España explora una salida legal para el cannabis

Cuando sonaba en las discotecas, el estribillo desataba extrañas convulsiones, saltos de euforia, coros desafinados: “¡Lega-legalización!” La canción de Ska-p se escuchó durante mucho tiempo, pero las instituciones hicieron oídos sordos a una letra que pedía “cannabis de calidad y barato” y, sobre todo, el fin de la prohibición. 25 años después del éxito de Ska-p, el cannabis llama una vez más a la puerta en busca de un estatus legal. Parece un debate eterno e irresoluble. Pero algo se mueve. A iniciativa del PNV, el Congreso trabajará en una propuesta para regular el uso del cannabis con fines medicinales. En paralelo, en los últimos días tres partidos (Podemos, Más País y ERC) han presentado proposiciones de ley para una regulación integral, que incluya también el uso recreativo.

El 90% de la población apoya que se legalice la marihuana con fines terapéuticos, según el CIS. Más de 70 países ya lo han hecho. “Vamos tarde. Es imprescindible avanzar. El cannabis tiene propiedades antiinflamatorias, es un relajante muscular, ayuda con las náuseas y vómitos, es eficaz con el dolor crónico y, sobre todo, con los efectos secundarios de la quimioterapia”, explica Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). March cree que, para que el debate cuaje, hay que incidir en la prevención y no esconder los riesgos pese a que, en su opinión, son menores que los beneficios: “Aspirar el humo favorece la aparición de bronquitis o enfisema; en algunas personas, el cannabis aumenta los problemas de salud mental; su consumo crónico puede tener efectos en la memoria o el aprendizaje”, resume.

El camino no parece sencillo. La llave la tiene el PSOE, que se ciñe a la subcomisión del Congreso y al ámbito medicinal y condiciona su apoyo a que haya pruebas. En marzo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo que el Gobierno precisa “evidencia científica” obtenida con “ensayo clínico”. Pero José Carlos Bouso, doctor en farmacología especializado en las propiedades terapéuticas del cannabis, cree que la ministra yerra el planteamiento. “El cannabis mejora la calidad de vida de muchos pacientes, que es el aspecto más subjetivo de una enfermedad. Es clave en el dolor crónico. Está demostrado que es más seguro y tiene menos efectos secundarios que muchos medicamentos. Y los riesgos se han presentado de forma tan desproporcionada que no han evitado el consumo; al contrario, han provocado incredulidad en la población”.

Bouso opina que una ley “reducirá los riesgos asociados” al consumo de los pacientes, que ahora acceden al cannabis a través del mercado negro, “de manera estigmatizada, escondidos”. March añade que un mercado regulado evitará drogas adulteradas: “Hay vendedores que añaden orégano, detergentes o perfumes para hacerlo más atractivo”, explica el profesor, que rechaza de forma tajante uno de los argumentos de los prohibicionistas: legalizar el cannabis aumentará su consumo. “Cuando una sustancia es ilegal, genera más ganas de probarla, sobre todo entre los jóvenes”. En Colorado (EE UU), con una ley de 2014, los estudios indican que las cifras se han mantenido estables entre adolescentes y jóvenes.

España prohibió el cultivo, producción y venta de cannabis en 1967, seis años después de que el convenio de Naciones Unidas sobre estupefacientes lo incluyera en la “lista IV” junto a las drogas más dañinas, como la heroína. El pasado diciembre, las sacó de allí y reconoció sus propiedades medicinales. Es, en todo caso, la droga ilegal más consumida. El 37,5% de la población española la ha probado en algún momento de su vida, según la encuesta EDADES de Sanidad. En 1995, ese porcentaje era de apenas el 14,5%, lo que “demuestra que la prohibición no ha frenado el consumo”, recoge la proposición de ley de Más País, muy similar en lo esencial a las de Podemos y ERC en tanto que prevén tres vías de acceso: el autocultivo, los clubes cannábicos y el mercado regulado.

