Un cultivador de cáñamo imputado por tráfico de drogas y después exonerado: “Me han arruinado”

La Audiencia de Barcelona le ha dado una buena noticia a Albert B., de 47 años: después de un año y medio imputado por tráfico de drogas, con el miedo en el cuerpo, la causa abierta contra él y varios de sus socios como dueños de una plantación de 10.000 plantas de cáñamo industrial, con sus cogollos incluidos, en Viladecans (Barcelona) ha sido archivada. El tribunal es categórico: “Con las diligencias practicadas, no concurren indicios suficientes de criminalidad por carecer de psicoactividad mínima las sustancias aprehendidas”. Los restos de lo que en su día fueron plantas cuelgan del techo de las dos naves que Albert B. posee. Están secas. “No valen para nada. Me han arruinado”, lamenta. Ese material tenía ya un comprador, una empresa austríaca con la que habían firmado un compromiso previo: 300 euros el kilo de biomasa. En total, 475.200 euros por más de 1.500 kilos perdidos. Un dinero que Albert B. y sus socios reclamarán ahora a la Justicia.

En solares entre carreteras y naves de plástico aparece el terreno. “Lo compré específicamente para esto”, cuenta el hombre, que hace dos años decidió lanzarse al vacío, dejar su trabajo como albañil y probar suerte con el cáñamo. “Un amigo conocía a unos austríacos que nos iban a comprar el cultivo”, explica, en referencia a la empresa Allpot Trading GmbH.

Antes de ponerse a ello, consultó a un abogado para asegurarse de que seguía la normativa al pie de la letra. Con una carta de intención de compra y una empresa legalmente constituida para el cultivo de cáñamo, tramitaron todas las autorizaciones necesarias. El auto de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona que ordena el sobreseimiento de la investigación contra él los especifica: informaron al Departamento de Agricultura, al Ayuntamiento de Viladecans y a la Policía Nacional, y presentaron la factura con la adquisición de unas semillas certificadas.

También dieron cuenta a los Mossos d’Esquadra de la zona, que, según asegura Albert B., acudieron en más de una ocasión a las naves a tomar muestras. Informaron a todos menos a la Guardia Civil, que un día llamó a la puerta. “Fue un martes, cuando ya lo teníamos todo listo, porque el viernes se las llevaban ya a Austria”, recuerda el hombre con resignación. El guardia, al ver las plantas en floración, le dijo: “Tú sabes que no puedes hacerlo”. No detuvo a Albert B., pero le precintó la plantación (que sigue con los precintos a pesar del archivo judicial).

Las sumideras, conocidas como cogollos, se han convertido en el objetivo principal de todas las policías. La Fiscalía dictó una instrucción en 2021 en la que consideró que todo cogollo es droga, independientemente de los niveles de psicoactividad —lo que diferencia la marihuana del cáñamo—. Desde entonces, las operaciones policiales contra este tipo de cultivos son constantes. “El cáñamo es una tapadera para el tráfico de drogas”, manifestó hace cuatro meses la fiscal jefe antidroga, Rosa Ana Morán, en declaraciones a este diario.

Pero el auto de la Audiencia de Barcelona echa por tierra esa tesis. “Es muy relevante, porque considera que el cogollo no es directamente droga. Hay que determinar la psicoactividad”, resume el abogado Martí Cànaves, del despacho DMT Advocats, que celebra que de esta forma el tribunal aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). “Ahora mismo no todo el mundo lo interpreta así, a pesar de que la sentencia de la UE es obligatoria”, insiste. La propia Fiscalía “va en contra de los criterios del TJUE”, se queja Cànaves, que descarga de responsabilidad a los policías. También la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) considera que “las sumidades floridas, es decir, los cogollos de estos cultivos, son estupefacientes” y no se pueden destinar “a ninguna finalidad” sin su autorización.

Otra interpretación

Pero, de nuevo, la Audiencia de Barcelona —cuya decisión es firme— no lo ve igual. En su auto, subraya que la plantación de Albert B. está dada de alta como cáñamo industrial, sin que de la investigación se deduzca que su fin sea otro, aunque contenga cogollos.

El hombre repite que él no toca la planta ni extrae las flores. Lo vende todo en conjunto. Para la Guardia Civil, sin embargo, no hay duda de que los compradores finales querían solo los cogollos, no toda la biomasa, para ser fumados después. Lo deducen de la web de la empresa compradora, de las medidas de seguridad que tenía Albert B. —cámaras, alarmas y los últimos 15 días unos vigilantes para evitar robos— y de la ausencia de autorización de la AEMPS. El tribunal afirma que la conclusión de la Guardia Civil solo mirando la web de los compradores es “infundada”, ya que contiene “escasísima información”, y que la seguridad queda justificada por el casi medio millón de la transacción que estaba en juego. Y remacha que la investigación “no aporta indicio alguno” de que el cultivo requiera de una autorización de la Agencia Española de Medicamentos.

Los rayos de sol que se cuelan por el techo de plástico del invernadero de Albert B. provocan un calor asfixiante en pleno marzo. “Lo monté yo”, dice, mientras enciende los ventiladores de la nave más grande, de 4.000 metros cuadrados; la otra es de 1.300. Cuando entró la Guardia Civil, todavía guardaba la esperanza de aclarar la situación en unas semanas: por eso se pueden ver algunas telas cubriendo los troncos ya secos. “Pensábamos que lo salvaríamos”, afirma.

En total, se ha dejado unos 100.000 euros con la inversión. De su propio bolsillo deberá pagar ahora un camión que se lleve todos los cadáveres de plantas, que cultivó él mismo “desde que salía el sol hasta que se ponía”, durmiendo en una caravana colocada delante de la nave, junto a dos socios, cuando se acercaba el tiempo de la recolecta, para evitar robos. Su intención es volver a plantar, pero admite que toda la situación le ha generado inseguridad: “¿Y si vuelve otra vez la Guardia Civil?”.

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