Vivienda disparada

El mercado de la vivienda está sometido a una elevada agitación y a un rápido proceso de encarecimiento que solo puede agravar uno de los problemas crónicos de la sociedad española: los precios han aumentado hasta en un 8,5% con respecto al mismo periodo del año anterior a lo largo del primer trimestre del año. Los últimos datos apuntan a niveles récord en operaciones de compraventa, así como a fuertes subidas en los precios de los alquileres que siguen haciendo muy difícil el acceso a la vivienda, sobre todo en grandes ciudades, a jóvenes y familias de rentas bajas. De hecho, hay ciudades en las que los precios ya se sitúan en los niveles de la burbuja inmobiliaria y, aunque la compraventa acumula 14 meses de ascensos, los datos publicados el lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) empiezan a mostrar el impacto de la elevada inflación y una ralentización en el número de operaciones cerradas en el mes de abril.

El encarecimiento de los materiales de construcción está frenando la oferta de obra nueva, lo que añade presión sobre ese mercado y también sobre el de segunda mano. Esa amenaza persiste y hace más necesario todavía recordar el informe anual del Banco de España y su advertencia de que para reducir la desigualdad, es necesario actuar sobre las condiciones de acceso a la vivienda, que se han endurecido en los últimos años, tanto en la vivienda en propiedad como en la de alquiler.

La ley de vivienda que el Gobierno envió al Congreso en el mes de febrero, y que tiene todavía pendiente su tramitación parlamentaria, recoge varias iniciativas para promover el alquiler y limitar las subidas de precios, pero las cifras de inflación complican algunas de las propuestas del Ejecutivo, como la declaración de zona de precios tensionada o las condiciones exigidas para topar los precios en determinadas áreas. La experiencia en aquellas zonas donde las administraciones han decidido una limitación de los precios de los alquileres ha reducido la oferta y ha hecho más difícil el acceso a la vivienda de muchas familias.

El propio Banco de España apostaba, por el contrario, por poner el énfasis en la construcción de vivienda pública en alquiler, donde los avances siguen muy limitados y tremendamente desiguales por el territorio. Su recomendación se basa en datos de Eurostat de 2020, según los cuales un 48,7% de los españoles que vivían de alquiler a precios de mercado estaban en riesgo de pobreza o de exclusión social, el porcentaje más elevado de la Unión Europea. Sin embargo, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, apenas una de cada cuatro viviendas construidas con dinero público en toda España en 2021 se destinó al alquiler. Y 10 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja) no concedieron ni una calificación para vivienda pública destinada al arrendamiento. La actuación de las administraciones públicas es aún más urgente ahora que a principios de año: sigue pendiente en España una promoción pública y masiva de obra destinada al alquiler que consiga revertir la tradicional preferencia por la compra en lugar del alquiler, y acabe con la excepción española en el contexto europeo.