Trump en la cuerda floja

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho pública una versión editada (con aprobación judicial) de la solicitud de entrada y registro en la residencia oficial del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago que formuló el pasado 5 de agosto ante el tribunal federal del Distrito Sur de Florida.

El documento, como era de esperar tras la decisión del juez Reinhart de aceptar que fuera editado, es mucho más revelador por lo que oculta que por lo que muestra. Las tachaduras abarcan aproximadamente un 60% del contenido de la solicitud, incluyendo la información más relevante, pero entre lo que podemos leer y lo que podemos deducir de lo que el magistrado ha decidido mantener oculto, se empieza a vislumbrar por qué se produjo dicha actuación, única en la historia de Estados Unidos, y hasta qué punto el expresidente Trump puede estar preocupado por su horizonte penal.

En cuanto a los aspectos visibles, lo más chocante, sin duda, es la actitud entre desdeñosa y arrogante con la que el exmandatario y sus subordinados han tratado información clasificada y secreta, relevante para la defensa y la seguridad nacional. En la solicitud queda indiciariamente acreditado no sólo que Trump, al abandonar la Casa Blanca el 20 de enero de 2021, se llevó (por no usar palabras peores) documentos que jamás deberían haber abandonado el edificio. También se demuestra que, una vez en Mar-a-Lago, la documentación fue “archivada” (y uso las comillas de manera intencionada) de manera desordenada y descuidada, con poca o ningún tipo de protección o garantía de que pudiera ser sustraída o copiada por agentes de gobiernos extranjeros.

Para explicarlo en lenguaje llano: según la solicitud, durante más de un año, el expresidente Trump mantuvo, sin cobertura legal alguna, en distintos lugares de un complejo hotelero sin autorización oficial para custodiar información clasificada —y carente de las mínimas medidas de protección o seguridad que exige ese tipo de información—, numerosos documentos que revelaban no sólo los nombres de distintos informantes extranjeros que trabajan o colaboran con Estados Unidos, sino también las sedes o cancillerías extranjeras cuyos mecanismos de comunicación están intervenidos por Estados Unidos.

Pero la investigación del FBI reveló —y aquí es donde entramos en la parte tachada del documento— que existían causas para creer que documentos adicionales que contenían información relativa a la Defensa Nacional (NDI) continuaban en Mar-a-Lago —y esto se vio refrendado cuando se hizo público el listado de documentos aprehendido durante la entrada y registro—. Sabemos también que el FBI consideraba que se encontrarían allí evidencias de obstrucción a la justicia —aunque los motivos por los que el FBI había alcanzado esa conclusión permanecen ocultos—.

En resumen, parece claro que, de los tres delitos que investiga el FBI, se podría haber producido con bastante claridad un delito de “ocultación, remoción o mutilación dolosa” de documentos públicos (castigado con hasta tres años de cárcel), posiblemente uno de “retención dolosa o negativa a entregar documentación a funcionarios públicos” (castigado con hasta 10 años de cárcel) y, potencialmente un delito de destrucción, falsificación o alteración de documentos con el fin de obstruir una investigación federal (este es el más grave, castigado con hasta 20 años de cárcel).

¿Qué significa todo esto para las aspiraciones presidenciales de Trump? Ahora se inicia, en realidad, un largo proceso judicial que difícilmente acabará en sentencia —desde luego, no en sentencia firme— antes de que se celebren las elecciones presidenciales en 2024. Los tiempos judiciales son los que son, y los escarceos de Trump con la justicia en años pasados nos indican que la estrategia del exmandatario siempre va dirigida a agotar todas las instancias judiciales. Es muy difícil que la justicia le inhabilite para las próximas presidenciales.

La reacción de Trump ante la publicación de la solicitud de entrada y registro fue característica: apelar al victimismo y a una supuesta persecución de los poderes del Estado contra su persona, apelación que le va a ser muy útil al menos en las primarias del Partido Republicano, que como organización política lleva muchísimos años instalada en esa dinámica —las primeras encuestas que se han publicado tras la entrada y registro muestran que hoy Trump es todavía más favorito para ganar esas primarias de lo que lo era antes de la misma—.

Cuestión distinta es si eso le convierte en el mejor candidato republicano posible en unas elecciones generales: eso es mucho más discutible. La primera encuesta publicada tras la entrada y registro muestra que una amplia mayoría de la ciudadanía (un 57%) considera que la investigación contra el expresidente estadounidense debe continuar. Los avatares de un proceso judicial durante los próximos dos años pesarán inevitablemente como un albatros sobre una candidatura trumpiana a la Casa Blanca y —siempre en privado— numerosos dirigentes del partido conservador preferirían un candidato sin tanto bagaje judicial. Pero Trump controla claramente al Partido Republicano en estos momentos, y todo indica que se presentará, aunque ello vaya en detrimento del mismo.