Los profesionales que empujan, desde hace décadas, para llevar al cannabis a territorio legal creen que es el momento. Y que están cargados de razones. “Así no podemos seguir”, resume Martí Cànaves, abogado especializado en el sector. “Si queremos proteger la salud, con una ley dificultamos el acceso a menores y controlamos la calidad del producto. Si queremos evitar que grupos criminales controlen el mercado negro, con una ley reducimos su poder”, afirma. Ana Afuera, de la confederación que agrupa a las asociaciones cannábicas (Confac) ve con esperanza que el debate llegue al Congreso y pueda prosperar. Pero piensa que hay que “llegar a un gran consenso social y político” para que todos “se sientan cómodos”. “No puede ser barra libre ni prohibición total, no podemos banalizar ni demonizar el consumo. Tenemos que demostrar que servimos para reducir riesgos y el narcotráfico”, dice Afuera como condición para que un PSOE hasta ahora reacio se abra al diálogo. El pasado septiembre, el Senado rechazó tramitar una ley para regular los clubes de consumidores de cannabis con los votos en contra de PSOE, PP y Vox.

Si en el uso medicinal muchos países ―también europeos, como Portugal o Italia― ya han dado un paso adelante y España se queda atrás, en el campo recreativo aún está a tiempo de contarse en el grupo de cabeza. Uruguay fue el pionero, seguido de Canadá y diversos Estados de Estados Unidos, mientras que México está ya en esa senda. Con el PP y Vox radicalmente en contra, la llave la tienen los socialistas, insisten en el sector. “De puertas adentro, el PSOE nos dice que nos apoya. Pero luego está pendiente del coste político y acaba siendo el gran obstáculo”, cuenta David Rabé, un activista histórico por la legalización que promovió un debate en el Parlamento balear. Rabé es partidario de vetar el acceso de los turistas a los clubes para conjurar otro de los riesgos asociados: que la regulación atraiga un cierto “turismo cannábico”.

El trauma de los ochenta

Solo el 47% de los ciudadanos, según el CIS, aprueba la regulación integral, aunque ese porcentaje aumenta entre los jóvenes, recuerda Más País. Pero el porqué de la resistencia a levantar el veto al cannabis va más allá del análisis de encuestas o del cálculo electoral. “No hemos superado el trauma colectivo que fue, en los ochenta, el problema de la droga y en particular de la heroína. No hay gobierno que quiera lidiar con ese fantasma”, cuenta Juan Carlos Usó, historiador y autor, entre otros, de Drogas y cultura de masas. Usó agrega que la asociación del cannabis a ciertos ámbitos de “la contracultura” no ha ayudado a darle el estatus del que gozan el alcohol o el tabaco en ámbitos más conservadores. Por su proximidad a Marruecos (histórico centro productor), España ha tenido una relación especial con el cannabis, como se refleja en alusiones en las obras de Rafael Sánchez Ferlosio, Camilo José Cela o los hermanos Goytisolo, cuenta el historiador. En la prensa, añade, “siempre ha sido una droga desprestigiada, de pobretones y moros. Nunca tuvo el cartel de droga bonita, como la cocaína”.

Las propuestas de los partidos, muy detalladas ―incluyen indicaciones sobre etiquetajes, controles, impuestos― difieren en detalles importantes. La de Podemos, por ejemplo, prevé una ley específica y distinta para los usos terapéuticos y plantea el consumo legal en el ámbito privado, pero no en la calle. Pero coinciden en lo nuclear, que son las tres formas de acceder de forma legal al cannabis: el autocultivo (con un máximo determinado de plantas o kilos, lo que provoca dudas en el sector), la asociación cannábica (que saldría así del limbo jurídico en el que se encuentra, con consecuencias penales para sus responsables); y el mercado regulado, o sea la venta en establecimientos autorizados. ERC propone que esa distribución la hagan solo las farmacias, “un modelo similar al de Uruguay, que no ha acabado de funcionar porque se marcó un precio muy bajo, de un dólar el gramo, y no dejaba espacio a la iniciativa privada”, explica Constanza Sánchez, doctora en derecho internacional de la Fundación ICEERS.

