El retardismo y la especulación, nuevos enemigos del clima

Acaba de terminar un año plagado de curvas en el camino de la transición ecológica. Cuando el 24 de febrero Vladímir Putin invadió Ucrania, la guerra sacó a la luz nuestras incoherencias y contradicciones y descubrió dos nuevos enemigos del clima: el retardismo y la especulación. Todo esto, mientras se acumulaban evidencias del cambio climático en todo el mundo y se comprobaba cómo sus efectos encadenados generaban una peligrosa espiral de insostenibilidad.

Entre las buenas noticias que ha dejado 2022 cabe destacar que el conocimiento sobre las consecuencias de la crisis climática está avanzando de forma considerable, y se miden ya no solo sus repercusiones biológicas, sino también las afecciones a la salud, pérdidas económicas, y desafíos para las sociedades igualitarias y las democracias. Como muestran numerosos estudios, la sociedad va entendiendo que dependemos de la biosfera, lo que significa que nuestra salud, tanto en lo individual como en lo colectivo, está vinculada a la suya. A ello apuntaba la Unión Europea cuando en diciembre de 2019 anunció el Pacto Verde Europeo y luego se reafirmó en el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation, que hacía de la economía verde uno de sus ejes.

La invasión de Ucrania lo cambió todo. También los planes de transición ecológica. Las sociedades europeas descubrieron de repente que buena parte de su riqueza, confort y bienestar se la debían a la energía barata procedente de Rusia. Putin nos puso frente al espejo de nuestras contradicciones. En la imagen reflejada, una Europa dependiente que, pese a ser pionera en la lucha contra el cambio climático, está pagando las consecuencias de haber retrasado las decisiones sobre política energética. Tanto, que al estallar la guerra apenas alcanzó a subvencionar combustibles fósiles, sustituir el gas ruso por gas de otras procedencias sin hacer ascos a nadie, y admitir incluso el aborrecido fracking para garantizar sus reservas. Se aceleraron también los planes de expansión de renovables, pero difícilmente podrían desplegarse a tiempo de cubrir el déficit energético provocado por la guerra. Una pregunta recorrió Europa: ¿por qué no lo hicimos antes? La UE chocó con las consecuencias del retardismo, esa nueva versión del negacionismo que consiste en retrasar los cambios imprescindibles aún a sabiendas de que se incrementa el riesgo. Pasados 10 meses, algunas de las medidas más polémicas se han ido retirando; otras persisten.

Donde triunfa año tras año el retardismo es en las cumbres del clima. Mientras los países más vulnerables desean avanzar deprisa, otros intentan retrasar las decisiones porque ven amenazado su estatus. La cumbre en Egipto fue considerada en el Norte una derrota, aunque las naciones pobres consiguieron el demandado plan de compensación de pérdidas y daños por el que venían trabajando desde hace más de una década. Lo malo es que empezamos a acostumbrarnos a volver de estas citas con sensación de fracaso; lo bueno es que esa misma “decepción”, como calificó Frans Timmermans a la cumbre, debería servir de acicate para que Europa haga sus deberes. La batalla del clima no se ganará en las COP; pero sin ellas, tampoco.

Retardismo encontramos también en la gestión del agua. En plena sequía, nada menos que Doñana, deteriorada hasta el extremo por la extracción de agua para el turismo y la agricultura, vio aprobar planes para regularizar 1.461 hectáreas de regadío que explotan un millar de pozos ilegales. Quienes debían parar el desastre optaron por retrasar el momento de plantar cara a la verdad: que todos los escenarios de cambio climático dibujan una menor disponibilidad de agua y que los usos han de adaptarse a ello. También aquí hay luces, esta vez en el mar Menor. Tras años de mirar hacia otro lado, los planes puestos en marcha en la zona suponen avances importantes. Incluso se ha conseguido aprobar una iniciativa legislativa popular para reconocerle personalidad jurídica al mar Menor. Un asunto complejo, que necesita desarrollo jurídico, pero que muestra que se va entendiendo lo importante que es proteger la biosfera para la salud de las personas y de la sociedad; lo demás, pertenece al reino de la fantasía.

Si algún ejemplo ilustra bien lo que es este retardismo, es la todavía pendiente demolición del hotel del Algarrobico, símbolo de tantos desmanes, como explicaba en estas páginas hace unos días el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, o en las políticas contra la contaminación de Madrid y el área metropolitana de Barcelona, que acaban de recibir una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europa por incumplir “de forma sistemática y continuada” los límites de contaminación ambiental.

Afortunadamente, hay ámbitos que empiezan a escapar de ese retardismo. Este año parece haberse abordado seriamente la protección de la biodiversidad. Condenada a un segundo plano en la clasificación de las preocupaciones ambientales, 195 países acordaron en la COP15 intentar revertir su pérdida irreversible. Para ello se comprometieron a que en 2030 el 30% de las “zonas terrestres, aguas continentales y costeras y marinas” se “conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas”, todo un plan de choque en materia de biodiversidad. ¿Demasiado tarde? Esperemos que no.

El segundo gran enemigo del clima que ha irrumpido con fuerza es la especulación y las malas prácticas de algunas empresas encargadas de desplegar las energías renovables. Sin duda son una minoría en el sector, pero cada vez son más clamorosos los movimientos que algunas de esas compañías, ajenas al interés ambiental, están haciendo en el desarrollo de renovables en macroparques. En unos casos sin informar, en otros dando información falsa o medias verdades, sometiendo a pequeños municipios a chantajes, interesados meramente en especular con licencias y negocios de expectativa. Se trata, cuando menos, de malas prácticas; y en algunos casos, directamente, corrupción. Dichas empresas han visto en la energía eólica y solar las mismas posibilidades de pelotazo que antes vieron en el ladrillo. Afortunadamente, reitero, son minoría, pero proyectan sombras sobre el sector. Por ello, el Gobierno ha empezado a mover ficha para evitar algunos de estos movimientos especulativos, suspendiendo la tramitación de proyectos sin conexión.

Los parques de eólica y solar, claves para la aceleración de la transición ecológica, son necesarios y urgentes, por lo que tampoco aquí cabe el retardismo de dilatar este despliegue alegando que con el autoconsumo será suficiente; no es así. Precisamente por esto, es imprescindible extremar la pulcritud para que cada operación cuente no solo con garantías administrativas y ambientales, sino con la llamada “licencia social”; es decir, el acuerdo de los lugares donde se instalan. Hilando fino, valorando cada situación y con máxima transparencia, participación y beneficios para el territorio, combinando estas instalaciones con el autoconsumo y las comunidades energéticas. Solo así se conseguirá la rapidez necesaria.

2023 debería ser el año de avanzar con firmeza, velocidad y ambición en la transición. Como hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo bien. Eso pasa por avances más ambiciosos en reducción de emisiones, poner fin a promesas hidráulicas de fantasía, aplicar de forma rigurosa la ley, hacer bien las cuentas de la sostenibilidad, y frenar la especulación y las malas prácticas en el despliegue de renovables. Es imprescindible combatir a los dos nuevos enemigos del clima que conocimos en 2022.