Gasto con responsabilidad

La aprobación del techo de gasto el martes por el Consejo de Ministros supone el primer paso para la elaboración —en tiempo y forma, como recalcó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero— de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Los ministerios contarán con un límite de 198.221 millones de euros para sus desembolsos, un nivel récord de gasto, pero que solo supone un incremento del 1,1% respecto al año anterior o del 1,9% si se descuentan los fondos europeos.

Los presupuestos para 2023 serán los últimos de la legislatura y tienen un importante perfil político. El esbozo presentado por el Gobierno recoge dos mensajes, que está decidido a actualizar las pensiones con la inflación conforme a lo acordado en el Pacto de Toledo —por la transferencia de 19.888 millones a la Seguridad Social— y que ratifica su compromiso con la responsabilidad fiscal ante Bruselas al contener el crecimiento de los demás gastos y aprovechar el aumento de los ingresos para reducir el déficit público. El Gobierno prevé que este año el desfase entre ingresos y gastos se situará en el 5% del PIB y calcula que en 2023 el déficit estará en el 3,9%.

Aunque la actualización de las pensiones con una inflación que rondará el 8% de media este año va en contra de lo recomendado por el Banco de España, que sugería incluir a las pensiones altas en el pacto de rentas para contener el alza de los precios, lo contrario supondría incumplir la ley que entró en vigor en diciembre. Los presupuestos tendrán que ajustarse el cinturón en las demás partidas para dar cabida, además, a otros compromisos, como el aumento del gasto en Defensa prometido por el presidente, Pedro Sánchez, durante la cumbre de la OTAN en Madrid. El Ejecutivo aún tiene que decidir qué hará con la actualización del salario de los funcionarios.

Aunque la UE mantiene en suspenso las reglas fiscales desde el estallido de la pandemia, el techo de gasto crece menos de lo que lo hace la inflación, en un momento en que el incremento de los precios impulsa considerablemente al alza los ingresos. Eso significa que el Gobierno lleva a cabo un ajuste del gasto que permite reducir el déficit público sin descuidar sus compromisos sociales. Una decisión que, ante las enormes incertidumbres del contexto geopolítico y económico actual, parece prudente y acertada.