Reglas del plan de choque

El plan que aprobó ayer el Consejo de Ministros responde a la urgencia de una reacción práctica e inmediata contra los efectos nocivos ya muy palpables de la nueva crisis. Múltiples sectores de la sociedad española han visto agravarse problemas latentes que la guerra en Ucrania y las sanciones contra Putin han agudizado. El plan de choque de respuesta a la guerra de Ucrania que ha presentado el Gobierno contiene un paquete de medidas contra el alza de precios y sus consecuencias económicas y sociales. Los esfuerzos se despliegan en varias direcciones para los próximos tres meses: paliar los efectos sociales y sobre el consumo, particularmente de los sectores más empobrecidos, apoyar a los más gravemente afectados y mitigar los efectos de la subida del gas natural sobre los precios eléctricos. Las medidas promueven tanto ayudas directas de 6.000 millones de euros, y otros 10.000 millones en créditos ICO, como reglamentaciones específicas en el mercado de trabajo y en el mercado de la vivienda para impedir emergencias sociales. Se espera de esta manera contener los efectos inmediatos de la subida de precios energéticos, durante un plazo de tiempo que alcanzará previsiblemente hasta el próximo verano.

El plan se presenta como una iniciativa integral que ha primado la rapidez en la ejecución de algunas de sus medidas, como la rebaja lineal de los combustibles, frente a un enfoque más selectivo, y seguramente deseable, dirigido a quienes dependen profesionalmente de ellos, que hubiera necesitado un tiempo de implantación del cual no se disponía. Tan importante como el proceso de ejecución del plan será el proceso de salida del mismo dado que los apoyos temporales pueden terminar convirtiéndose en permanentes, con un notable coste fiscal a largo plazo al destinar dinero público a medidas que nunca se hubieran promovido de no existir una situación de urgencia.

Algunos de los retos del futuro siguen siendo relevantes, más allá de la convalidación en el Parlamento y la oportunidad política de lanzar un mensaje de unidad y cohesión contra las consecuencias de la crisis. Un objetivo prioritario será mantener la inflación a raya, y para ello estas medidas necesitarán un pacto de rentas capaz de controlarla. Es conveniente además plantearse la necesaria articulación entre el plan de choque y las medidas económicas a medio y largo plazo, tanto en el más que probable caso de que la crisis se prolongue más allá del verano y haya que aprobar nuevas medidas, como en la necesidad de dotar de coherencia a las actuaciones previstas con las que prevé el mismo plan de recuperación. Por último, conocidas las medidas del Gobierno, las comunidades autónomas podrán proyectar sus actuaciones con un enfoque más preciso en materia territorial y reforzar de esa manera la capacidad de respuesta del sector público. Tanto los agentes sociales como el resto del arco parlamentario disponen ya de las bases para actuar sobre una situación excepcional pero también para combinar el plan de choque con tareas pendientes de nuestra economía y asumidas como necesarias por este Gobierno. El plan nacional no exime de seguir profundizando en aquellas reformas de medio y largo plazo orientadas a descarbonizar nuestra economía, incrementar su competitividad, aumentar sus niveles de cohesión social y mejorar el funcionamiento de los mercados, particularmente del energético. Sin estas reformas pendientes, las debilidades de la economía española seguirán expuestas a altos y presumibles niveles de incertidumbre del futuro.