Afrontar el problema de la vivienda

La vivienda es uno de los grandes déficits del Estado de bienestar en España. El problema es estructural y exige medidas ambiciosas, además de mucho dinero destinado a la construcción de vivienda pública. Sigue estando entre las preocupaciones más acuciantes de los españoles por la carestía de precios, la escasez del parque de alquiler y las graves dificultades que encuentran los más jóvenes para emanciparse en condiciones dignas, o sin verse abocados a compartir piso, sobre todo en grandes ciudades. Solo una ampliación importante de la oferta pública podrá mitigar de forma relevante ese problema. La aprobación del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, el bono joven para el alquiler y la Ley de Arquitectura apuntan a la toma de conciencia sobre la gravedad de la situación y pueden entenderse como el principio de una nueva sensibilidad. El Ejecutivo también contaba con incluir en el paquete aprobado en el Consejo de Ministros del martes la nueva ley de vivienda, pero las discrepancias en el seno del Consejo General del Poder Judicial sobre quién ostenta las competencias en esta materia —autonomías o Gobierno— han retrasado hasta finales de mes la aprobación del informe prescriptivo pero no vinculante del CGPJ.

Ha crecido muy lentamente la vivienda en alquiler en los últimos 10 años: apenas cinco décimas, que sitúan a España en un 24,9%, muy por debajo de la media europea del 30,3% o de niveles como el de Alemania (49,6%) o Austria (44,7%), según los últimos datos de Eurostat. Ese escaso aumento explica que los jóvenes sean el colectivo más beneficiado por algunas de las nuevas medidas, como el bono al alquiler, pero la iniciativa tiene un alcance muy limitado y escaso efecto de irradiación. Los 200 millones presupuestados para el alquiler joven resultarán claramente insuficientes ante el elevado número de potenciales receptores entre la población española menor de 35 años. Según el Consejo de la Juventud de España, la medida beneficiará a unos 50.000 jóvenes, el 1,7% de las personas emancipadas. La ayuda de hasta 250 euros mensuales podrá complementarse con otras de carácter autonómico pero se limita a alquileres inferiores a 600 euros. Esa cifra representa en las grandes ciudades un porcentaje ínfimo del mercado. El riesgo adicional del bono es un aumento de precios que debe encontrar mecanismos de corrección y sanción contra potenciales abusos: el arrendador puede sentirse tentado a incrementar el precio al saber que su arrendatario puede recibir ayuda estatal o autonómica. También el anteproyecto que el Gobierno remitió al CGPJ dispone una moratoria de 18 meses para que las comunidades autónomas establezcan un límite a los precios del alquiler en zonas que se consideren tensionadas. La Generalitat de Cataluña lo hizo el año pasado con buenos resultados: durante 2021 el precio medio en Barcelona bajó un 4,8%, con un ahorro anual de 564 euros. Las medidas que propone el Gobierno evidencian una voluntad política que estuvo ausente en otros ejecutivos, pero es solo un primer paso hacia el objetivo deseable: aumentar de forma sustancial el parque de vivienda social.