentitud y timidez va abriéndose paso en la UE la conciencia de que la legalización del cannabis puede resultar más inteligente que mantener una prohibición que en la realidad social hace agua por todos lados mientras sigue siendo una boyante industria clandestina y absorbe una gran cantidad de dinero público en persecución policial.

Alemania lidera los intentos de encajar legalmente el consumo, cultivo y venta de una sustancia normalizada en la sociedad (en España lo consume habitualmente en torno a un 10% de la población) con el fin de hacer aflorar un negocio multimillonario. La ambición del plan originario de la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales ha quedado rebajada al excluir la liberación de la venta para adultos, sustituida ahora por la implantación de una serie de proyectos piloto en distintos territorios y bajo control científico. La actual batería de medidas propuestas establece un máximo de 500 socios para cada uno de los clubes de cannabis autorizados para la venta a mayores de 18 años, la limitación de 25 gramos al día o 50 al mes (30 para menores de 21), la restricción del cultivo doméstico a tres plantas por persona o la prohibición de consumirlo en zonas peatonales antes de las ocho de la tarde, y evidentemente lejos de colegios y guarderías. El plan de crear cadenas comerciales de suministro legal y controladas por el Estado va en la dirección de eludir la criminalización y concentrar los esfuerzos en la prevención, la información y los riesgos que comporta.

Las políticas represivas y penales se han mostrado incapaces de frenar el consumo a la vez que han propiciado la creación de redes mafiosas. La coincidencia de este proyecto alemán con la celebración de un macrojuicio en España contra el narcotráfico de hachís en Algeciras con un coste desproporcionado de dinero público y tiempo —150.000 euros en adaptación de los juzgados, más de 150 encausados, varias semanas de juicio— obliga a recapacitar sobre el sentido de dedicar ingentes recursos públicos a ese fin. El floreciente mercado negro del cannabis podría dejar de serlo con una regulación a escala europea de su cultivo, distribución y consumo. Frente a la política punitiva, sacar al cannabis de una clandestinidad muy poco clandestina puede ser el mejor modo de afrontar planes eficientes de prevención e información, como sucede en la actualidad con el alcohol y el tabaco.