Agobiados por el alquiler: los desahucios por impago suben un 10% en el segundo semestre

A punto de acabar septiembre, Madrid huele a mochila nueva, o a recuperación en versión pandemia. Los contagios remiten, las restricciones en el ocio también, y hasta el miedo a besarse parece que es menor. Los problemas de vivienda, sin embargo, crecen. Los desahucios por impago de alquiler ya son un 10% más que en el primer trimestre, según los registros de actividad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), publicados el pasado miércoles. Una cifra inaudita teniendo en cuenta que sigue en vigor hasta el 31 de octubre el decreto nacional de suspensión de desahucios, que los frenaba para proteger a los más vulnerables tras la crisis del coronavirus. En la comunidad se han ejecutado ya 1.777 en lo que va de año. También han subido los desahucios hipotecarios, ya son 320: de enero a marzo, 142 familias perdieron la posesión de su vivienda, mientras que de abril a junio fueron 180.

Antes de la pandemia, en 2019, hubo 2.696 desahucios por impago de alquiler, según el CGPJ. Es decir, en lo que va de año —y pese al decreto de protección— se han desalojado ya al 65% de esa cantidad. Esto ocurre porque el decreto de suspensión no paraliza los procesos judiciales. Solo es una opción más que tiene el juez y depende de cada juzgado el pedir un informe de vulnerabilidad a los servicios sociales de las familias que no pueden pagar las rentas y admitirlo, en su caso. Y eso conduce a la paradoja de trimestre de 2021, con 847 desahucios, ha habido más que el año anterior, sin decreto: 801.

Pero la realidad sobrepasa con mucho a los tribunales. Las estadísticas no reflejan el verdadero drama de muchas familias, agobiadas por hacer frente al alquiler. Hay propietarios que se saltan la normativa aprovechándose de la nacionalidad, situación familiar o económica de los inquilinos, lo que les impide denunciarles. Otros no respetan los tiempos de los procesos judiciales y contratan empresas dedicadas a intermediar con inquilinos para el desalojo de la vivienda (conocidas como empresas “desokupas”) y que se han duplicado en pandemia en Madrid. Mediante técnicas de acoso y amenazas verbales, aceleran procesos de expulsión que no se ajustan a la ley. Según la estadística del Ministerio del Interior, más de 80 hogares han denunciado prácticas de este tipo en la región desde el comienzo del estado de alarma por la covid-19.

Víctima del acoso ‘desokupa’

Una de las personas que no denunció, pero los sufrió, fue Rosa Elvira, de 35 años. En marzo de 2020 entraban 1.500 euros en su hogar, a partir de dos sueldos: el de su marido Franklin, en la construcción, y el suyo, de cocinera, ambos sin contrato. Con ellos pagaban los 750 euros de la renta de su piso con un único cuarto, en San Sebastián de los Reyes, a la inmobiliaria Domo Gestora. En cuanto la familia comenzó a tener problemas de liquidez, tras el estallido de la pandemia, la empresa casera contrató a desokupas. El matrimonio, con tres hijos y uno más en camino entonces, que sería el tercer varón, no pudo acogerse a un ERTE o a prestaciones de desempleo, al ser ambos trabajadores en negro. Se cayeron del sistema.

“Fue un tormento”, recuerda Rosa. “Vivíamos con miedo, les dábamos lo que teníamos, pero no era suficiente y no tenían piedad”. Nunca recibieron la notificación por impago de los juzgados, pero sí a los hombres de aspecto aterrador que les hablaban tras la puerta. El primer día que llegaron, su hijo menor ya había nacido, y tenía pocos meses. “Les pedí tiempo, unos días, que me dejaran solucionarlo”.

Vivíamos con miedo, les dábamos lo que teníamos, pero no era suficiente y no tenían piedad”

Rosa Elvira, víctima de una empresa 'desokupa'

Abandonaron el piso a principios de mayo de este año. Hoy ambos trabajan ya de nuevo, aunque con mucha eventualidad, y a la espera de confirmar la regularización que ya les ha sido concedida. “Uno aguanta todo, pero los hijos no tienen por qué hacerlo”, apunta la madre. Ahora habitan en un piso con dos habitaciones, de un casero amigo de la familia que, según explica, entiende su situación. Cada mes, poco a poco y con esfuerzo, van pagando los 785 euros de la renta. Es su prioridad para vivir tranquilos.

Un fondo de inversión como casero

A Raquel Anula, de 46 años, el DNI en donde se dice que es española, le ha permitido pelear de frente y responder a burofaxes sin miedo. Desde otoño de 2020 sufre el acoso de los dueños actuales del piso en el que vive desde hace décadas, en el distrito de Hortaleza. Fue el domicilio de sus padres desde 1972, con un contrato de renta antigua, hasta 2003, cuando ya dentro de la nueva Ley de Arrendamiento Urbano, firmó ella como inquilina, haciendo de la vivienda su hogar y el de su hijo. Desde entonces, el encabezamiento de los papeles de su arrendamiento ha cambiado con cada fondo de inversión que se iba haciendo con el inmueble hasta tres veces, desde 2015 y hoy a manos de inversores particulares.

