Para una disputa serena

La Comisión Europea ha completado su propuesta de taxonomía verde, estableciendo los criterios técnicos bajo los cuales las inversiones en gas natural y energía nuclear pueden considerarse sostenibles. La clasificación va a tener un importante efecto de arrastre al servir como referencia tanto para bancos, como para inversores privados y públicos, como para los fondos europeos de recuperación.

El debate ha revelado profundas diferencias en el seno de la Unión: por un lado, una docena de países encabezados por Francia ha apostado por la inclusión de la tecnología nuclear. Por otro, Alemania, Grecia o Rumania han defendido el rol del gas natural como combustible de transición. España, junto a Austria y Luxemburgo, se ha desmarcado de estas posiciones. La Comisión, bajo criterios técnicos y temporales, las ha admitido en una primera propuesta sometida a debate, pero queda por delante una fuerte polémica.

La posición del Gobierno español a la propuesta de la Comisión es coherente con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que marca las líneas de la política energética en España. No obstante, la necesaria transición exige abordar también el debate de los ritmos y los tiempos, lo que lleva inevitablemente a valorar las alternativas existentes y examinar todas sus consecuencias. Nadie cuestiona hoy que el mix energético actual tendrá que seguir contando durante un tiempo con el gas y la nuclear como energías de transición. Lo contrario sería suponer que las renovables cubren ya todas las necesidades y están plenamente implantadas, algo a todas luces irreal. De hecho, el debate que abre la Comisión no alude tanto a la existencia a corto plazo de estas energías —cuestión que queda en el ámbito de cada Estado— sino a su consideración como “verdes”, lo que les daría acceso a financiación específica, que se detraería de otras energías.

La seriedad de la amenaza climática y la envergadura y complejidad de la transición ecológica exigen adoptar diferentes medidas a corto y medio plazo sin rehuir debate alguno. Ahora bien, las medidas que se tomen con la mirada puesta en el corto plazo no pueden ser contraproducentes con el objetivo a largo, que no es otro que el de la descarbonización de la economía y la neutralidad climática en busca de la sostenibilidad. De ahí que, si es necesario apoyar al gas o a la energía nuclear como energías de transición en los próximos años, esto no deba hacerse detrayendo recursos necesarios para el desarrollo ambicioso de las energías renovables, riesgo en que se incurriría si finalmente estas energías fueran incluidas en la taxonomía como “verdes”.

Por otro lado, Europa se juega su posición de liderazgo en esta materia. Las circunstancias especiales de Francia, con un 70% de la electricidad nuclear, o de Alemania, aún dependiente del gas y en tránsito hacia las renovables, no debería echar por tierra el liderazgo mundial que la Unión ha adquirido en la sostenibilidad, algo que quedaría seriamente dañado si finalmente estas energías tienen la calificación de “verdes”.

Si la Comisión considera que la energía nuclear y el gas necesitan apoyo como energías de transición puede disponer de otros instrumentos que no mermen la financiación de las renovables ni comprometan la credibilidad de la taxonomía, elemento clave del Pacto Verde Europeo.

Tanto en la posición de los países alineados en torno a Alemania, como en los que apoyan a Francia, late una preocupación por la competitividad de sus respectivos sectores industriales, lastrada por los incrementos de los precios energéticos y de las materias primas, así como por su impacto en los consumidores finales. Todo ello obliga a un debate sereno para buscar alternativas, y a valorar los ritmos de la transición, pero sin que el corto plazo suponga cambiar el rumbo de adónde se quiere llegar.