La marihuana se dispara un 64% y es cinco veces más potente

La fiebre por la marihuana está más alta que nunca. Las plantaciones ilegales se multiplican por todo el país, con cuatro focos claros de altísima producción: Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. El año pasado las plantas decomisadas por las fuerzas de seguridad se dispararon un 64% más hasta llegar a los 2,3 millones respecto a los 1,4 millones de 2020. España es desde hace años el huerto cannábico de Europa y su primer productor, pero ahora el problema ha subido varios grados porque las mafias están asentadas y expanden sus peligrosas aristas.

Un ejemplo pasmoso: los narcopisos crecen como las setas en ciudades como Madrid, Málaga, Barcelona y Sevilla, y para lograr cuatro cosechas de cogollos al año —en exterior se recolecta solo una— usan cientos de miles de lámparas que sustituyen al sol gracias a enganches ilegales a la red. Este robo de la luz alcanzó en 2020 los 1,5 teravatios/hora, una energía equivalente a la que consume Palma durante un año, valorada en unos 300 millones de euros, según expertos del sector eléctrico.

“El inmenso beneficio económico ha atraído a bandas albanesas, kosovares y chinas que contactan con los cultivadores porque la demanda es brutal. El crecimiento exponencial de ahora no ha surgido de un día para otro, pero o lo atajamos ya, o más adelante será muchísimo más grave”, alerta el jefe de sección de cannábicos de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía. Si en un piso de 50 metros cuadrados caben unas 700 plantas que requieren 6.000 euros de inversión inicial, el beneficio estriba entre los 25.000 y los 32.000 euros al año, según un reciente informe de los Mossos d’Esquadra. En Cataluña, cuya cercanía a los Pirineos facilita el transporte hasta el sediento mercado europeo, las 826.697 plantas decomisadas se dispararon un 212% el año pasado respecto a 2020. La región se ha convertido en el mayor exportador de cannabis y el mayor importador de crimen organizado, alertan fuentes policiales.

Ningún experto se atreve a calcular cuánta droga escapa al control policial y permea entre la población española y extranjera. Solo en España, el 49% de los alumnos de enseñanza secundaria admiten haber consumido marihuana el último mes, según la última encuesta ESTUDES del Ministerio de Sanidad. Los escondites del cultivo son infinitos (pisos, grandes fincas de difícil acceso, remolques de camiones enterrados en el campo, etc.) y el precio de la droga se dispara hasta 10 veces en países como Chipre, por lo que genera jugosas ganancias.

En 2020 las Fuerzas de Seguridad detuvieron a 7.182 personas (cifra récord) por traficar con marihuana, más de la mitad de ellos sin antecedentes y atraídos por el dinero fácil. También supusieron un récord los 59.888 kilos intervenidos en las operaciones policiales, un 83% más que en 2019, con 32.568 kilos, según datos del Ministerio del Interior.

La escalada de este tráfico ilegal llevó al Ministerio de Interior a presentar el pasado diciembre un plan nacional de actuación para aplacar al crimen organizado ligado a esta droga a lo largo de 2022. A pesar de que los drones y la tecnología ayudan a localizar las plantaciones interiores y exteriores, que hacen saltar por los aires la red eléctrica, el negocio y sus ceros se imponen.

El escenario rema a favor de su expansión: España disfruta de un clima propicio para que las plantas tengan grandes floraciones y la producción sea prolífica; la crisis económica ha empujado a numerosas personas a tentar a la suerte con pequeñas plantaciones que no interiorizan como delito hasta que los agentes llaman a su puerta; las grandes extensiones de terreno camuflan los cultivos en exterior y el gran parque de viviendas vacías facilita que los consumos desorbitados de luz pasen desapercibidos. El delito está tan extendido que en provincias como Granada, el 90% de sus 168 municipios han tenido intervenciones policiales en los últimos años, según fuentes de la Guardia Civil. “La aceptación social sumada al clima, al suelo, a un reproche penal no elevado y las facilidades para obtener semillas ha generado que ciertos agricultores sean subcontratados por mafias asentadas en la Costa del Sol”, apunta el comandante Segura, jefe de coordinación del Centro Regional de Análisis e Inteligencia (CRAI) de instituto armado en Andalucía.

