La ayuda al seguro de impago de alquiler se limitará a pisos de hasta 600 euros

El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 intentará impulsar el mercado de arrendamientos y aumentar el parque público de viviendas

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este martes en Madrid tras la reunión del Consejo de Ministros.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este martes en Madrid tras la reunión del Consejo de Ministros.FERNANDO ALVARADO (EFE)

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Según el real decreto que lo regula, al que ha tenido acceso EL PAÍS y en el que también se pone en marcha el Bono Alquiler Joven, el nuevo plan cuenta con hasta 13 programas diferentes de ayudas a inquilinos, propietarios y Administraciones Públicas con el objetivo de facilitar la accesibilidad a la vivienda y de aumentar los parques público y social de alquileres. Entre ellos se encuentran las subvenciones para pagar el seguro de impago de alquileres, que finalmente se verán limitadas a pisos cuya renta mensual no exceda de 600 euros.

Se trata de una medida que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció el pasado noviembre y que entonces se vinculó a los inquilinos más jóvenes. La normativa básica que lo regula (como el resto del plan, su puesta en marcha dependerá de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en vivienda transferidas) no establece, sin embargo, ninguna limitación de edad.

Vista de una inmobiliaria de Madrid.Foto: FERNANDO ALVARADO (EFE) | Vídeo: EPV

En concreto, el real decreto señala que pueden optar a la subvención todas las personas mayores de 18 años. Lo que sí se contempla son otros condicionantes relativos a la capacidad económica de los inquilinos: en concreto, la ayuda se limita a hogares cuya renta anual no supere tres veces el IPREM, lo que equivale a 24.318,84 euros. En función de algunas circunstancias, como que haya personas con discapacidad o víctimas de terrorismo en el núcleo familiar, ese límite puede elevarse hasta cinco veces el IPREM (40.531,40 euros).

Como sucede en prácticamente todas las ayudas estatales en materia de vivienda, será condición indispensable que el inmueble sobre el que se realiza el seguro de impago constituya el domicilio habitual. El arrendatario no podrá ser propietario de alguna vivienda en España (salvo en algunos supuestos) ni tener relación de parentesco con el arrendador. A eso se añade un tope de precio de alquiler de 600 euros al mes, o de 300 euros si lo que se alquila no es un piso, sino una habitación suelta. Como en otras medidas recogidas en el real decreto, señalan en Transportes, existirá la posibilidad de elevar ese límite a 900 euros si una comunidad autónoma lo pide y así se acuerda en la comisión de seguimiento.

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La ayuda para pagar el seguro de impago se podrá conceder tanto al arrendador como al arrendatario. La intención del Gobierno es que las Administraciones Públicas también puedan figurar como tomadoras del seguro, aunque lo habitual es que este sea el casero. La subvención podrá cubrir toda la prima anual de la póliza, con un tope del 5% sobre la renta anual que debe satisfacer el inquilino. Es decir, si una casa vale 600 euros al mes, la ayuda sería de hasta 360 euros (el 5% de 7.200 euros, que es lo que se pagaría por ese inmueble en un año). En principio es un límite que encaja con los precios de este tipo de seguros. Cuestión diferente es si las aseguradoras se animarán a cubrir a inquilinos de bajos ingresos y, por tanto, con un perfil de riesgo de impago más acusado. “Lo que nos está llegando es que las aseguradoras están interesadas”, afirman fuentes del Ministerio de Transportes.

La ministra Sánchez ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la medida “va a servir para que el propietario tenga la garantía del cobro de las rentas”. El Ejecutivo, ha añadido, pretende aportar “seguridad al propietario” fomentando un seguro que también “alivia al inquilino” ante situaciones de incertidumbre. La prima se suscribirá por un plazo de 12 meses (es decir, se garantizará el pago del alquiler durante un año). La ayuda podrá renovarse en plazos anuales mientras dure el plan estatal, lo que en principio está previsto hasta 2025.

Ayudas a la compra en municipios pequeños

Durante ese periodo, el plan prolongará algunas de las medidas que ya estaban en vigor en planes anteriores, aunque con una dotación superior según ha destacado la ministra de Transportes, que ha cifrado la inversión total hasta 2025 en más de 1.700 millones. Las fuentes de su departamento precisan que el presupuesto de este año se reservan 345 millones. En estos se incluyen nuevas líneas de actuación: el programa destinado a los jóvenes, por ejemplo, añade a las ayudas al alquiler (que serán compatibles con el bono), la posibilidad de obtener una subvención de hasta 10.800 euros por la compra de vivienda habitual en municipios con menos de 10.000 habitantes.

Además, un 10% de la financiación comprometida por Transportes con las comunidades (el plan se financia básicamente con fondos estatales y lo gestionan los territorios, que deben añadir otros fondos propios) deberá destinarse al programa para aumentar el parque público de viviendas. Este subvenciona la adquisición de casas por parte de las Administraciones o entidades dedicadas al alquiler social con hasta un 60% del importe de la vivienda. A cambio, el inmueble adquirido debe arrendarse a hogares de bajos ingresos por un precio no superior a 5 euros por metro cuadrado (que se irá actualizando anualmente conforme al IPC).

Otro 10% de los fondos deben reservarse a programas para poner en alquiler vivienda cedidas por la Sareb (el denominado banco malo) o captadas mediante programas para poner en mercado inmuebles vacíos. Estas ayudas servirán para subsidiar mensualmente el arrendamiento de esas casas, que deben ofrecerse en alquiler asequible por un tope variable de entre 350 y 400 euros.

El desarrollo y gestión de estas medidas depende de las comunidades, que en comisiones bilaterales con el ministerio pueden justificar que no las necesitan en atención a la realidad del mercado inmobiliario en su territorio. Lo que será ineludible, porque el plan lo declara prioritario, es desarrollar el programa de viviendas para víctimas de violencia de género e inquilinos vulnerables que son desahuciados. El plan recoge la obligatoriedad de proveer a quienes se encuentren en estas situaciones con “una vivienda de titularidad pública o privada”. Para estas últimas, se podrá ayudar a pagar hasta el 100% de la renta (con un límite de 900 euros mensuales). Y cuando no haya otra solución, se podrá recurrir a otro tipo de dotaciones residenciales (como albergues o pisos de acogida compartidos), pero el plan especifica que “se procurará que nadie viva en viviendas o soluciones habitacionales de emergencia o de transición más tiempo del necesario”.

Sobre la firma

José Luis Aranda

Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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