La fiebre del cáñamo

Según consta en el atestado de la Guardia Civil, el 12 de mayo del año pasado, 22.000 plantas de cannabis fueron descargadas en Villa del Prado (6.600 habitantes), también conocido como “la huerta de Madrid o “la Almería madrileña”, por su tradición de invernaderos hortofrutícolas, ubicado en la ribera del río Alberche, a 60 kilómetros de la capital. Venían germinadas, procedentes de una empresa de Coín (Málaga). “Dejar de plantar cebolletas, pepinos y acelgas y empezar con el cáñamo, es el futuro, todo legal, se le pueden sacar 150.000 euros por hectárea”, se comentaba en la asociación de agricultores del pueblo meses antes. La empresa que asesoraba a los hortelanos se llama Magic Flower CDB S.L, la regenta Carlos Díaz, un vecino de la localidad que asegura llevar 20 años dedicado al cannabis y sus derivados, y que ahora afronta, junto a su padre, su asesora técnica y su socio y abogado, una acusación de organización criminal y un delito de tráfico de drogas.

“Antes de nada, fuimos a hablar con el sargento, le explicamos quiénes éramos y lo que íbamos a hacer, nuestro objetivo es la flor de CBD (componente cannábico), para biomasa y aceites con fines cosméticos y ornamentales; cada día le daba cuenta en el cuartel de qué habíamos sacado y del pesado de las plantas”, relata Alexia, encargada del asesoramiento de uno de los agricultores que se sumó a la iniciativa. El pasado 8 de octubre se la llevaron esposada los guardias. Apenas llevaban un año funcionando con Magic Flower, creada en diciembre de 2019.

“Cáñamo” es el término que comúnmente se usa para referirse al tipo de cannabis con un bajo contenido en THC (tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo que lo convierte en marihuana. A lo largo de la historia se ha cultivado principalmente con fines industriales (obtención de fibra, grano o semillas), pero en los últimos tiempos ha aumentado considerablemente el interés por este cultivo: “La superficie dedicada al cáñamo se multiplica por ocho en los últimos cinco años”, reza la nota enviada por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) a finales del pasado mes de abril. La fiebre del cáñamo ―de 61 a 510 hectáreas, según los datos de 2020 del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)―, impulsada como una oportunidad de negocio por agricultores y asociaciones cannábicas, trae de cabeza a la Guardia Civil, que se afana en desmantelarlas, pero que se topa después con una jurisprudencia que puede llevar al archivo de los casos e investigaciones.

“Vamos ya a dos o tres operaciones por semana”, señala un mando del instituto armado en Almería, un mar de plástico de 31.000 hectáreas, donde los invernaderos están sustituyendo pimientos y tomates por esta hierba en auge (hasta ahora se han localizado más de 100 hectáreas), bastante dura y de la que se aprovecha prácticamente todo.

“Aparte de fibras y semillas, ahora se venden esencias, aceites, cremas... Como pasó con el aloe en su día; ahora incluso se comercializan hierbas sin el componente psicoactivo del THC, solo con CBD (Cannabidiol, no psicoactivo, el otro principal compuesto del cannabis), para fumarla por sus supuestas propiedades analgésicas, o como quien se toma una cerveza sin alcohol, incluso hemos detectado que se están empezando a usar para cortar [mezclar] marihuana”, señalan fuentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. “Lo que está ocurriendo es que nos encontramos con unos productos a la venta que son legales, pero cuya producción, en teoría y de acuerdo a ley vigente, es ilegal”, resumen las mismas fuentes, que recuerdan que, como el lino, el cáñamo ha sido un cultivo subvencionado por la Unión Europea.

