El Defensor rinde cuentas

Hace poco más de un año empezó por fin en España la búsqueda de la verdad sobre la pederastia en la Iglesia católica. Después de tres años de investigación de este periódico, la entrega de un informe con 251 casos al Vaticano y a la Conferencia Episcopal hizo estallar definitivamente el escándalo, hasta entonces negado por la jerarquía eclesiástica. Tras un debate sobre la fórmula más idónea, el Congreso aprobó casi por unanimidad —con el voto en contra de Vox y la abstención de UPN— encomendar una investigación al Defensor del Pueblo, mientras por su parte los obispos encargaron una auditoría interna a un despacho de abogados.

España ha llegado tarde a esta tarea, aunque ya con la posibilidad de evaluar la experiencia de otros países como Irlanda, Francia, Australia o Alemania, que durante años han podido inspeccionar los archivos de la Iglesia y recoger miles de testimonios. La petición oficial a la Iglesia de que comunique todos los casos de abusos de los que tenga conocimiento desde 1950 llega tras casi un año de trabajos del Defensor, junto a la petición de información sobre los procedimientos puestos en marcha por la Iglesia “de escucha y reparación”. De la respuesta a la carta enviada a las 70 diócesis dependerá la valoración de lo que aquí es esencial: la verdadera voluntad de saber y aclarar lo que ha ocurrido y la asunción de responsabilidades para atender las demandas de las víctimas. Ya no hay posibilidad de inhibirse ante la información disponible ni mirar para otro lado.

El Defensor del Pueblo ha optado por centrarse en primer lugar en la escucha y atención a las víctimas. En nueve meses —comenzó a trabajar de facto en julio— ha recogido 445 testimonios y dispone de un equipo multidisciplinar de siete personas que viaja por España para mantener entrevistas personales. Una comisión de expertos elaborará luego un informe final en el que hará propuestas de actuación al Congreso. Por su parte, la investigación abierta por la Iglesia y encargada a un despacho de abogados está lastrada ante las víctimas por falta de credibilidad y de neutralidad, y solo 150 de ellas han contactado con el bufete. Atendidas por un equipo de cuatro abogadas, el primer paso es rellenar un formulario y la mayoría de las entrevistas han sido telefónicas. Ha renunciado a tener su propia investigación cuantitativa del alcance del fenómeno y se centrará en el análisis de lo ocurrido y la propuesta de recomendaciones, no vinculantes. Sin tener tampoco acceso a los archivos de la Iglesia, se marcó un plazo de un año, que ha ampliado en seis meses más. Aún es pronto para una valoración suficiente de los trabajos, pero ante una cuestión tan enorme, que abarca décadas, resulta poco creíble que el informe de la Iglesia esté en la recta final, mientras la investigación pública ha evitado establecer un plazo fijo, con buen criterio, dado que lo contrario podría forzar un cierre en falso de la investigación.

Siguen abiertas, sin embargo, algunas incógnitas sobre el alcance de la presión del Defensor del Pueblo para exigir información y documentación a la Iglesia y tampoco está claro si elaborará un estudio demoscópico, como se hizo en Francia, para dar cifras estimadas de esta lacra, una vez obtenidos datos propios a través de los testimonios recogidos. El buen fin de esta investigación depende en gran medida de la disposición de la Iglesia a abrir sus archivos y ofrecer información veraz y completa, y sin ese paso decidido los trabajos pueden quedar en nada más que esfuerzos baldíos y bienintencionados.