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No nos llamemos a engaño

El acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León nunca ha estado en riesgo porque había demasiado en juego

Toma posesion  Mañueco
Juan García-Gallardo (Vox) y Alfonso Fernández Mañueco (PP) se abrazan en el acto de constitución de las Cortes de Castilla y León.claudio Alba (Europa Press)
Mariola Urrea Corres

Al conocer los resultados electorales en Castilla y León muchos analistas no quisieron creer que Vox impondría al PP un pacto de Gobierno. Tampoco tras escuchar a Santiago Abascal decir que a su candidato se le había puesto cara de vicepresidente. Días después todavía insistían en que Vox no se sumaría al Gobierno. ¿Cómo van a hacerlo si discuten el sistema autonómico? Además, añadían, no les interesa. Ejercer responsabilidades de gobierno desgasta y Vox prefiere no exponerse a la erosión que implica no poder dar satisfacción a las pretensiones de máximos de su electorado. El resultado ya lo conocen. En unos días Vox tendrá un vicepresidente, tres consejeros y la presidencia de las Cortes de Castilla y León.

La posición del partido de ultraderecha es, en términos políticos, adecuada. El lugar elegido para el experimento también. El riesgo asumido está ajustado y los costes son perfectamente asumibles. Hablamos de una comunidad autónoma muy conservadora. Muchas de las iniciativas de Vox no resultan tan excéntricas en esa región, ni tan alejadas de los intereses de los electores del PP. Además, la atención que los medios nacionales prestan a esta cuestión decaerá el mismo día que el nuevo Gobierno tome posesión. Cuando eso ocurra, los errores y las incoherencias propias de la falta de experiencia quedarán en familia. A cambio, Vox tendrá unos beneficios evidentes: consolidará las estructuras del partido, sus cuadros políticos ganarán experiencia de gestión, tendrá acceso a ocupar puestos de libre designación en la administración y, además, dispondrá de presupuesto público para llevar a término sus políticas. ¿Qué partido renunciaría a algo así?

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Lo propio cabría decir del PP. No nos engañemos. Nunca han contemplado otro escenario que no fuera pactar con Vox. Los discursos de Pablo Casado tras la fatídica noche electoral no pueden llamarnos a equívoco. Ni entonces hablaba desde la convicción, ni le ha contado la verdad a Donald Tusk. La última versión de quien todavía preside el PP resume, en realidad, la desesperación de un político fracasado que pretende sacudirse la responsabilidad de su errática trayectoria para tratar de ganar un poco de épica. Que no nos despiste. El acuerdo con Vox en Castilla y León nunca ha estado en riesgo porque había demasiado en juego. El PP necesita conservar la presidencia del Gobierno y el coste a pagar es, para ellos, asumible. En lo autonómico se trataba de acoger la incomodidad de un socio inexperto y con ganas de influir en la agenda. Nada que no pueda afrontar un PP bien pertrechado en las estructuras de poder político, mediático y económico de la región, tras más de treinta años ininterrumpidos de gestión. El coste a nivel nacional es mucho más molesto, pero en realidad también les resulta soportable. De hecho, el PP simplemente estaría pagando por adelantado el desgaste de normalizar una hipotética presencia de Vox en el Gobierno de España. ¿Creen que Núñez Feijóo planteará un reparo? Tampoco en esto se llamen a engaño. Ocurrirá si es la forma de llegar a La Moncloa.

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Sobre la firma

Mariola Urrea Corres
Doctora en Derecho, PDD en Economía y Finanzas Sostenibles. Profesora de Derecho Internacional y de la Unión Europea en la Universidad de La Rioja, con experiencia en gestión universitaria. Ha recibido el Premio García Goyena y el Premio Landaburu por trabajos de investigación. Es analista en Hoy por hoy (Cadena SER) y columnista en EL PAÍS.

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