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Tribuna
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Por una Europa integrada, flexible y de progreso

Para profundizar en sus niveles de democracia y de avances sociales, la UE debe reformar sus tratados, eliminar el veto en sus decisiones colectivas y permitir un tipo de cooperación según las ambiciones de cada país

Pleno del Parlamento Europeo, el pasado miércoles en Estrasburgo.
Pleno del Parlamento Europeo, el pasado miércoles en Estrasburgo.JULIEN WARNAND (EFE)
Jesús Lizcano Álvarez

Es cierto que nuestro proyecto de casa común europea, nacido hace 70 años, goza actualmente en general de buena salud, y también es cierto que la UE es una región privilegiada dentro de esta aldea global de 8.000 millones de personas, con unos niveles de libertad, calidad de vida, educación, salud y democracia no existentes en ninguna otra región del mundo. Pero lejos de recrearnos en la autocomplacencia, resulta necesario mantener los esfuerzos para lograr una Europa más integrada y a la vez más flexible, para alcanzar los niveles de operatividad, democracia y utilidad social que los ciudadanos europeos demandan y merecen. La Unión Europea, según numerosas encuestas, cuenta actualmente con el mayor nivel de apoyo social que ha tenido en muchos años; y parece que ha dejado de ser la Europa de los recortes y los hombres de negro, y ha pasado a ser una Europa de impulso institucional, económico, sanitario y de solidaridad. No obstante, sigue habiendo diversas deficiencias y rigideces que han de ser superadas para un mejor y más democrático funcionamiento en sus órganos e instituciones.

Creemos en este sentido necesaria una reforma urgente de los tratados europeos, con el fin de subsanar, en primer lugar, el déficit democrático que supone la existencia del derecho de veto. Mientras un solo país pueda imponer a todos los demás su voluntad en los proyectos, decisiones y objetivos europeos, no existirá una verdadera democracia. El cambio de la actual regla o exigencia de unanimidad entre los 27 países de la UE para aprobar decisiones colectivas trascendentales, sustituyéndola por una mayoría cualificada o reforzada, sería un paso decisivo para lograr avances fundamentales en terrenos como la fiscalidad, los asuntos sociales o la política exterior.

Otra vía para superar las rigideces e inoperancia en el funcionamiento de la Unión Europea sería establecer una estructura dinámica de participación en el proyecto europeo a través de la denominada geometría variable o una Europa de dos velocidades, de forma que hubiese un cierto nivel de flexibilidad para la participación en el proyecto europeo y en las decisiones. Así, sin perder el carácter integrado y la estructura común del conjunto de los 27, cada país podría decidir su participación en un nivel de cooperación reforzada, y formar parte así de un núcleo duro o más estrecho de países en torno a una Europa más integrada e interdependiente, o bien pertenecer al grupo de países con un nivel algo más ligero y menos autoexigente en los proyectos y objetivos de la Unión Europea. Ello no haría perder el carácter integrado de los 27, pero con dos niveles de implicación, participación y cesión de soberanía dentro del devenir colectivo supranacional.

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Para lograr tanto esos cambios sustantivos en el nivel de mayorías en las votaciones, haciendo desaparecer el derecho de veto, como para posibilitar esos grados flexibles de integración por los países miembros, sería necesario que se celebrase finalmente la varias veces anunciada Convención Europea, en la cual se pudiesen aprobar esas reformas de los tratados que tanto necesita Europa para profundizar en sus niveles de democracia y de progreso social.

Aparte de lo anterior, y de cara también a propiciar un progreso integral de la Unión Europea, se debería retomar en algún momento el proyecto de una Constitución Europea. Aprobado originalmente en 2004, quedó paralizado por la falta de ratificación de varios países y como consecuencia de diversas rencillas entre varios de los Estados miembros. Esta nueva Carta Magna europea podría igualmente contemplar la posibilidad de los nuevos sistemas de votación y niveles de integración que hemos apuntado anteriormente.

Creemos, finalmente, que en este escenario de posibles reformas y avances europeos, España podría tener un papel significativo en los próximos meses, dado que nuestro país va a ostentar la presidencia europea en el segundo semestre de este mismo año. Para ello sería necesario que en nuestro país se considerasen estos avances europeos como una cuestión de Estado y que las distintas fuerzas políticas lo tomasen como un proyecto común y participasen en el mismo de una forma coordinada, transparente y generosa (aunque esto pueda sonar a utopía), actuando así como catalizadores de ese progreso democrático e institucional, y que podría suponer una aportación al devenir histórico de nuestra casa común europea. Eso haría, además, que los ciudadanos españoles (e incluso los europeos) pudiésemos creer mínimamente por una vez en la capacidad de diálogo y de acuerdo, y, por tanto, de respeto a la voluntad ciudadana, por parte de nuestra clase política.

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