¿Marihuana o CBD? El cogollo, la nueva guerra policial contra el tráfico de drogas

El cogollo de la planta de cáñamo se ha convertido en la nueva obsesión de la guerra policial contra el tráfico de drogas. En los últimos meses, todas las policías españolas han actuado contra plantaciones formalmente industriales y han intervenido cantidades ingentes de plantas y, sobre todo, de sus flores, que se conocen como cogollos. Esa parte de la planta concentra CBD, un componente con infinidad de posibilidades en la industria farmacéutica, cosmética, incluso alimentaria. Para la Fiscalía, las policías y el Ministerio de Sanidad no hay margen de interpretación: los cogollos son droga, y no se pueden cultivar. De hacerlo, hay que destruirlos. Los empresarios insisten en que se trata de una interpretación torticera, que ignora la psicoactividad de cada planta y somete a acoso y derribo a un negocio lícito.

El criterio de perseguir los cultivos siempre que haya sumidades floridas (es decir, flores o cogollos) y de incautar el material ilegal se fijó en junio de 2021 por parte de la Fiscalía, ante la disparidad de criterios en Andalucía. La fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán, no piensa cambiar una coma de aquella instrucción. La preocupa la “enorme extensión” de terrenos que se están destinando al cultivo de marihuana. “España se ha colocado como un productor de primera línea mundial del cannabis”, alerta. Y le inquieta especialmente el cáñamo, que “se está convirtiendo en una tapadera para el tráfico de drogas”.

Los traficantes, según esa tesis, intentan “obtener una apariencia de legalidad con el registro en Agricultura” para cultivar cáñamo. En realidad, lo que pretenden es criar cogollos para venderlos. La instrucción lo señala: en las plantaciones de cáñamo para uso industrial se ha detectado la “posible derivación de componentes (cogollos y sumidades floridas) para un tráfico prohibido y constitutivo de delito”. La Fiscalía instruye a la policía para comprobar que el cultivo esté declarado y que no se hayan usado partes de la planta para el tráfico; si ocurre así, “deberá procederse a la intervención al menos de dichas partes”.

Algunos empresarios no ocultan que procesan cogollos. Es el caso de Francisco Gómez, de 43 años. La Guardia Civil intervino en octubre en una de las naves de su empresa, E-Canna Farming, más de 30 toneladas de plantas, y comunicó que este era el “mayor alijo mundial” de marihuana. El empresario criticó duramente la operación policial, aseguró que su negocio era cáñamo industrial y alardeó de tener 30 toneladas más. El pasado 23 de noviembre fue detenido de nuevo y desde entonces está en prisión preventiva.

S. Calvo, de 28 años, lleva con él en la empresa desde que la abrió en septiembre de 2021. “Es completamente injusto”, critica. E insiste en que ellos se dedican a procesar las plantas de cáñamo industrial de diversos agricultores con los que trabajan. En un proceso, repite, reglado, con comunicaciones a la administración, a Hacienda, y a la policía. “¿Para qué vamos a almacenar 52 toneladas de marihuana? ¿Es que estamos locos?”, repite, sobre las acusaciones de tráfico de droga por parte de la policía. Su jefe, Francisco, está dispuesto a llegar hasta el final en un proceso judicial que cree que, sin lugar a dudas, ganará. “Sentará jurisprudencia”, defiende Calvo.

En el sector del cultivo del cáñamo se alude constantemente a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, según consideran los empresarios, avala el cultivo de cogollos tras un caso en Francia de cigarrillos electrónicos con CBD. Pero esa sentencia, insiste la fiscal Morán, no dice lo que los empresarios quieren que diga: “Se refiere solo a temas de comercio y circulación de productos, pero la producción del CBD sigue prohibida”. La Fiscalía ha seguido en cualquier caso las sentencias del Tribunal Supremo en el sentido de que, cuando hay cogollos, la actividad debe ser considerada ilegal con independencia de la concentración de tetrahidrocannabiol (THC), que es el principio psicoactivo.

El Ministerio de Sanidad es taxativo: para cultivar cannabis con fines industriales no hace falta ninguna autorización previa, siempre que se usen las semillas autorizadas, con un THC por debajo del 0,2%. En el caso del CBD, recuerdan que solo se pueden destinar a la obtención de “fibra, grano o semillas”. “Las sumidades floridas, es decir, los cogollos de estos cultivos son estupefacientes”, repiten, en alineación con la Fiscalía, y no se pueden destinar “a ninguna finalidad” sin autorización de la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS). Para fines médicos y científicos, se pueden usar semillas y esquejes independientemente de su contenido en THC, siempre con licencia de la AEMPS.

Para la fiscal Morán la pista más clara del “encubrimiento” que las plantaciones de cáñamo proporcionan al tráfico de drogas es el dinero. “La producción de cáñamo no es rentable; más bien es antieconómica, y eso lo saben todos los expertos”. En la industria no niegan que, cuando se utiliza exclusivamente para la fibra, el kilo puede pagarse a 40 o 50 euros, pero repiten que el destino final de los cogollos no es el tráfico de drogas. Los laboratorios que compran el kilo de la flor de la que se puede extraer el CBD con fines cosméticos, nutricionales o medicinales, entre otros, aseguran que pagan entre los 200 y 300 euros el kilo.

“El cáñamo industrial es un producto agrícola, no es nada de lo que dicen ni los cuerpos policiales ni la fiscalía”, lamentan fuentes de la asociación para la regulación del cáñamo (ARECAN), que piden anonimato. “En este país te venden las flores en la tienda y no son droga, pero un agricultor si los cultiva sí”, critican, sobre la posibilidad de comprar cogollos en growshops cultivados en Europa. Y asegura que en la actualidad la mayoría de “agricultores e ingenieros” que se dedican al cáñamo están imputados “por tráfico de estupefacientes”, pero después acaban absueltos en el juicio. “Aplican la normativa de la marihuana al cáñamo industrial”, incide. Y añade que con las operaciones policiales “están destruyendo un tejido productivo que es el futuro del país”. “Quieren dejar que el sector productivo siga en manos de cuatro multinacionales”, denuncian abogados expertos en la materia, como Martí Cànaves, en referencia a las farmacéuticas.

Una visión opuesta a la policial, que sostiene que con la excusa del cáñamo se camuflan plantaciones gigantescas de droga. “Vienen a la comisaría, presentan los papeles, dicen que es cáñamo y así intentan que nadie les moleste mientras cultivan. Pero después encontramos plantas con más del 0,2% de THC y cogollos”, critican fuentes de los Mossos, que ponen como ejemplo una plantación en la Pobla de Massaluca (Tarragona), donde encontraron 15 toneladas de cogollos. “Tenían trabajadores irregulares que vivían allí, cuidando la marihuana, al lado del Ebro, bombeando agua”, describen. En la explotación investigada, la policía encontró a los trabajadores cortando los cogollos.

“En las últimas grandes incautaciones, se han detectado niveles de THC nunca antes vistos, como consecuencia de ciertas manipulaciones genéticas”, advierte la fiscal jefe. Algo que también ha detectado la policía en sus investigaciones. A Morán le preocupa el tema del CBD, que se venda como un “producto mágico” que “lo cura todo”. Y también “cierta sensación de que el cannabis no es malo; hay un intento de blanqueamiento”. “El cultivo de cannabis para obtener CBD no está autorizado en España”, zanja la fiscal. Una visión que no comparten en el sector: “Eso no tiene ni pies ni cabeza. No es droga porque sea cogollo, será droga porque sea psicoactivo”, reflexiona Cànaves.

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