Nuevas empresas

En Almería ya hay más de una decena de empresas de reciente creación entre las que se encuentra también Magic Flower, según fuentes del instituto armado. Operan para que proliferen las plantaciones de cáñamo, “presuntamente industrial, pero lo pagan a 22,5 euros el kilo”, señala un mando de la guardia civil de la zona. “El precio del cáñamo industrial está entre 15 y 20 céntimos, según lo estimado por el ministerio de Industria”, advierte la diferencia. “Son empresas oportunistas, que están engañando a los agricultores, que creen haber encontrado la gallina de los huevos de oro”, dice el mismo agente, que asegura que la miembros de la Junta de Andalucía acudieron a la zona en enero pasado para advertirles de los riesgos legales de ese producto. “Están aprovechando vacíos normativos y usando terminología indefinida como “biomasa” para potenciar la producción de derivados cannábicos que están entrando en el mercado en distintas formas (aceites, esencias, adornos...) sin los debidos controles sanitarios y sin que podamos verificar su trazabilidad”, alerta el agente.

A simple vista, una plantación de cáñamo es idéntica a una de marihuana. Para determinar si es considerada o no droga, es necesario realizar un análisis toxicológico. A partir de 0,2% de THC se considera estupefaciente. El notable incremento en la extensión de estas plantaciones y el “creciente interés detectado por esta actividad agraria” por la demanda nacional y, sobre todo, internacional del cáñamo, ha llevado recientemente al Ministerio de Agricultura a poner los puntos sobre las íes en este asunto.

“El cannabis, y el cultivo de la planta de cannabis, independientemente de su contenido en THC, se encuentra regulado por la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes (CU), firmada y ratificada por España el 3 de febrero de 1966, y por la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes, y adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas”, recuerda el marco legal. “El cannabis y su resina y los extractos y tinturas de cannabis, independientemente de sus contenidos en THC, se encuentran incluidos en esos listados por lo que se consideran estupefacientes”, y su producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión debe limitarse a fines médicos y científicos, según el artículo 4 de la misma normativa.

Es decir, según eso, cualquier cogollo de cannabis, tenga o no tenga THC, es droga. Pero esa normativa, recuerda también el Ministerio, no es aplicable --y aquí viene el lío-- a las plantas de cannabis con fines industriales (destinado a la obtención de fibra, grano y semillas), según el artículo 28, y siempre que carezca del principio estupefaciente (inferior al 0,2%) conforme al artículo 9 de la ley 17/1967, de 8 de abril.

El resultado es que los guardias quedan pendientes de que el agricultor defina el fin último de su plantación, porque si dice que es para fibra, grano o semilla, no requiere autorización alguna. Y, por su parte, el agricultor queda supeditado a un potencial análisis toxicológico de sus plantas (tienen que tener menos del 0,2% de THC) si los agentes deciden investigarlo. Y comienza el juego del gato y el ratón. “Pero empiezan a sumarse miembros de grupos criminales al negocio”, señalan fuentes del instituto armado.

Ley de 1961

Se podría pensar entonces que la cuestión es fácil: si hay cogollos (técnicamente llamados “sumidades”), tengan el THC o el CBD que tengan, la plantación es ilegal. Pero no, porque existe la misma salvedad: “Salvo en el caso de que sean para producción legal de grano o semillas”, recoge la nota del ministerio. “Estamos funcionando con una ley de 1961 y 1967, cuando no se contemplaban las producciones para CBD, urge un marco normativo que regule la extracción de principios activos”, coinciden distintas fuentes de la policía judicial de la Guardia Civil.

“En los últimos meses han aparecido en Internet decenas de páginas web (como Telecogollo) que se dedican a la venta de cogollos y a otros productos con CBD”, señala el atestado policial. “En todas se usa el pretexto “industrial” para la producción de cannabis”, advierte. “Nosotros no podíamos permitir que se usaran terrenos municipales, cedidos a los agricultores, para plantar cannabis”, dice el alcalde de Villa del Prado, Héctor Ortega (PSOE), que denunció la situación a la Guardia Civil.

“Pese a lo que informa la Agencia Española del Medicamento, multitud de empresas están vendiendo cannabis para uso “medicinal”, aprovechando las presuntas propiedades de la molécula CBD, amparándose en el pretexto industrial y en la escasez de restricciones para realizar dichas plantaciones”, concluye el atestado policial de Villa del Prado. “Actualmente, el único requisito para realizar dichas plantaciones es utilizar una semilla certificada y comunicar dicha plantación a los organismos autonómicos y a la Guardia Civil”.