Cuotas justas y más derechos para los autónomos

Cualquier trabajador autónomo, por poco que lleve ejerciendo como tal, se habrá dado cuenta de que hay algo que no es como le contaron: en los últimos años, hemos escuchado muchos discursos oficiales sobre las bondades del emprendimiento, a la par que las propias transformaciones del mercado de trabajo han convertido el autoempleo en una alternativa de inserción laboral de cada vez más gente. Sin embargo, ni el mantra del “sé tu propia jefa” ni el relato épico del exitoso hombre de negocios hecho a sí mismo que empezó en un garaje se corresponden con el día a día de la inmensa mayoría de los autónomos de nuestro país, un colectivo que supera ya los 3,3 millones de cotizantes y que, con datos en la mano, está profundamente atravesado por la precariedad y la desigualdad: baste recordar que la pensión media de jubilación de un autónomo es un 40,6% inferior que la del régimen general, y hasta un 50,6% menos en el caso de las mujeres autónomas.

Y parte de esa precariedad trae causa de la existencia de un sistema de seguridad social propio, alejado de la realidad a que nos referíamos, que resulta anacrónico, injusto e incapaz de protegernos. Por eso, es imprescindible abordar una reforma del mismo que rompa con la incomprensible situación que arrastramos desde hace décadas, por la cual la base de cotización se elige voluntariamente y fija una cuota mínima que resulta muy alta para quien tiene unos ingresos bajos y reducida para quien con toda claridad podría y debería aportar más, con un resultado insuficiente en términos de protección. No es esta una posición personal: nos lo ha dicho Europa, la OCDE, y nos lo dice la dificultad de muchas de estas personas autónomas para afrontar las contingencias de enfermedad, maternidad o paternidad, o cese involuntario de la actividad. Ahora, por fin, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones parece querer cambiar esto, pero la propuesta presentada nos indica de nuevo que algo no es como nos contaron.

Si, por un lado, estamos defendiendo que la cotización se haga en función de los ingresos, debería quedar definido con claridad el concepto. Los autónomos tienen muchos gastos asociados a su actividad, que deben deducirse de los rendimientos. Entre esos gastos deberían figurar necesariamente las amortizaciones de inversiones realizadas para el desarrollo o la viabilidad del pequeño negocio, o la propia cuota a la Seguridad Social. Por eso, es necesario hablar de beneficios netos reales para subrayar que nos referimos a los ingresos limpios, descontado todo aquello que supone un coste necesario para, sencillamente, poder trabajar. Una mirada rápida hacia el pasado más reciente debería servir para ver la volatilidad de los ingresos y el mantenimiento de los gastos.

No deberíamos tener que discutir que la contribución a la hucha común de la Seguridad Social tiene que realizarse en función de la capacidad económica de cada cotizante (exactamente igual que los asalariados, que hicieron este tránsito hace décadas) y se concrete en cuotas justas. Sin embargo, los planes del Gobierno fijan un esquema de cuotas por tramos de ingresos que sigue imponiendo una elevada barrera de entrada al sistema para los autónomos más modestos. En la negociación en marcha ya hemos trasladado desde UATAE una propuesta alternativa para que quienes tienen unos beneficios netos reales de hasta mil quinientos euros al mes puedan ver reducida su cuota, y el cambio ha de hacerse ya, sin tener que esperar los nueve años previstos por el ministro Escrivá para pagar lo que nos corresponde, y desde luego para mejorar en protección social.

Porque el debate va más allá de la cuantía de la cuota, la alternativa ha de ser trascender el discurso recaudatorio para planificar una mejora sustancial de las prestaciones y las coberturas sociales. Tenemos que ser iguales a los asalariados en obligaciones, sí, pero también en derechos. No se puede hablar de un nuevo sistema de cotización sin abordar, por ejemplo, la reforma del cese de actividad —el llamado “paro de los autónomos”— o la adaptación de los subsidios por falta de actividad reconocidos para los asalariados.

Esta necesaria reforma es compatible con la sostenibilidad del sistema. Es más, puede y debe mejorar su recaudación si contamos con el esfuerzo necesario para bonificar las cotizaciones de los tramos inferiores e intermedios, algo que el Gobierno no debería tener problemas en hacer, puesto que ya bonifica cada año muchas casuísticas en la contratación para asalariados o para la constitución de empresas o sociedades de distintos perfiles.

Estamos ante una oportunidad histórica para que 3,3 millones de personas trabajadoras autónomas salgan de los márgenes del Estado de bienestar. Del Gobierno depende cambiar el rumbo de sus planteamientos iniciales y escuchar la inquietud y el hartazgo de un colectivo que ya no representa una realidad periférica del mundo del trabajo. Porque hay demasiadas cosas que no son como nos contaron, porque ahora queremos cuotas justas y más derechos.