Fricciones en la izquierda latinoamericana

Mucho antes de lo previsto comienzan a manifestarse fricciones dentro de la heterogénea izquierda que accede democráticamente al poder en América Latina. Se trata de desencuentros puntuales, generalmente subvalorados u ocultados por los medios hegemónicos del bloque bolivariano, pero que ilustran las divergencias entre las izquierdas más comprometidas con la renovación democrática de la región y las que apuestan a diversas opciones autoritarias o híbridas.

A mediados de agosto, veintisiete gobiernos latinoamericanos y caribeños condenaron en la OEA el encarcelamiento de opositores, el cierre de organizaciones no gubernamentales, el acoso a la prensa y a la Iglesia católica, por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. De los nueve gobiernos localizados en la izquierda del espectro continental, tres votaron a favor de la resolución (Argentina, Chile y Perú), tres se abstuvieron (México, Bolivia y Honduras) y tres no votaron por diversas razones (Cuba, Venezuela y Colombia). Ninguno votó a favor, aunque Venezuela y Cuba lo habrían hecho de no estar fuera del organismo.

Por esos mismos días se intensificó el diferendo diplomático entre Argentina y Venezuela por la retención, desde junio, en el aeropuerto de Ezeiza, de un avión iraní-venezolano que está siendo investigado por instituciones de seguridad, justicia y combate al terrorismo del Estado argentino. La retención del avión ha provocado que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello acusen al presidente argentino, Alberto Fernández, de “secuestro de la tripulación” y de seguir “órdenes del imperialismo”. En versión menos diplomática, medios partidarios Maduro y Ortega han catalogado a Fernández de “pelele” y “títere” de Washington.

Los ataques a Fernández de parte del madurismo y el orteguismo coincidieron con una reunión de la CELAC, en Buenos Aires, a la que asistieron representantes de casi todos los gobiernos de la región. Bajo el lema de “unidad en la diversidad”, el foro fue escenario de pronunciamientos como el de Andrés Manuel López Obrador a favor de la integración comercial con Estados Unidos y Canadá, que no apoyan los regímenes bolivarianos, así como de llamados a poner fin a las sanciones de Washington contra Cuba y Venezuela, que sí apoyan.

A pesar de las críticas no solo de Maduro sino del líder opositor Juan Guaidó, Fernández ha reiterado su deseo de que en Venezuela tengan lugar elecciones libres. Más o menos en el mismo sentido se pronunció varias veces la cancillería mexicana, durante las últimas conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolanas. Y la misma posición se desprende de las declaraciones recientes de Lula da Silva, en São Paulo, a favor de restablecer lazos diplomáticos con Venezuela, pero sin perder de vista que la plena legitimidad democrática proviene de un sistema de “alternancia política” y “elecciones libres”.

Esas tensiones de baja intensidad entre las izquierdas latinoamericanas encuentran en la frontera entre Colombia y Venezuela uno de sus espacios más conflictivos. El presidente Gustavo Petro ofreció, desde la campaña, normalización de vínculos con su vecino y reanudación del proceso de paz con el ELN, pero algunos incidentes enturbian ese objetivo. Petro rechazó una solicitud de Diosdado Cabello para que Colombia extradite a opositores venezolanos, acusados por Caracas de “asesinato” y “robo”, reafirmando el derecho al asilo que garantizan las leyes colombianas. El ataque armado al convoy presidencial en Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, donde operan el ELN y disidencias de las FARC, complica más el proceso de normalización bilateral.

Durante la agudización de la crisis política argentina, a raíz de la nueva causa judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción inmobiliaria en Santa Cruz, Alberto Fernández convocó a tres presidentes latinoamericanos, López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia y Luis Arce de Bolivia, a pronunciarse en conjunto contra el acoso jurídico a su compañera de fórmula. La exclusión de Maduro, Ortega y Díaz-Canel del posicionamiento tiene que ver, aunque no se reconozca públicamente, con la falta de legitimidad democrática de esos líderes.

La ausencia de Boric, en cambio, tendría otras explicaciones más sofisticadas que, probablemente, se relacionen con el mayor apego a la independencia del poder judicial que caracteriza al sistema chileno y con el ejercicio de una diplomacia profesional y cuidadosa, que el nuevo Gobierno hereda de la política exterior de Estado de la transición. La nueva Constitución chilena, que pronto se votará en plebiscito, con sus más de cien derechos civiles, políticos, sociales y de nueva generación (plurinacionalidad, medio ambiente, género, bioética, neurodiversidad), y con su fuerte acento garantista en términos del debido proceso y el imperio de la ley, se apruebe o no, es la más clara evidencia de que un proyecto de izquierda democrática es posible en la América Latina del siglo XXI.

De verificarse el muy probable triunfo de Lula da Silva en Brasil, estas fricciones no cesarán, dado el ya irreversible cauce autoritario que siguen algunos gobiernos de la región. Es difícil imaginar un Gobierno de Lula sumado al bloque bolivariano, aunque cuestione la política de Estados Unidos hacia algunos gobiernos que lo integran. Sobre todo, si se tiene en cuenta que se trataría de un gobierno de un solo periodo, que tendría como prioridad la alternancia en el poder, las elecciones competidas y la sucesión presidencial democrática en 2026.

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