El moderno prestigio de la tiranía

Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos incriminado por la justicia, porque su precursor, Richard Nixon, consiguió eludirla gracias al perdón que le otorgó su vicepresidente y sucesor, Gerald Ford. Sin amnistía, habría sido conducido ante el juez, como ahora le sucederá al auténtico pionero en esta fea y escandalosa historia. Nixon escapó de la destitución o impeachment por el escándalo de espionaje electoral conocido como el caso Watergate, gracias a su dimisión a cambio de un perdón que abarcó todos los delitos que hubiera podido cometer durante su presidencia, como obstrucción a la justicia, fraude fiscal, perjurio, soborno, malversación y prevaricación.

Trump, como ciudadano privado, tiene un largo historial de turbulentas relaciones con la justicia desde hace 50 años, pero siempre ha salido bien librado gracias a los trucos y dilaciones de su ejército de abogados y al poder corruptor del dinero a su disposición. Ya en la Casa Blanca, ha tenido que enfrentarse con la investigación de un fiscal especial sobre su complicidad con las interferencias del Kremlin en la elección presidencial, y no precisamente por falta de pruebas, sino por la imposibilidad de incriminar a un presidente en ejercicio sin su impeachment previo. Luego, al final de su presidencia, también a dos impeachment —caso insólito en la historia presidencial—, el primero por abuso de poder y obstrucción al Congreso y el segundo por incitación a la insurrección en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, ambos rechazados gracias a su control sobre los senadores republicanos.

Aunque es el soborno a una actriz porno el que lo lleva ahora ante el juez, pesan sobre él un rosario de casos, desde la obstrucción del recuento electoral y el asalto al Congreso hasta la apropiación de documentación oficial clasificada como secreta. Nunca le ha faltado el apoyo de los republicanos, agradecidos por los frutos de su presidencia en cuanto a control de la justicia, especialmente del Tribunal Supremo, y arrastrados ahora por su capacidad de convertir su incriminación judicial en un espectáculo mediático de victimización populista que se gira contra sus adversarios demócratas, acusados de politizar a la justicia, hasta situarle de nuevo camino de la victoria en las primarias republicanas y quizás en las presidenciales.

Trump piensa lo mismo que Nixon defendió en una célebre entrevista: “Si lo hace el presidente, significa que no es ilegal”. Más allá de sus consecuencias para la Alianza Atlántica, el apoyo a Ucrania frente a Putin y las relaciones con Europa, el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025 sería la ruina definitiva de la democracia en un país que habría renunciado a la igualdad ante la ley y al rendimiento de cuentas por parte del presidente, convertido así en un monarca tiránico, exactamente lo que quisieron evitar los padres fundadores de la república cuando redactaron la Constitución en 1787 tras independizarse de la Corona británica.