Leyendo de pie
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Tarazona

El director general de la ONG Fundaredes es, desde julio de 2021, uno de los 240 presos políticos en la Venezuela de Nicolás Maduro

El activista Javier Tarazona, en Falcón, Venezuela, el pasado julio.
El activista Javier Tarazona, en Falcón, Venezuela, el pasado julio.RR. SS.

El doctor Javier Tarazona preside Fundaredes, una muy respetada ONG venezolana que desde hace más de dos décadas se ocupa en la defensa de los derechos humanos.

La organización que dirige Tarazona se extiende por casi todos los Estados de la nación y pone énfasis en la educación ciudadana desde los niveles más tempranos de escolaridad. Ello traduce el interés primordial de Tarazona, doctorado en Educación, autor, académico, activista social y conferencista de brillo internacional. Desde julio del año pasado, Tarazona es uno más de los 240 presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro.

Ninguno de ellos ha gozado jamás de garantías procesales desde el momento de su detención, mucho menos de condiciones humanitarias para su reclusión; en la mayoría de los casos, se les ha privado de libertad por tiempo indefinido, sin imputarles delito alguno salvo el temible—por vago e impreciso— de “traición a la patria”, tan del gusto de nuestros militares. El derecho a designar abogados de confianza, el derecho a visitas familiares y a la atención médica oportuna, todo le es negado al preso político venezolano.

Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir.
Suscríbete aquí

En el caso del doctor Tarazona, luego de su arbitraria detención, como decía, en julio pasado, transcurrieron seis meses antes de que fuese presentado al tribunal que, ya en vísperas de Navidad, le imputó las consabidas vaguedades de uso múltiple en Cuba, Venezuela y Nicaragua: “terrorismo, instigación al odio y traición a la patria”.

Tarazona y dos de sus colaboradores fueron apresados por los esbirros de los servicios de inteligencia de Maduro justo cuando, ante una fiscalía estatal, denunciaban formalmente el acoso policial al que, con muy creíble amenaza contra sus vidas y las de sus familiares, estaban siendo sometidos.

La situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido ya más que suficientemente examinada por organismos internacionales de imparcial competencia e indiscutible autoridad. El régimen ha hecho sentir, una y otra vez, su desdén por la opinión internacional. Una de sus víctimas más conspicuas fue el capitán de corbeta Rafael Acosta, quien murió en 2019 a consecuencias de las bárbaras torturas a que fue sometido en cautiverio.

El capitán Acosta, opositor del régimen, fue presentado a un tribunal, en alarmante condiciones de maltrato físico, por los mismos esbirros de la Inteligencia Militar que lo apresaron y mantenían detenido.

Le resultó imposible a Acosta tenerse en pie, y al serle preguntado por el juez si había sido objeto de torturas, apenas alcanzó a asentir antes de desvanecerse. Murió al cabo de pocas horas, literalmente al tiempo que la Alta Comisionada de ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, arribaba al país para una inspección sistemáticamente obstaculizada desde entonces.

El delito de Tarazona y sus colaboradores fue denunciar en boletines de prensa múltiples delitos de lesa humanidad contra la población del Estado Apure, fronteriza con Colombia. Esos delitos incluyen la ejecución extrajudicial de toda una familia apureña a manos de efectivos militares venezolanos.

Es allí, en el Estado Apure, donde desde hace mucho más de un año, Tarazona venía advirtiendo acerca de la indefensión de los pobladores, víctimas civiles del rabioso conflicto armado entre las llamadas “disidencias” de las antiguas FARC colombianas, el también colombiano ELN y facciones delictivas de las Fuerzas Armadas venezolanas.

Tarazona ha sido siempre un paladín de los miles de desplazados por la violencia fronteriza y un insobornable denunciador de la criminalidad que la pugna por el control del territorio y los negocios del narcotráfico y la minería ilegal ha hecho del Ejército venezolano el mejor aliado de al menos una de las organizaciones delictivas en pugna.

Hombre de salud frágil—en verdad, muy frágil—, Tarazona corre, en opinión de sus médicos, hoy arbitrariamente impedidos de auxiliarle, grave peligro de morir en cautiverio. Esto no sería una novedad en Venezuela: fue escalofriante la calculada indolencia médica que rodeó la muerte del general Elías Baduel, otro preso político del régimen. Ocurrió el pasado mes de octubre, sin que se le brindase el menor auxilio.

No existe causa legítima alguna, salvo la indeclinable disposición a servir a los suyos, por la que el doctor Tarazona deba permanecer en prisión con riesgo cierto de su vida. La saña de los militares venezolanos contra él y sus colaboradores los acusa inequívocamente de sus faltas al deber de defender con pundonor la soberanía de Venezuela.

Javier Tarazona es un preso de conciencia y debe ser puesto inmediatamente en libertad.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS