editorial
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Hungría: democracia o multa

La multimillonaria sanción por atentar contra el Estado de derecho refuerza la dimensión política de Bruselas

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el pasado 26 de septiembre en el Parlamento de Budapest.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el pasado 26 de septiembre en el Parlamento de Budapest.BERNADETT SZABO (REUTERS)

La Comisión Europea ha tomado una decisión que tiene un alcance histórico al proponer que se congele la entrega de los fondos estructurales que le corresponden a Hungría por sus reiteradas violaciones al Estado de derecho, sus desafíos a la independencia judicial y su corrupción sistémica. La cuantía de la multa —7.500 millones de euros— obstaculiza la disposición de unos recursos equivalentes al 20% de su inversión pública anual y supone una sustantiva innovación en el derecho comunitario, pues representa la primera gran demostración práctica de que economía y democracia no constituyen en la Unión dos universos separados. Se da así un definitivo carpetazo al —real o supuesto— carácter meramente economicista del club europeo que, más que nunca, deja de ser —o, al menos, de aparecer— como un gigante económico y un enano político.

La medida es además ejemplarizante y disuasoria al mostrar que el incumplimiento de las normas comunes no sale gratis y puede tener un coste considerable. Lo ha tenido ya con las empresas que no cumplen las reglas de la competencia —saltándoselas a través de cárteles, acuerdos de precios o abusos de posición dominante— e incluso con los gobiernos que abusaban de las ayudas de Estado, pero hasta hoy no sucedía con los que desafían las reglas democráticas. Ni los socios ni las instituciones comunes han ignorado las reiteradas agresiones con las que el Gobierno iliberal de Viktor Orbán sortea las reglas democráticas y su obligación de transparencia en el manejo de los recursos presupuestarios. Desde hace más de una década han intentado ponerles coto por una triple vía: el convencimiento, la presión y la amenaza de aplicarle el artículo 7 del Tratado de la UE, que prevé sanciones políticas (como la suspensión del derecho a voto en el Consejo) contra el incumplidor. Como suele suceder con los regímenes dictatoriales y también con los semiautocráticos (es el caso de Hungría), la eficacia del convencimiento es nula y la de la presión, escasa. La propuesta de sanciones políticas ha resultado siempre menos creíble ya que se necesita la unanimidad para aplicar este artículo, y basta con que se oponga uno de los socios (como hasta ahora Polonia, que poco a poco y por la invasión rusa de Ucrania modera sus actitudes ultras) para esterilizar esta vía.

Desde que en 2020 se dio el extraordinario paso a una política fiscal expansiva común, con la creación de los fondos SURE (para asegurar el combate contra el paro) y los Next Generation (para recuperar la inversión pública tras la pandemia), financiados mediante eurobonos, el salto federal ha sido relevante. Todos esos recursos —y de rebote, todos los fondos estructurales y de cohesión del presupuesto común— quedaron condicionados al cumplimiento de las reglas del Estado de derecho. La justificación se presentó de modo muy técnico, al señalar que la corrupción propia de los regímenes iliberales acaba malversando el dinero puesto en común por los demás, pero entroncaba con un viejo principio liberal: no taxation without representation; es decir, que no hay impuestos —y los presupuestos que nutren—, sin representación, sin escrutinio democrático.

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Tiene justicia poética que la ratificación de la multa recaiga en el Ecofin, que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la UE. Este rigorista organismo ha sido incapaz en casi 30 años de imponer una sanción por desvíos económicos, como los desequilibrios excesivos en déficit y deuda. No parece que esta vez lo impida una imposible mayoría calificada en pro de Orbán y sus desacreditados juegos de manos, que también despliega a favor de Putin y contra Ucrania.

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