Paradojas de una Cataluña en fase tentativa

La justicia y el Gobierno español se sienten respaldados por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los afectados y el independentismo en general también. No hay razón para sorprenderse de estos entusiasmos contradictorios: es un fenómeno recurrente en política, donde reina la lógica del amigo y del enemigo. Cada cual lo ve según le conviene. Hasta que llega el momento, quizás todavía lejano, en que la realidad da y quita razones.

¿Es posible una versión objetiva, no contaminada por deseos de parte, de la decisión de los jueces? El documento no está exento de ambigüedades, quizás porque se trata de una resolución que intenta satisfacer a las distintas sensibilidades del tribunal. De la mano de un abogado amigo, creo que el sentido del ejercicio puede entenderse así: al tribunal europeo lo que le preocupa en verdad es el precedente que se pueda sentar. En todas las instituciones europeas, la deriva dictatorial de Hungría y Polonia, especialmente de la primera, está siempre detrás de las resoluciones que pretenden establecer criterios generales. Eso explica por qué la sentencia acepta en principio los postulados de Llarena, pero admite excepciones referidas a la vulneración de derechos humanos y garantías. En resumen: la justicia belga tendrá mucho más difícil oponerse a la euroorden, pero no imposible. Si algo se puede concluir es que lo que llegue tardará en llegar. Y los que abandonaron el país para eludir la actuación judicial y llevar el conflicto soberanista a la escena europea pueden aspirar a seguir alargando la situación.

El TJUE ha puesto en escena el concepto de “grupo objetivamente identificable”, del que el independentismo ha hecho inmediatamente bandera. Sería interesante que se dieran ciertas instrucciones para la definición del concepto. ¿Qué requisitos debe cumplir un grupo humano para reconocerle, como tal, el estatuto de sujeto de derechos e imagino que de deberes, que aporta valor añadido a los derechos individuales de los ciudadanos que lo componen? De momento, una parte del independentismo reclama esta condición. ¿Cuáles son sus límites y hechuras? ¿La nación catalana? ¿El votante independentista?

La sentencia y sus usos políticos, a la que pronto se sumará la decisión sobre la inmunidad de los diputados independentistas europeos, llega precisamente en el momento en que se ha consumado el cambio —aunque sea provisional— en las parejas de baile de la política catalana. Fue la salida de Junts per Catalunya del Gobierno la que rompió la cada vez más forzada unidad independentista con el propósito inconfesado de volver a ocupar el espacio de la derecha nacionalista y que ha dado de momento como resultado el pacto entre Esquerra Republicana y el PSC que permite al presidente Aragonès aspirar a completar su mandato y que deja al PSC en una situación de comodín que le puede llevar a echar una mano a Esquerra ahora o a Xavier Trias después, si llegara en cabeza en las municipales, según crea conveniente para su juego de equilibrios. Un PSC cada vez más sensible a las voluntades del empresariado catalán incómodo con el independentismo.

La sentencia del TJUE llega así en fase tentativa, cuando los nuevos pactos levantan acta del final de un período, el procés que culminó en 2017 (que no hay que confundir con el final del independentismo, que sigue vivo aunque tan fragmentado como casi siempre) y Cataluña entra en fase de alianzas de perímetro variable, a la espera de lo que digan las elecciones municipales. Los portavoces de Junts se rasgan las vestiduras por presunta traición de ERC al independentismo, que rompe el mito de la llamado mayoría del 52% con un regreso al tripartito, es decir, al eje derecha/izquierda, abandonando la dinámica de la confrontación patriótica. Y al socaire de la sentencia europea, en pleno desconcierto de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont recupera protagonismo pasando de simbólico a efectivo su liderazgo sobre Junts per Catalunya. Él fue quien forzó la salida del Gobierno y él será quien marque los próximos pasos en un grupo que carecía de liderazgo preciso.

Paradojas de la política, el independentismo cuenta con una baza impropia: la derecha española le necesita para su propósito de conquistar La Moncloa en un año. La amenaza separatista que quiere destruir España es la principal bandera que exhibe Feijóo para poder denunciar a Pedro Sánchez como liquidador del régimen del 78 y movilizar las pasiones patrióticas de la ciudadanía. Cuando las ideas y los proyectos van escasos hay que buscar fantasmas con que alentar el miedo. Quién más duro es contra el independentismo es quién más nos recuerda su presencia porque vive de la confrontación. No se debería olvidar que entre 2012 y 2017 pasaron cinco años de despliegue del procés sin que el presidente Rajoy hiciera nada para resolver un problema que nunca debía haber salido de la política y que acabó subrogando a la justicia. Y ni siquiera le sirvió para conservar el poder.