Especialista en políticas de drogas y su regulación internacional, Sánchez cree que “ninguno de los modelos” ahora en vigor (el uruguayo, el canadiense y el de diversos estados de EE UU) es “idóneo” para España. Cree, sin embargo, que un “híbrido” de las tres propuestas que se han registrado en el Congreso sería una buena opción. Aunque es partidaria de una única ley integral ―trabajó en un borrador para Podemos hace dos años―, Sánchez ve llamativo el orden con que el debate ha llegado a España. “En el resto del mundo, primero se ha empezado por la regulación medicinal y luego se ha añadido el uso recreativo”. “Es interesante que se plantee como un tema más de política pública”, añade Sánchez, que pide pasar página a una etapa en la que hablar de regulación era tabú por “el trauma de la heroína”.

Exportar marihuana, importar crimen

La paradoja es que, mientras se queda rezagada en la regulación, España, país de sol abundante y clima ideal para las plantaciones, lidera la industria ilegal: buena parte del cannabis que se consume en Europa se cultiva aquí. Lo resume con elocuencia Ramon Chacón, jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra: “Somos los números uno exportando marihuana, pero también importamos crimen organizado”.

La marihuana trae de cabeza a la policía, que advierte de la penetración de la narcoeconomía en el tejido social. Cada año hay más de 13.000 detenidos por delitos relacionados con el cannabis. En 2019 se incautaron 1,5 millones de plantas, un 738% más que seis años antes: lidera Cataluña (descrita en los informes policiales como “el epicentro del mercado ilegal de marihuana en Europa”), seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana. El auge del cannabis tiene otras consecuencias. Las pugnas entre grupos cada vez más armados “se saldan con robos violentos y muertes”, cuenta Chacón, que advierte de que la marihuana dista mucho de ser solo un problema policial. Su poderío económico, señala, da alas a la corrupción: en las investigaciones, cada vez -aparecen más policías comprados con el gigantesco negocio ilegal de la marihuana. Según Europol, los europeos gastan cada año 30.000 millones de euros en la compra de drogas. El 39% de ese dinero lo destinan al cannabis.

Fuentes policiales señalan que el escenario actual es el peor posible: el Código Penal no castiga con tanta dureza el tráfico de marihuana como el de cocaína o heroína (consideradas por el Tribunal Supremo como sustancias que causan grave daño a la salud) y, por tanto, hay menos temor a las consecuencias penales de dedicarse a ese negocio. La estrategia, coinciden, es fallida. Uno de los grandes argumentos de los partidarios de la regulación es que llevaría a disminuir la criminalidad. Las fuentes policiales lo ponen en duda porque depende de muchos factores; por ejemplo, de que haya un precio legal competitivo. Aunque no hay experiencias internacionales que avalen una u otra tesis, un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) concluye que la regulación reduciría su cuota de mercado hasta dejarla en el 15%.

El estudio de la UAB analiza el impacto económico de una eventual regulación: con un volumen de negocio de 8.500 millones de euros al año, la nueva industria crearía 100.000 puestos de trabajo directos. Un negocio goloso en el que habrá que ver, advierten en el sector, cómo se reparten los papeles las grandes empresas y los pequeños cultivadores. Hay otro dato que subrayan las propuestas registradas llevadas al Congreso: la actividad generaría más de 3.300 millones al año con los nuevos impuestos a la comercialización. Podemos, Más País y ERC prevén la creación de un impuesto especial, similar al del tabaco. Una sustancia, recuerdan quienes empujan por la regulación, que sin haber demostrado nunca efectos positivos o terapéuticos, disfruta plácidamente de los beneficios de la legalidad.