El dinero y la política

La fuga de Ferrovial tiene poco misterio: se va para mejorar la cuenta de resultados y pagar menos tributos, dejando atrás una historia no exenta de turbulencias como, por ejemplo, la financiación de Convergència, a través del Palau de Félix Millet o el reparto de las licitaciones con otras compañías recientemente sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La puesta en escena de Rafael del Pino con el inefable argumento de la seguridad jurídica confirma, sin embargo, el carácter sintomático de la noticia, una muestra más del supremacismo de los grandes poderes económicos en el estadio actual del capitalismo. La reacción del Gobierno, especialmente enfatizada por la ministra Nadia Calvino, y las prisas del PP, vía Cuca Gamarra, para sacar tajada, siempre a disposición del dinero, abren las expectativas sobre el recorrido que puede tener una decisión que no puede sorprender tratándose de un ciudadano que afirma “que no hay que subir tipos ni inventar nuevos impuestos, sino en todo caso lo contrario”.

La seguridad jurídica es el argumento recurrente del capital ante cualquier decisión gubernamental que les incomode. Pero no parece que su manera de entenderla sea conforme a los criterios que la regulan. El diccionario la define así: “principio general del derecho que impone que toda persona tenga conocimiento cierto y anticipado sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y omisiones”. Y evidentemente debe concretarse en la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos; en una legislación clara con poco margen a las ambigüedades; y en una división de poderes efectiva que significa, entre otras cosas, la despolitización de la justicia (algo que ahora mismo está lejos de ser evidente en España)

¿Por qué recurrentemente cuando hay decisiones políticas que afectan a sus intereses los poderes económicos apela a la seguridad jurídica? Porque es el eufemismo con el que se disfraza su manera de entenderla: que los intereses del dinero están por encima de cualquier cosa. Y los más brutos, lo dicen con mayor rudeza: que ellos crean riqueza, y que paguen los demás. Es decir, apelan a la seguridad jurídica precisamente para deshacerla, para desmontar lo que consideran un corsé. Como si seguridad jurídica quisiera decir derecho a hacer lo que yo crea conveniente independientemente de lo que diga la ley. Y si la ley no me complace, por seguridad jurídica me voy a otro país.

La economía como una actividad que ha de escapar al control político. Ésta es la idea que ha alimentado la ideología neoliberal todavía vigente en muchos sectores, a pesar de haberse estrellado en la crisis de 2008. Y, como se ha demostrado, en una vía abierta por la que se cuela el autoritarismo posdemocrático, para un mejor control de la ciudadanía, alimentada con doctrinas reaccionarias, mientras el dinero hace camino por su cuenta. Y lo más patético es que no pocos economistas les acompañan en este camino olvidando el consejo metodológico de Keynes: “la economía es una ciencia moral y no una ciencia natural. Apela a juicios de valores”. Pretender que la política sea cautiva de una presunta (e incontestable) verdad científica de la economía, en pleno desprecio de la complejidad institucional, cultural y de la economía del deseo, es una vía directa al autoritarismo al reducir al ciudadano a hombre unidimensional.

El número montado por Rafael del Pino es relevante por significativo de la amenaza que pesa y crece sobre nuestras sociedades: la evolución hacia la plutocracia con los poderes políticos sometidos a las exigencias del poder económico y con el discurso de los expertos como fuente principal de legitimación política. Los ciudadanos, y con ellos la legitimidad democrática, quedan como invitados silenciosos a unas instituciones basadas en la legitimidad tecnocrática que emana de Bruselas. Poniendo a su vez en evidencia la precariedad política de la Unión.

Del Pino no se va a los Estados Unidos, aunque tenga buena parte del negocio ahí, se va a Países Bajos, que forma parte de la misma Unión Europea que España, y no hay nada que se lo impida. La competencia está en casa. No es extraño que la Unión Europea le cueste tanto bajar a la tierra y pasa el tiempo y sigue siendo vista como una lejana estructura tecnocrática, que contribuye más que frena a la hegemonía del dinero sobre la política. Es el círculo vicioso en el que están atrapadas las democracias europeas. Y no deja de ser relevante que los momentos der mayor cohesión, en los últimos años, hayan sido debidos a dos fenómenos en cierto sentido ajenos a las estrategias económicas: la pandemia y la guerra de Ucrania. Dos tragedias que por lo menos deberían servirnos de recordatorio de que no todo empieza y termina en la economía. Y que es peligroso para las libertades que el dinero socave a la política. Especialmente en momentos de cambio con sensibles progresos en materia de derechos personales.