Usura pandémica

La excepcional situación que provocó la pandemia cambió las condiciones de vida en todos los sentidos. De golpe hicieron falta grandes cantidades de material sanitario —desde mascarillas hasta respiradores— del que carecía el sistema público y hubo que reaccionar a gran velocidad en el mercado internacional La competencia fue feroz y los precios subieron de forma escandalosa. La justicia española comienza a poner la lupa sobre los miles de contratos de urgencia que realizaron las administraciones durante los primeros meses de la pandemia de covid-19, cuando la emergencia sanitaria hizo saltar todos los protocolos habituales de la contratación pública. La Fiscalía Anticorrupción tiene diversas investigaciones abiertas y ha detectado casos de aprovechamiento de la situación en perjuicio del erario público, con márgenes de beneficio para los vendedores que, en algunas operaciones, llegan hasta el 400%. Mascarillas quirúrgicas que hasta entonces costaban 0,027 euros por unidad pasaron a costar 0,4. En la ansiedad social y política de aquellas primeras semanas y meses de 2020, las administraciones de todo el mundo se encontraron en medio de un mercado salvaje de material sanitario. En esas circunstancias, un contacto en China se convirtió para algunos en un pasaporte para la especulación. Las administraciones se vieron a merced de la usura pandémica. El aumento de precios, sin embargo, es difícil de perseguir penalmente.

Uno de esos contratos es el que adjudicó por 1,5 millones de euros el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid a una empresa de un amigo suyo para importar mascarillas. Esa empresa pagó a su vez al menos 55.000 euros al hermano de la presidenta por servicios no aclarados. La Fiscalía europea ha exigido ser parte en la investigación y el miércoles criticó duramente a la Fiscalía española por intentar dividir el caso. El choque parece dirigirse hacia dos investigaciones paralelas.

El procedimiento de contratación de emergencia permite saltarse las cautelas habituales de publicidad y competencia en casos de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. No hay duda de que los primeros meses de la pandemia encajan en ese marco. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión ha identificado en toda España 22.379 contratos en 2020 relacionados con la covid, por valor de 6.412 millones de euros. Según la Cámara de Cuentas de Madrid, en esos meses la Comunidad adjudicó 4.448 contratos de emergencia por un importe total de más de 943 millones.

Se trata de cifras descomunales, una parte de las cuales acabó en manos indeseables. Los países han sacado muchas lecciones de la pandemia de covid-19. Entre ellas ya se ha señalado la necesidad de prever un almacenaje suficiente de material sanitario para hacer frente a otras emergencias. Pero también podría plantearse la exclusión de futuros contratos con la Administración de empresas e intermediarios que hayan incurrido en sobreprecios desorbitados en circunstancias de emergencia. Estas conclusiones no atañen tanto a los fiscales, españoles o europeos, como a los mismos gobernantes. La emergencia no puede justificar la impunidad de la usura a costa del erario público.