12-O

El anterior 12 de octubre se celebró con la confianza ya tangible del fin de una pandemia que se había llevado por delante casi todos los planes de la población en España y el resto del planeta desde febrero de 2020. Los fondos Next Generation, aprobados en junio de 2021, significaron un empuje histórico e inédito en la historia de la UE para paliar los corrosivos efectos en las clases medias y las más débiles de una crisis sanitaria mundial. Algunas de sus secuelas siguen ahí. La covid persistente o la reclamación de una investigación sobre los fallecimientos en las residencias para saber qué pasó y que no vuelva a ocurrir, nos recuerdan que la pandemia dañó de forma desigual a unos y a otros, pero también unió a la inmensa mayoría de la sociedad de forma ejemplar.

Ese escenario se rompió en muy pocos meses, cuando la invasión de los tanques rusos del este de Ucrania en la madrugada del 25 de febrero sometió a todo Occidente, y en particular a la UE, a una carrera de apoyo económico, financiero, militar y humanitario en defensa del país agredido. Desde entonces ha habido que emplearse a fondo contra los efectos económicos de la guerra en los precios de la energía y ante una inflación que sigue en niveles desconocidos durante décadas. Tanto el Gobierno como la sociedad se volcaron sin reservas en auxilio de Ucrania —España acoge en torno a 140.000 refugiados—.

Ambos son ejemplos de cohesión nacional ante graves problemas colectivos. Los llamamientos a la unidad que escuchará hoy la sociedad española en boca de sus más altas instituciones pueden resultar, sin embargo, algo más disonantes con la atmósfera política y mediática que anima una y otra vez al enconamiento. Los últimos días hemos vivido una dimisión muy relevante impulsada por la impotencia: Carlos Lesmes abandonaba el lunes la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo sin haber logrado que se cumpla la Constitución para renovar el órgano de gobierno de los jueces, caducado hace casi cuatro años, mientras el espectáculo del tacticismo y la discreción culpable en el sector conservador del Tribunal Constitucional impide la renovación acordada de cuatro de sus miembros. Tampoco parece muy compatible la exaltación patriótica de hoy con la competencia fiscal a la baja que algunas comunidades han estimulado. Su efecto último acaba siendo el castigo al resto de los españoles, que son quienes constituyen el sujeto civil convocado a celebrar la Fiesta Nacional.

También en estos meses Cataluña ha vivido una decantación pacificadora: la reciente salida del Gobierno de los consellers de Junts ratifica la senda de negociación e institucionalidad que nunca debió haber perdido un choque de poderes sin solución a pie de calle. La celebración del 12 de octubre puede ser más o menos masiva, pero no es la imposición hegemónica de una idea de España excluyente y sectaria sino una invitación a desarrollar las múltiples diferencias en un marco flexible y democrático. La fiesta de Vox hace unos días es la otra cara de un sentimiento excluyente y anticonstitucional, incapaz de sumar a todos los españoles, de percibir la aportación de los centenares de miles de inmigrantes que acoge esta sociedad y en última instancia el derecho humano a la migración.

El respeto a la institucionalidad es una condición indiscernible de las democracias modernas. Hoy, en los actos del 12-O, estará vacía la silla que debería ocupar la sexta autoridad del Estado, el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial. Los vivas a España que escucharemos exigen, antes que nada, cumplir la Constitución.