Entre abril y noviembre de 2020, en lo peor de la covid, tuvo dificultades para abonar los 572 euros mensuales que cuesta su piso, ya que su actividad como gestora laboral se frenó. Hoy ya lo ha abonado todo, y piensa seguir pagando hasta marzo de 2022, cuando termina la segunda prórroga automática derivada del decreto antidesahucios. Su sueldo actual ronda los 900 euros y, con el apoyo de redes familiares y sociales, ha conseguido no deber ni una cuota. Su preocupación viene de que, desde hace justo un año, en octubre de 2020, recibió una primer aviso de la empresa propietaria en el que le comunicaron que no querían renovar el contrato de alquiler, que finalizaba en marzo de 2021. Raquel rápidamente se acogió a la prórroga automática de seis meses contemplada en el texto gubernamental, y al extenderse en agosto pasado un semestre más su cobertura, volvió a solicitarla por escrito.

A Raquel Anula el estrés le ha traído problemas en la piel y angustia

La respuesta remite a la literalidad numérica: “Se le comunica que esta parte entiende que no procede. El mencionado Real Decreto habla de “una” prórroga y de “extraordinaria”. Entendemos por tanto que solo procede una, que es la que está disfrutando en estos momentos y que vence el 11 de septiembre de 2021″. Este diario se ha puesto en contacto con el abogado que representa a los propietarios inversores para obtener su versión, pero no ha obtenido respuesta.

En la web del Gobierno que explica el escudo social, se aclara que los contratos se podrán extender tanto como sea necesario, durante la validez del decreto, hasta el 31 de octubre. El día 12 Raquel no entregó las llaves, y está esperando una negociación para que “nadie pierda”, explica. “Ni yo el derecho de no irme de mi barrio, ni ellos su inversión”. El estrés le ha traído problemas en la piel y angustia, pero no piensa moverse de su posición, ni del que ha sido su hogar desde que nació.

Un alquiler que cuesta la mitad del sueldo

”Mi hijo me llama pesada, porque durante el camino a casa con el pequeño desde el colegio le llamo varias veces”. Lo cuenta una mujer de 42 años y vecina de San Sebastián de los Reyes, madre de dos hijos de 7 y 13 años, a los que no puede cuidar por el trabajo. Se apañan con táperes y llamadas insistentes de mamá gallina. “Mañana doblo turno, y no les voy a ver desde las siete de la mañana y hasta por la noche”, cuenta. La vigilancia, que para el menor es excesiva y para el resto de mortales no tanto, también tiene que ver con que la familia escapó de un matrimonio de abusos y maltrato hace siete años, cuando se hizo cargo del futuro de los menores ella sola. Esta es la razón también de que haya preferido no dar su nombre. Fue entonces cuando entró en el piso de alquiler en el que está viviendo. Consiguió una ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, de 1.500 euros, por ser víctima de violencia machista. “Me lo dieron porque fui con la cara llena de moratones a pedirlo”, recuerda. “Nunca más he conseguido ninguna ayuda, por mucho que digan que hay apoyo”.

Yo lo que quiero es poder pagar un alquiler normal, sin pasarlo mal con mis hijos”

Una mujer maltratada

Ella lidia también con problemas de alquiler. Para empezar, el precio. Los 530 euros a los que hace frente con su sueldo actual, que no llega a 1.000 euros, más lo que recibe por la manutención de 300 por los dos hijos, los trabajos de peluquería que hace por el barrio, limpieza de portales y subarriendo de una habitación a un familiar. “Si me retraso un día en el pago, ya me está llamando el dueño”, dice. Sus problemas no terminan aquí, ya que tras siete años, ella ha asumido varios arreglos en el piso, en un edificio antiguo sin calefacción y con problemas de condensación en la habitación de los niños. El casero pretende ahora que lo abandonen, sin asumir la rehabilitación. Le amenaza con mensajes del tipo “yo pago a unos rumanos y te vas a la puta calle”. Ella le ha denunciado al Ayuntamiento. “Es cierto que a la policía no”, reflexiona. Hasta 10 veces ha solicitado ayuda para un hogar a los Servicios Sociales. Lo más que le han ofrecido es un albergue puntual, cuando se separó. “Yo lo que quiero es poder pagar un alquiler normal, sin pasarlo mal con mis hijos”, remarca.

El trampantojo, o datos falseados, de ocupaciones y familias que no pagan alquiler

Mujer, mujer… y mujer. Rosa Elvira, Raquel y Alejandra son tres ejemplos de abusos de inmobiliarias, fondos de inversión y propietarios particulares, acoso de 'desokupas', incumplimientos de normativa y hogares insalubres que, siendo graves problemas en el mercado de la vivienda de alquiler, no aparecen en las estadísticas de desahucios, en las que tampoco se refleja el elevadísimo nivel de feminización de quien lidia cada día con ellos.

Esta verdad oculta sobre el género que predomina en los hogares con dificultades en el mercado de vivienda de alquiler convive con el trampantojo que se lleva dibujando años: el del aumento descontrolado casos de usurpación, allanamiento, denuncias de ocupación o impago de rentas en la región. Para poder hablar de ellos, para poder hacer el gráfico, ha sido necesario forzar en los cálculos la presencia de varios decimales, o todos los porcentajes sobre el total de viviendas serían iguales a cero. Sirvan como ejemplo el 0,0501% de hechos conocidos de ocupación ilegal, o 0,0413% del impago de rentas, ambas cifras de 2020, en lo peor de la pandemia.

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