Enquistamiento judicial

El rechazo por parte del pleno extraordinario del Constitucional a las alegaciones del Senado contra la orden de suspender una votación obligó a excluir ayer del orden del día en la Cámara Alta la parte correspondiente a las enmiendas sobre el sistema de elección de los magistrados para renovar al mismo tribunal que prohibía votar las medidas que los sacarían de sus puestos. Tampoco accedió a debatir las recusaciones que reclamaba la Fiscalía del tribunal presentadas contra el presidente y un magistrado (ambos con el mandato caducado, y rechazadas con los votos determinantes de los mismos recusados). Ni el presidente Pedro González-Trevijano ni Antonio Narváez consideraron oportuno inhibirse ni del debate ni de la votación, en un ejemplar episodio de manifiesta parcialidad. Siguen en sus puestos pero no han tenido tiempo de firmar el auto con los fundamentos jurídicos de la delicadísima decisión que tomaron el lunes al interferir en la autonomía parlamentaria. En consecuencia, ayer el Senado se encontró en la situación de acatar una orden del Tribunal Constitucional sin que, además, los senadores conocieran las razones jurídicas que les impedían votar un texto legislativo ya aprobado en el Congreso de los Diputados. El Senado acató sin saber por qué acataba. Las prisas de las medidas cautelarísimas para proteger los derechos de los senadores populares que habían presentado la petición de amparo no se repitieron para explicar a todos los demás senadores por qué vieron cercenado su derecho a votar.

En su última reunión, el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial, perdido ya todo pudor sobre la transparencia de sus maniobras, aplazó primero su obligación de dar el nombre de su candidato para renovar el Tribunal Constitucional. Las operaciones dilatorias acabaron y se convirtieron en urgencia ante la posibilidad de que la reforma del Gobierno les obligara a renovar con otras reglas. Tras la suspensión de la reforma por el Constitucional, se arrogan ahora la prerrogativa de presentar no solo su candidato sino de escoger al candidato progresista que mejor les convenga con vistas a la futura pelea por la presidencia del Constitucional. Resulta imposible obviar ya la evidente instrumentalización política de su mayoría en el CGPJ para impedir tanto la renovación del Constitucional como la suya propia. Ante la eventualidad de que el Gobierno consiga sacar adelante en el mes de enero como proposición de ley la reforma del desbloqueo judicial, han vuelto las prisas para no tener que cumplir las nuevas reglas y el CGPJ ha convocado reunión el próximo día 27 con el objeto de que los conservadores puedan intentar sacar adelante sus candidatos. Sería la primera vez en la historia del Poder Judicial que esto ocurre. El acuerdo para repartirse esos dos puestos entre ambos sectores, sin vetos previos por ninguno de ellos, siempre se ha respetado. Menos ahora, con un sector conservador convertido en ariete contra el Gobierno y al que el cumplimiento de la ley no parece importarle, tras varios meses saltándose los plazos para acordar la renovación.

En la política los puentes están definitivamente rotos. Alberto Núñez Feijóo añadía esta semana nuevas condiciones a una hipotética negociación sobre el CGPJ. Las sucesivas metas volantes que el PP ha ido poniendo como excusas para la no renovación durante cuatro años no disminuyen sino que se incrementan. En definitiva, continúa esta peligrosísima demolición de la institucionalidad y este abuso de la buena fe del legislador que hace 44 años no pudo suponer que la insubordinación a la Constitución podría convertirse en rutinaria por parte de algunos de sus más altos representantes políticos y judiciales.