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EDITORIAL.
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Barbarie de Estado en Irán

La brutal represión del régimen de los ayatolás contra las movilizaciones feministas persiste ante la pasividad internacional

Protestas Teheran
Una de las protestas registradas en Teherán tras el asesinato en una comisaría de Mahsa Amini.AFP
El País

La maquinaria represiva iraní avanza sistemática pero infructuosamente en su intento de desarticular las protestas que se suceden a diario desde el asesinato en una comisaría de Teherán el pasado 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini, quien había sido detenida por la Policía de la Moral acusada de no llevar el velo islámico correctamente puesto. La brutal actuación policial y de cuerpos paramilitares del régimen ha sido reconocida oficialmente en una cifra próxima a un escenario de guerra: 300 muertos. Pero las cifras que aducen diversas ONG se elevan al menos a 450 y un número indeterminado de heridos. A todo ello se suma una masiva sucesión de condenas a muerte.

Hasta el momento, el régimen de los ayatolás ha recurrido en dos ocasiones a las ejecuciones como forma de escarmiento a quienes bajo el lema “Mujer, vida, libertad” protestan contra la teocracia instaurada en Irán tras la revolución de 1979. Se trata de Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard, ambos de 23 años, ahorcados bajo la acusación de “crímenes de guerra”, entendiendo como tales el bloqueo de calles o las amenazas a los cuerpos de seguridad. Organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten de que, a corto plazo, otras 15 personas pueden correr la misma suerte. Y en el medio plazo el número se puede multiplicar exponencialmente porque hay entre 14.000 (según Naciones Unidas) y 18.000 (según ONG) detenidos. Mientras, se multiplican las condenas contra los que el régimen de los ayatolás denomina “alborotadores” pero, usando su propia terminología, trata como “criminales de guerra”. Solo en Teherán, al menos 400 personas ya han sido condenadas a penas de entre dos y diez años de prisión según el fiscal de la capital iraní. Conviene recordar que sigue habiendo dos ciudadanos españoles detenidos: Ana Baneira y Santiago Sánchez Cogedor.

Se pueden extraer algunas conclusiones. A pesar de la violenta actuación del régimen, las protestas no han cesado desde hace tres meses, pero, a la vez, el Gobierno iraní no tiene límites a la hora de enfrentarse al mayor desafío popular desde la instauración de la República Islámica. Las sucesivas rondas de sanciones impuestas por la UE no parecen hacer mella en una jerarquía confiada en el miedo y el cansancio de quienes se han lanzado a las calles y que ha visto catapultada su influencia internacional gracias a las ventas de drones a Rusia, drones que están resultando cruciales en la destrucción de infraestructuras civiles ucranias. El chantaje iraní al retener a ciudadanos europeos con largas condenas en previsión de futuros intercambios de presos tampoco es una señal alentadora. Cada día que pasa hay más víctimas y represaliados en Irán. La comunidad democrática internacional no debería ser indiferente ante un estallido social nacido de la reclamación de derechos básicos para las mujeres, y convertido ya en un referente mundial.

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