Si la justicia no demuestra que el ciudadano reconvertido en hortelano pertenece a una organización criminal, la pena por tráfico oscila entre el año y los tres años de prisión porque el daño no es grave para la salud, según el Código Penal. En paralelo, el delito de ocupación de vivienda pública y el de fraude eléctrico son delitos leves. Este último establece una pena de multa de 3 a 12 meses y las grandes compañías eléctricas afectadas (Endesa, Iberdrola y Naturgy sobre todo) reclaman hace años al Gobierno que endurezca las penas y las equipare a países del entorno como Francia, Italia o Alemania, donde el castigo oscila entre los seis meses de prisión y los cinco años. De momento, ha caído en saco roto. “En Cataluña antes hacíamos una intervención al mes, ahora tres al día. La sociedad no es consciente de lo que se nos viene encima. La Administración debería poner el foco en endurecer la legislación tan laxa”, aboga el responsable de inspecciones de Endesa en Cataluña.

Los narcopisos están concentrados en los barrios más humildes de las grandes ciudades, donde las plantas inundan toda la superficie o a veces los vecinos duermen en el salón y tienen los dormitorios repletos de macetas y lámparas. Los enganches ilegales (cada piso consume como 80 viviendas) provocan a menudo incendios por la sobrecarga de tensión y conllevan riesgos de personas electrocutadas. Todo vale, y para enganchar a la red general los narcos han agujereado incluso muros de carga, poniendo en riesgo la estabilidad de los edificios. Los trucos se repiten: para difuminar la peste utilizan filtros de carbono que depuran el aire y a menudo los extractores dirigen la corriente de aire hacia el alcantarillado, por lo que el olor inunda las calles de barrios enteros. Para evitar las cámaras termográficas de la Policía, los narcos se han mudado a los sótanos.

La innovación tecnológica y la digitalización de los contadores permite a las compañías eléctricas localizar con mayor precisión los edificios que albergan narcopisos y el flujo de información con las fuerzas de seguridad es continuo. Otra cosa es lograr la autorización del juez para echar abajo la puerta, ya que los indicios de que detrás hay macetas deben ser sólidos y a veces es complejo. Con el mismo número de viviendas, la zona norte de Granada tiene hoy tres veces la potencia eléctrica de hace una década, y todos los transformadores de energía operan al 100%. “Hay cientos de miles de familias en una situación económica muy precaria que complementan sus ingresos con una actividad que no les supone depender de grandes clanes de narcotraficantes del hachís de Marruecos, de la cocaína de Colombia y de la heroína de Turquía”, apunta el abogado penalista Manuel Manzaneque.

En las últimas operaciones se han detectado máquinas “rudimentarias” para obtener resina de hachís, que tradicionalmente se ha importado desde Marruecos. “Será el siguiente paso tras pasar de ser importadores a productores (…). Lo único que trae este tráfico es inseguridad porque acarrea asesinatos y robos con violencia entre bandas. La mayoría de gente sin antecedentes se mete a cultivar por dinero y sale malparada”, reflexionan fuentes de la Fiscalía antidroga.

Una droga cinco veces más potente que antaño

La marihuana que se fuma hoy no es la de antaño. El nivel medio de THC (componente psicoactivo del cannabis) rondaba hace medio siglo el 4% y hoy los alijos alcanzan de media el 20% gracias a la manipulación genética, destacan fuentes policiales. La ONG Energy Control, orientada a un consumo responsable de las drogas, ha hallado un porcentaje medio del 12,3% de THC en las 588 muestras de marihuana que le han llevado los consumidores el último lustro. Cuando el THC supera el 0,2%, el tráfico de la planta se convierte en delito.

Los expertos combaten la percepción generalizada de la marihuana como una droga blanda que apenas genera adicción ni trastornos mentales. Esa multiplicación del THC por cinco y los abusos de consumo entre los jóvenes ha provocado que la mirada de muchos expertos hacia esta droga sea contundente sobre sus peligros: “Más de la mitad de los casos que tenemos por psicosis están vinculados al consumo de cannabis. Es una evidencia que es un factor desencadenante muy importante y en las psicosis el peso de los cuadros relacionados con cannabis es cada vez mayor las últimas décadas”, ilustra Mari Fe Bravo, jefa del servicio de psiquiatría del Hospital La Paz de Madrid.

En paralelo, la mayoría del Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente a finales de junio regular el uso del cannabis con fines medicinales, en una ponencia de su Comisión de Sanidad que instará al Gobierno a permitir su consumo legal para enfermos de dolencias como la esclerosis múltiple o el cáncer. El debate sobre la regularización del uso recreativo está abierto en la Cámara Baja desde el pasado septiembre por los socios y aliados parlamentarios del PSOE, pero también por Ciudadanos, que exigen una ley que despenalice el consumo lúdico de la sustancia.