No solo la geología

No es tan solo la atormentada geología de la península de Anatolia, tensionada por cuatro placas tectónicas, la que ha destruido centenares de miles de edificios en Turquía y en Siria y sepultado a millares de ciudadanos, muchos de ellos definitivamente. La inexistencia de un Gobierno eficiente y de un Estado capaz de garantizar los mínimos de seguridad a sus ciudadanos es la causa fundamental de las cifras descomunales de fallecidos que se están contabilizando tanto en las 10 provincias turcas afectadas por los temblores de tierra como en las dos regiones sirias, una bajo control de la dictadura de Bachar el Asad y la otra de los rebeldes todavía en guerra contra Damasco.

En un caso, el turco, la negligencia, el clientelismo, e incluso la corrupción están detrás de la extrema fragilidad ante los terremotos de un extenso parque de viviendas construido con materiales y normas deficientes. El contraste entre las ruinas de los edificios derrumbados por el temblor, justo al lado de otros edificios que se han mantenido intactos, explica por sí solo la extensión de un tipo de construcción surgido del progreso rápido y low cost de la era Erdogan. Fue un terremoto, el de Izmit en 1999, con más de 17.000 víctimas mortales, uno de los elementos que propulsó al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), le dio la mayoría para el Gobierno en 2002 y ha permitido al propio Recep Tayyip Erdogan estar al frente del país desde 2003, primero como jefe de Gobierno y luego como presidente. Pero puede ser otro terremoto, el actual, el que ponga en peligro esa mayoría e incluso la continuidad del presidente en las elecciones previstas para mayo.

Las normas de construcción antisísmicas y las inspecciones implantadas a partir de aquella catástrofe han ido relajándose en el cuarto de siglo de hegemonía del AKP. Centenares de miles de edificios construidos desde entonces fuera de la normativa recibieron la convalidación legal en 2018, en una amnistía urbanística que procuró sustanciosos ingresos a la Administración, teóricamente dedicados a seguridad sísmica. Será difícil, por tanto, que el Gobierno y el presidente puedan eludir las responsabilidades que ya se les demanda desde la oposición.

En Siria no es un Estado ineficiente el responsable último de la devastación, sino un Estado autocrático y gravemente implicado en la represión de las revueltas de los ciudadanos. En su caso, son los cascos blancos, grupos de ciudadanos organizados para asistir a las víctimas de la guerra, los que han tomado la iniciativa, a pesar de sus escasos medios, en el rescate de los supervivientes. Urge aligerar el actual régimen internacional de sanciones, embargos y bloqueo de comunicaciones contra el régimen para permitir la llegada a Siria de ayuda humanitaria y de grupos de rescate. Por desgracia, Bachar el Asad, aliado agradecido por la ayuda militar de Putin y de Jamenei, intentará extraer partido político de la catástrofe para avanzar en su reconocimiento internacional, pero esta región entre la cuenca de los mares Negro y Mediterráneo necesita la máxima solidaridad y cuantos recursos sea posible para el auxilio a las víctimas y la reconstrucción de sus ciudades.